Portazo del juez a Gao Ping: considera un «abuso» que pida traducir al chino su acusación
El magistrado ha rechazado la petición del cabecilla del ‘caso Emperador’ al entender que se trata de una maniobra con «ánimo meramente dilatorio»
El empresario chino Gao Ping, presunto cabecilla del 'caso Emperador' | Reuters
«Abuso de derecho y fraude de ley con ánimo meramente dilatorio». Así ha calificado el juez del caso Emperador, José Luis Calama, la petición del empresario chino Gao Ping y su esposa de traducir al idioma chino los escritos de acusación y el auto de apertura de juicio oral. El cabecilla de la presunta trama criminal dedicada al blanqueo de capitales –un total de 107 personas se sentarán en el banquillo de los acusados– había solicitado al magistrado instructor que se suspendieran los plazos para la interposición de recursos mientras se procedía a la traducción de los documentos.
En una providencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de traducción al idioma chino efectuada por Gao Ping y Lizhen Yang. Entiende que se trata de una maniobra que busca retrasar la celebración del macrojuicio en un caso cuya investigación inició hace diez años. «No puede ser calificado sino como abuso de derecho y fraude de Ley, con ánimo meramente dilatorio», indica el juez.
«Ambos acusados han sido parte en la presente causa desde su detención en el año 2012, sin que se hayan solicitado hasta el día de hoy la traducción de resolución alguna. Entre ellas resoluciones tan significativas como el auto que decretó la prisión de Gao Ping (20.10.2012), la libertad provisional con medidas cautelares de Lizhen Yang, o el auto que acordó el encausamiento de ambos», añade el magistrado.
La petición de Gao Ping
En un escrito fechado el 15 de febrero, la abogada de Gao Ping y Lizhen Yang había apelado al artículo 123.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese precepto legal reconoce el derecho de los acusados que no hablen o entiendan el castellano a que se traduzcan aquellos «documentos que resulten esenciales para garantizar el ejercicio del derecho de defensa». «Deberán ser traducidos, en todo caso, las resoluciones que acuerden la prisión del imputado, el escrito de acusación y la sentencia», señala la mencionada ley.
«El incumplimiento de lo previsto en este precepto legal, supondría una gravísima quiebra del derecho de defensa que podría tener repercusiones futuras en cuanto al resto del procedimiento», indicaba en su escrito la abogada del matrimonio chino. «Es imposible garantizar el derecho de defensa si no existe seguridad del conocimiento pleno por parte del acusado de que la acción penal se dirige contra él», añade.
Sin salir de España desde 2012
Sin embargo, el juez ha rechazado la petición del presunto cabecilla del caso Emperador conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «Los juzgados y tribunales rechazarán fundamentalmente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley». Además, en su respuesta al escrito de Gao Ping y su esposa, Calama recuerda que a ambos acusados se les retiró el pasaporte en 2012 y tienen prohibido salir del territorio nacional desde entonces. «Consiguientemente llevan residiendo en España, al menos, desde el referido año», concluye.
El magistrado dictó a mediados de febrero un auto de apertura de juicio oral contra Gao Ping y otras 106 personas, incluido el actor porno Nacho Vidal, investigadas en el llamado caso Emperador. Se les atribuye una «actividad sistemática» de fraude fiscal y blanqueo de capitales que habrían desarrollado entre 2010 y 2012 a través de una macroorganización criminal liderada por el empresario chino. Además, el magistrado ha impuesto un total de 4.460 millones en multas a los 107 acusados.
47 años de cárcel y 103 millones en multas
La Fiscalía Anticorrupción pide para Gao Ping 47 años de prisión y 103 millones de euros en multas por delitos de organización criminal, cohecho activo, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Para su esposa, Lizhen Yang, solicita 30 años de cárcel y otros 103 millones de euros. El Ministerio Público considera que la mujer del cabecilla del caso Emperador «se encargaba de forma directa de la gestión y la administración de las múltiples sociedades que integraban la estructura económica dirigida por Gao Ping».
Dicha organización, según el magistrado, estaba «compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito» era «una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros». Todo ello, «confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas».
