Dimite la directora encargada de aplicar el 25% del castellano en las escuelas

La directora general de Currículum y Personalización del Departamento de Educación de la Generalitat, Maite Aymerich, ha anunciado este lunes en sus redes sociales que deja su cargo, responsable de aplicar el 25% del castellano en las escuelas catalanas, para centrarse en la política local.

Aymerich, pedagoga, de 57 años, que ocupaba el cargo en la Conselleria de Educación responsable de aplicar el 25 % de las clases en castellano, ha afirmado en un vídeo colgado en las redes sociales que su etapa en la Generalitat le ha permitido enfrentarse «a grandes retos profesionales y a contribuir a la transformación educativa de este país» y que dimitir «no ha sido una decisión fácil».

Según ha explicado, cierra su etapa de directora general para dedicarse «con todas las energías a Sant Vicenç dels Horts«, con el objetivo de convertirlo «en un municipio de primera» y, aunque no lo anuncia, podría ser la cabeza de lista de su partido, ERC, en las próximas elecciones municipales en este municipio del Baix Llobregat, en 2023.

 Aymerich ya fue alcaldesa de la localidad entre 2015 y 2019, después de que Oriol Junqueras presentara su renuncia para dedicarse a la política catalana.

Fuentes de Educación han asegurado a Efe que la dimisión de Aymerich no tiene nada que ver con la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un 25% de clases en castellano, que era una decisión que ya tenía tomada antes de la última sentencia conocida del Supremo y que mañana anunciarán quién toma su relevo en la Conselleria de Educación.

Desobediencia del Govern

La ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que establece un mínimo de 25% de clases en castellano en las escuelas públicas de la región puede tener consecuencias fuera del ámbito educativo. El hecho de que el conseller de Educación, Josep González-Cambray, remitiera una carta a los directores de los centros educativos para que no cambien su proyecto lingüístico docente vulnera los criterios de la Unión Europea para acceder a los fondos Next Generation EU.

El Parlamento Europeo aprobó en el pleno del 16 de diciembre de 2020 un acuerdo, alcanzado junto al Consejo, por el que se establecía un mecanismo que permite la suspensión o reducción de fondos europeos cuando se produzcan violaciones del Estado de derecho en los países miembros. Aunque este artículo estaba orientado inicialmente hacia países como Polonia y Hungría, estas medidas son extensibles al resto de países como España.

En especial, cuando existe una prueba explícita como es la misiva de un representante público alentando a incumplir una sentencia en firme y en un contexto en el que la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo ya solicitó hasta en dos ocasiones a la Generalitat y al Gobierno información sobre la situación de los niños castellanohablantes que quieren educarse en su lengua materna. 

Ante estos antecedentes, y según ha podido saber THE OBJECTIVE, la Asamblea por la Escuela Bilingüe estudia llevar la carta de Cambray ante la Comisión Europea, al considerar que la posición del Govern en materia educativa atenta contra el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europeo, relativo a garantizar «los derechos humanos el imperio de la ley» en todos su estados miembros. 

El artículo en cuestión recoge la posibilidad de sancionar a España o cualquier otro estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como los derechos humanos o el imperio de la ley y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo. Antes de sancionar, sin embargo, la Comisión abre una vía de diálogo con el país para intentar resolver la cuestión.