El Gobierno trata de tapar la corrupción con una reforma de la Constitución sobre el aborto

El Gobierno ha aprobado blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del PP de que no apoyará esta reforma constitucional que necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Carga Magna tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado que ve «constitucional» la propuesta del Ejecutivo de reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva.

Esta reforma, que requiere mayorías de tres quintos en el Parlamento, se impulsa porque el Ejecutivo quiere «proteger» el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y «reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional».

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección «frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco».

«No está en riesgo la libertad de las mujeres pero sí el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional», ha puntualizado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha puntualizado que el 79% de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20% en centros públicos.

«Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional porque la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública en la cartera básica de servicios de la sanidad pública es lo que está en riesgo», ha incidido la ministra.

Redondo ha recalcado que se trata de una reforma constitucional por el procedimiento ordinario y ha recordado que si no consigue la mayoría cualificada en el Parlamento cabría la posibilidad de la configuración de una comisión paritaria Congreso y Senado que volvería a redactar y a proponer un texto que sería votado nuevamente, siendo suficientes en este caso con los dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado. No obstante, esta reforma requeriría del voto favorable del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

La ministra de Igualdad ha confiado en que todos los partidos políticos, y también el PP, «estén a la altura» de lo que solicita «una inmensa mayoría que avala la interrupción voluntaria del embarazo» y ha recordado que en esta legislatura ya se ha modificado dos veces la Constitución y «damos hoy el primer paso, que es presentar este texto, validado por el Consejo de Estado».

«Una vez pasado este Rubicón hablaremos con el PP y con las distintas comunidades autónomas y buscaremos el mayor consenso posible», ha aseverado pese a reconocer que la tramitación parlamentaria «se presenta compleja». «Daremos la batalla porque los derechos de las mujeres no estén en riesgo», ha reiterado.

La propuesta de reforma del artículo 43 introduce el punto 4 para señalar que: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias». Redondo también ha afirmado que esta reforma constitucional también reforzará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que pretende «blindar derechos fundamentales de las mujeres».