El juez del 'caso Emperador' rectifica y accede a traducir al chino la acusación de Gao Pin
Un total de 107 personas se sentarán en el banquillo, acusados formar parte de una macroorganización criminal dedicada al blanqueo de capitales
El empresario chino Gao Ping, presunto cabecilla del 'caso Emperador' | Reuters
El juez del caso Emperador, José Luis Calama, finalmente ha accedido a traducir al idioma chino los escritos de acusación y el auto de apertura del que será uno de los mayores juicios celebrados en la Audiencia Nacional. Solo tres días antes, el magistrado había rechazado la solicitud de traducción efectuada por el empresario chino Gao Ping, presunto cabecilla de la trama. Un total de 107 personas se sentarán en el banquillo, acusados formar parte de una macroorganización criminal dedicada al blanqueo sistemático de capitales liderada por el empresario chino.
En una providencia fechada el pasado 24 de febrero, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el titular del Juzgado de Instrucción Central número 4 de la Audiencia Nacional ha accedido a la traducción solicitada por tres de los encausados de nacionalidad china. Se trata de Xiaoshuang Zhu, Shuai Wang y Lin Yao, acusados de delitos de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. La traducción se notificará al resto de acusados, incluido Gao Ping.
Tan solo tres días antes, el magistrado había calificado como «abuso de derecho y fraude de ley, con ánimo meramente dilatorio», la solicitud de Gao Ping y su esposa, Lizhen Yang, de traducir los mismos documentos. El juez entendía que se trataba de una maniobra que buscaba retrasar la celebración del macrojuicio de un caso cuya investigación inició hace diez años. A diferencia de los otros tres encausados, Gao Ping y su mujer también pedían al magistrado instructor que se suspendieran los plazos para la interposición de recursos mientras se procedía a la traducción de los documentos.
Gao Ping acabará consiguiendo la traducción tras aceptar el juez la medida solicitada por Zhu, Wang y Yao. Igual que el presunto líder de la trama y su esposa, los tres acusados habían apelado al artículo 123.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese precepto legal reconoce el derecho de los acusados que no hablen o entiendan el castellano a que se traduzcan aquellos «documentos que resulten esenciales para garantizar el ejercicio del derecho de defensa». «Deberán ser traducidos, en todo caso, las resoluciones que acuerden la prisión del imputado, el escrito de acusación y la sentencia», señala la mencionada ley.
Maniobra dilatoria de Gao Ping
En el caso de Gao Ping y su esposa, el juez había denegado la petición al entender que llevan al menos diez años residiendo en España y que jamás habían solicitado traducir resolución judicial alguna durante los diez años que ha durado la instrucción. «No puede ser calificado sino como abuso de derecho y fraude de Ley, con ánimo meramente dilatorio», indicó el magistrado en una providencia dictada el 21 de febrero.
«Ambos acusados han sido parte en la presente causa desde su detención en el año 2012, sin que se hayan solicitado hasta el día de hoy la traducción de resolución alguna. Entre ellas resoluciones tan significativas como el auto que decretó la prisión de Gao Ping (20.10.2012), la libertad provisional con medidas cautelares de Lizhen Yang, o el auto que acordó el encausamiento de ambos», añadía el magistrado.
El magistrado dictó a mediados de febrero un auto de apertura de juicio oral contra Gao Ping y otras 106 personas, incluido el actor porno Nacho Vidal, investigadas en el llamado caso Emperador. Se les atribuye una «actividad sistemática» de fraude fiscal y blanqueo de capitales que habrían desarrollado entre 2010 y 2012 a través de una macroorganización criminal liderada por el empresario chino. Además, el magistrado ha impuesto un total de 4.460 millones en multas a los 107 acusados.
47 años de cárcel y 103 millones en multas
La Fiscalía Anticorrupción pide para Gao Ping 47 años de prisión y 103 millones de euros en multas por delitos de organización criminal, cohecho activo, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Para su esposa, Lizhen Yang, solicita 30 años de cárcel y otros 103 millones de euros. El Ministerio Público considera que la mujer del cabecilla del caso Emperador «se encargaba de forma directa de la gestión y la administración de las múltiples sociedades que integraban la estructura económica dirigida por Gao Ping».
Dicha organización, según el magistrado, estaba «compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito» era «una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros». Todo ello, «confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas».
