Los independentistas Sànchez y Turull anuncian una huelga de hambre indefinida

El expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el también diputado de esta formación y exconseller Jordi Turull han comunicado a la dirección del centro penitenciario de Lledoners (Barcelona), donde se encuentran a la espera de juicio, su intención de iniciar una huelga de hambre indefinida para denunciar el «bloqueo» del Tribunal Constitucional (TC) a sus recursos de amparo que les impide «acceder a la justicia europea».

Así lo han anunciado en un comunicado que han hecho público Jordi Pina, abogado de ambos dirigentes, y el doctor Jaume Padrós, exdiputado y actual presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, quien ha encargado la constitución de una comisión médica de expertos para supervisar dicha acción de protesta.

«Denunciamos el bloqueo a la justicia europea que el TC nos impone. Y lo hacemos con toda la fuerza y dignidad de una acción amparada en la no violencia, una de las pocas protestas legítimas que el hecho de estar encarcelados nos permite: la huelga de hambre», dicen Sànchez y Turull.

El bloqueo al que se refieren reside, según ambos, en que el Constitucional ha admitido a trámite «el cien por cien» de sus escritos de amparo, un total de ocho, para posteriormente «no resolver ninguno» de ellos  y «olvidarlos en un cajón«.

Se trata, añaden, de una «demora injustificada» que choca con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina del Alto Tribunal, en relación a que «los recursos contra los escritos de prisión provisional deben gozar de una tramitación preferente y se han de resolver en un plazo máximo de 30 días«.

«No pedimos ningún trato de favor al Constitucional, pero tampoco aceptamos pasivamente ninguna discriminación ni dilación injustificada. La cuestión ni tan solo es que dictaminen a nuestro favor, sino que simplemente desbloqueen, inadmitiendo o desestimando, los recursos presentados», añaden ambos presos preventivos en el texto.

La decisión de los dos procesados se enmarca dentro de una serie de protestas de los independentistas presos con el objetivo de mantener e incrementar la presencia internacional de sus reivindicaciones, según ha explicado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

Los independentistas presos quieren denunciar su situación y exigir al Tribunal Constitucional que conteste a sus recursos, con el fin de que, si son desestimados, puedan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El problema, indican Turull y Sànchez, es que cuanto más se retrase su acceso a este tribunal, «más se retrasará la recuperación de nuestra libertad».

Tras recordar que «el acceso a los tribunales sin dilaciones ni trabas innecesarias es un derecho que toda persona tiene», concluyen pidiendo la «atención y apoyo de todas las personas demócratas de Cataluña, España, Europa y el mundo«, al tiempo que reclaman que la huelga de hambre «no altere el espíritu ni las celebraciones» en Navidad y Fin de Año.

Estado de derecho

El Gobierno, tras conocer el anuncio de la huelga de hambre, ha recordado a los dirigentes independentistas que Turull y Sànchez «van a tener un juicio justo«, como el resto de los políticos catalanes procesados y como todos los ciudadanos sometidos a la ley y protegidos por las leyes, según fuentes del Ejecutivo citadas por Efe.

«Como todos los ciudadanos sometidos a la ley y protegidos por las leyes, en nuestro Estado de derecho los dirigentes independentistas van a tener un juicio justo», han recalcado las fuentes.

También han hecho hincapié en que el Poder Judicial «es independiente y se hará justicia». «Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la Justicia es la única que puede dictar sentencias», han apostillado las citadas fuentes.

Unas declaraciones corroboradas por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha subrayado que «estamos en un Estado de derecho y se pueden respetar las decisiones personales, pero todos somos iguales ante la ley y contamos con las garantías de la Justicia de un Estado de derecho como España».

Calvo ha recordado que el Gobierno «no toma ninguna decisión al respecto» porque los reclusos catalanes están «en el ámbito de otro poder que es el judicial«, y ha insistido en que «contarán con las garantías que todos los ciudadanos tienen, sea cual sea su situación, independientemente de las decisiones personales que adopten».