El TC admite a trámite el recurso de una joven que acusó a un fiscal por delito sexual

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por una joven de Jaén que en 2009, cuando era menor de edad, denunció haber sido víctima de un delito contra la libertad sexual por parte del fiscal anticorrupción José Grinda. Un caso sobreseído provisionalmente en 2013 «al no estar debidamente acreditada la comisión de los hechos denunciados» como consecuencia del «desconocimiento de la edad de la víctima por parte del investigado». El asunto fue archivado en 2017 de forma definitiva al considerarse prescrito el delito y el fiscal quedó exonerado.

El TC, que solo admite el 3,1% de los recursos de amparo presentados según su ‘Memoria de 2020’, ha aceptado analizar ahora el caso al apreciar «que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina». Así consta en el escrito de admisión a trámite de la Sección Tercera de la Sala Segunda del TC, al que ha tenido THE OBJECTIVE. Fechado el 4 de octubre, el documento está firmado por tres magistrados: el actual presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol Ríos; y la exvicepresidenta Encarnación Roca Sánchez. 

En su recurso de amparo, la joven denuncia que ha sido vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución), y que por tanto se encuentra en una situación de indefensión. El motivo es que la Audiencia Provincial de Jaén y el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá la Real (Jaén), que llevó la instrucción, le han denegado el acceso al expediente completo de la investigación contra el fiscal. En un escrito, el Ministerio Público argumentó que existían «riesgos» de que las copias de las actuaciones terminasen siendo divulgadas «con el propósito» de lesionar «la dignidad» del fiscal por unos hechos de los que ha sido exonerado. 

Y es que en el año 2015, la Asociación Transparencia y Justicia, dirigida en la sombra por el excomisario José Manuel Villarejo -según la Fiscalía-, solicitó personarse como acusación particular en el caso. La petición fue denegada por la Audiencia Provincial de Jaén debido a que la investigación había sido sobreseída.

Fuentes cercanas al fiscal enmarcan el recurso de amparo en un nuevo intento por desprestigiar la imagen de Grinda y sospechan que personas con intereses ajenos a esta causa, y distintas de Villarejo, están financiando la defensa de la joven en su intento por reabrir el caso.

Vídeos de «contenido pornográfico»

Los hechos se remontan al año 2009. La madre de la chica, que entonces tenía quince años, denunció ante la Guardia Civil que su hija «había establecido contacto con una persona por Internet, a través de Messenger, quien por medio de una cámara le había mostrado vídeos de contenido pornográfico y le había pedido que se desnudara».

La identidad del individuo era desconocida en el momento de la denuncia, pero uno de los vídeos incorporados en la causa mostraba su cara, de acuerdo a un atestado de la Guardia Civil de febrero de 2009. El juzgado de Alcalá la Real inició diligencias previas. La Fiscalía se opuso a procesar a Grinda «al no estar debidamente acreditada la comisión de los hechos denunciados» como consecuencia del «desconocimiento de la edad de la víctima por parte del investigado». 

Durante la instrucción, la defensa del fiscal aportó documentos para demostrar que la joven, en sus perfiles de redes sociales, decía tener 21 años cuando se produjeron los hechos, según fuentes cercanas al caso. En el transcurso de la investigación, y siendo ya mayor de edad, la joven prestó declaración ante el juzgado de instrucción pero rechazó personarse como acusación. Por esto último, el Ministerio Público y la Audiencia Provincial de Jaén rechazan el «interés legítimo» alegado ahora por la denunciante para solicitar el expediente completo de la instrucción.

Carpetazo a la investigación

Los abogados de la chica, que ahora de tiene 29 años, aseguran nunca les fue notificado el auto de sobreseimiento provisional de la investigación en 2013 pese a ser la víctima. Según el recurso de amparo admitido por el tribunal de garantías, tampoco les fue notificada la resolución de julio de 2017 por la que se acordaba dar carpetazo definitivo a las pesquisas con el argumento de que el delito denunciado había prescrito. 

En un auto del 31 de marzo de 2020, la Audiencia Provincial de Jaén -en concordancia con la petición de la Fiscalía- denegó a la joven el acceso al expediente completo de la investigación para «salvaguardar los derechos a la intimidad, honor y propia imagen del que fuera en su día investigado».

«Es inconcebible que el auto», señala ahora la defensa de la joven en su solicitud de amparo, «diga que hay que salvaguardar la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen del investigado, poniendo estos derechos por encima de los derechos de la víctima del presunto delito contra la libertad sexual, delito de especial gravedad y que afectaba cuando se denunció a una menor de 15 años».

Además de la legitimación e interés directo que tiene por ese «carácter de víctima del delito», la joven expresa en su recurso al TC su «interés en evaluar la posibilidad del ejercicio de acciones civiles contra el investigado». Antes de que el tribunal de garantías admitiese a trámite el recurso de amparo, concretamente el 23 de octubre de 2020, la defensa de la joven presentó una demanda de conciliación en la que solicitaba al fiscal una indemnización de 30.000 euros por daños y perjuicios. Fuentes cercanas al representante del Ministerio Público afirman que este nunca recibió la mencionada demanda.

Villarejo y Grinda

El pasado mes de septiembre, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encargada de la investigación del caso Tándem remitió al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un informe que implica a Villarejo en una presunta trama para chantajear o presionar a Grinda con «acusaciones de pedofilia», según avanzó El Confidencial. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía sospechan que detrás de este último intento ante el TC están otras personas. 

Además de la operación Emperador, en la que se investigaron presuntos vínculos de diversos policías con la mafia china liderada por Gao Ping, Grinda ha llevado diversas causas como el caso del cobro de comisiones del 3% en Cataluña o la detención del expresidente del PRI mexicano Humberto Moreira en Madrid por presuntos vínculos con el cártel de Los Zetas, entre otras.

El pasado mes de marzo solicitó amparo a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la «campaña de acoso judicial y extrajudicial» que ha sufrido durante meses, desde el momento en que asumió la causa contra una organización criminal rusa liderada por Ilia Traber, al que se imputan desde 2007 presuntos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y contra la Hacienda Pública. En su escrito, el fiscal recordaba que en 2018 un informe de la Guardia Civil apuntaba a que Traber habría tomado la decisión de atentar contra su vida. 

Grinda, además, ha participado en la causa por el presunto saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA por parte de varios exaltos cargos chavistas, entre ellos el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, por delitos de blanqueo de capitales respecto a «fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela».