Dos juristas españoles denuncian ante la UE el 'asedio' del Gobierno al Tribunal Supremo

Intentan tumbar la ley impulsada por el Gobierno que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos para cubrir las vacantes de magistrados en el Tribunal Supremo desde hace un año. Y para ello han interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea. Entienden que esa reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada en marzo de 2021, está «provocando un gravísimo colapso en la impartición de la Justicia» y alertan de que la situación «resulta especialmente grave» en el alto tribunal.

«Si no se corrige esa continuada situación, el derrumbe y desplome de toda la función judicial es, como advertimos ya, la crónica del desfallecimiento anunciado del Estado de Derecho en el Reino de España». Así de tajantes se muestran en su denuncia José Eugenio Soriano García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y el abogado Isaac Ibáñez. Piden a la Comisión Europea la apertura del procedimiento de infracción previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE para actuar contra países donde la calidad democrática puede estar amenazada, como ha ocurrido en los casos de Polonia y Hungría, por las intromisiones del poder ejecutivo en las funciones del judicial.

El objeto de su denuncia es la ley impulsada por el Gobierno para impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos mientras el mandato de sus vocales esté caducado. Una medida con la que Moncloa pretendía presionar al PP para pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace tres años. Un año después de aprobarse la ley que maniata al CGPJ, no hay acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los y muchos tribunales, particularmente el Supremo, empiezan a sufrir las consecuencias.

«Se impuso legalmente un atroz declive del número de Jueces y Magistrados, entrando así la función judicial y con ello la impartición de justicia en el Reino de España, en situación de eclipse, parcial de momento, que aumenta día a día», señalan Soriano e Ibáñez en su denuncia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En el escrito, enviado este viernes a Bruselas, advierten que la reforma que maniata al CGPJ ha colocado al Estado de Derecho en una situación de «claudicación obligada, al deprimir por completo las posibilidades de ejercicio normal de la función jurisdiccional».

Colapso del Tribunal Supremo

Los demandantes exponen que, al «guillotinar» los nombramientos del CGPJ, el Ejecutivo ha provocado un «gravísimo colapso» en el funcionamiento de la Justicia y ha puesto en riesgo el derecho de los ciudadanos a obtener una tutela judicial efectiva ante la incapacidad de cubrir las plazas vacantes de magistrados. «Dada la situación habitual de jubilaciones y eventuales decesos, los tribunales de justicia ven cercenadas, cada vez más, su composición. Y con ello no pueden, literalmente, atender a los asuntos que ingresan en sus tribunales, provocando un gravísimo colapso en la impartición de la Justicia», añaden.

En su denuncia, Ibáñez y Soriano ponen el foco en la situación «especialmente grave» en la que se encuentra el Tribunal Supremo. Con doce vacantes por cubrir, y ante la inminente jubilación de otros dos magistrados, el alto tribunal advirtió recientemente que su Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) se encuentra en una situación «límite».Y no solo por las vacantes que quedan por cubrir, sino por las miles de denuncias y reclamaciones contra las restricciones impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la pandemia. El Tribunal Supremo estima que se dictarán 1.000 sentencias menos al año si no se ocupan las plazas de magistrados pendientes de cubrir.

En el escrito enviado a la Comisión Europea, Soriano e Ibáñez destacan que la ministra de Justicia, Pilar Llop, dio largas a la petición de «medidas urgentes» que los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y su presidente, Carlos Lesmes, le plantearon durante una reunión el pasado martes para evitar el colapso del alto tribunal. Llop condicionó la adopción de medidas a la elaboración de un informe para determinar cuáles de las necesidades del Supremo son fruto del aumento de la litigiosidad y cuáles son debidas al bloqueo en la renovación del CGPJ. A juicio de Ibáñez y Soriano, la ministra «despreció la necesidad de recuperar el normal funcionamiento de la institución judicial».

Piden un procedimiento de infracción

En su denuncia, Soriano e Ibáñez recuerdan que la «rápida intervención» de la Comisión Europea en 2020 hizo que el Gobierno diese marcha atrás en su intento de cambiar la ley para que el CGPJ pudiese ser renovado por mayoría no cualificada en el Congreso de los Diputados. «La rápida intervención, incluso meramente declarativa, de la Comisión, bastó para impedir que dicho atentado al control sobre el Poder Judicial se parase inmediatamente», indica la demanda.

Por eso insisten en la apertura de un procedimiento de infracción contemplado en el artículo 7 del Tratado de la UE. «Estamos seguros de que la simple apertura del procedimiento, sin necesidad de ultimarlo, permitirá corregir esta peligrosa, ardua y grave situación del Estado de Derecho en España y que con ello, la Comisión y demás Instituciones europeas, lograrán una consolidación imprescindible del mismo en todos los Estados Miembros», afirma la denuncia.

El Tribunal Supremo estima que se dictarán 1.000 sentencias menos al año si no se ocupan las plazas de magistrados pendientes de cubrir

En abril de 2021, las asociaciones de jueces denunciaron ante la Comisión Europea la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos. El comisario de Justicia, Didier Reynders, dio por buena la ley impulsada por Moncloa como medida «temporal» y descartó abrir un proceso de infracción contra España. No obstante, advirtió que esta era una solución «insuficiente» y recalcó que es necesaria «una reforma estructural» pactada entre Gobierno y oposición para que la mayoría de los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces.

«Entonces Reynders señaló que era demasiado pronto para evaluar el impacto de esta reforma sobre el funcionamiento de la Justicia, pero ahora ya se están empezando a ver los efectos», explica José Eugenio Soriano, catedrático de Derecho Administrativo de la UCM, en declaraciones a este diario. «Además de una invasión flagrante de la separación de poderes, esta situación puede hacer que se retrasen durante años las resoluciones judiciales. Lo que está en juego es el derecho de los ciudadanos a una administración efectiva de la Justicia», añade.