El juez investiga a Price Waterhouse Coopers por la ampliación de capital del Popular en 2012
Santiago Pedraz ha admitido a trámite dos querellas presentadas por antiguos accionistas y clientes de la entidad por presuntos delitos de estafa
Imagen de archivo del Banco Popular. | Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una investigación para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital que el Banco Popular llevó a cabo en el año 2012. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, en línea con lo solicitado por la Fiscalía, ha ordenado interrogar a cuatro de las cinco personas físicas y jurídicas querelladas en esta causa. Entre ellas, la compañía Price Waterhouse Coopers (PwC), firma encargada de realizar las auditorías externas del Banco Popular en el momento de los hechos que son objeto de investigación, según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
De acuerdo a ese escrito, fechado el 31 de mayo, el magistrado ha admitido a trámite dos querellas presentadas por antiguos accionistas y clientes de la entidad, y ha ordenado investigar posibles irregularidades e indicios de delitos de estafa y falsedad documental. Entre otras cuestiones, el juez Pedraz busca dilucidar si «la información pública suministrada sobre la ampliación de capital de 2012 contenía omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores, pudiendo haberse cometido un delito del Art. 282 Bis del Código Penal».
Tras recibir un informe favorable de la Fiscalía, Pedraz ha acordado tomar declaración a PwC, así como al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, su exvicepresidente Roberto Higuera y al que fuese socio auditor de la compañía PwC, José María Sanz. Todos ellos en condición de querellados, por el momento. «Lo anterior no excluye la posibilidad de una verdadera imputación judicial tras la comprobación de la existencia de datos que avalen la realidad de los hechos imputados, lo que ordinariamente formulará el instructor de la causa una vez recopilados judicialmente, y con las garantías que ofrece a las partes el proceso, aquellos datos que, indiciaria y provisionalmente, supongan la presunta participación de los querellados en la comisión de delito», señala Pedraz en el auto.
El juez solicita informes al Banco de España
Como parte de la investigación, el juez ha requerido al Banco de España que aporte diversos informes de seguimiento e inspección realizados al Popular entre los años 2010 y 2012, así como que se aporte testimonio de un informe efectuado por los peritos del Banco de España en marzo de 2019 en el que se destacaba la solvencia del Popular en el momento en que se produjo la ampliación de capital y la resolución de la entidad.
Asimismo, ha requerido al organismo presidido por Pablo Fernández de Cos las cuentas oficiales publicadas por el Banco Popular del ejercicio 2010, 2011 y 2012. «Tanto las anuales, como las trimestrales y semanales, así como informes intermedios junto a los reajustes que en ellas se pudieran haber realizado, para determinar si la información contable en ella expresada ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de cualquier tipo de manipulación o deformación (si bien solo se podrá efectuar si el estudio de esas cuentas pudo influir en la imagen que se dio de la entidad en el folleto de la ampliación de capital de 2012)», indica el juez.
También pide al Banco de España que designe a dos funcionarios con categoría de inspector «a fin de que realicen un informe sobre el folleto y documentación sobre la que se asentó la ampliación de capital de 2012, determinando si la información contable en ella expresada ofrecía una imagen fiel de la entidad y estaba libre de cualquier manipulación». A la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), el juez también le solicita que aporte el expediente administrativo completo y elaborado para el registro y ampliación de capital de 2012, «así como cuántos fondos de titulación creó el Banco Popular y el volumen de sus respectivos activos».
Banco Santander, libre de responsabilidad penal
La Audiencia Nacional había acordado a finales de abril la incoación de diligencias previas a raíz de una querella presentada contra el Banco Popular, su expresidente Ángel Ron y el exvicepresidente de la entidad, Roberto Higuera, por un presunto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital del ejercicio 2012. Todo ello a raíz de la querella interpuesta por el despacho Durán & Durán Abogados en representación de clientes que «perdieron todo su dinero invertido» en la mencionada ampliación de capital. Además de esa querella, el juez Pedraz ha admitido a trámite otra presentada por un grupo de inversores que iba dirigida también contra PwC y su socio auditor, José María Sanz. Algo que hasta ahora no había salido a la luz.
Aunque las dos querellas admitidas a trámite también iban dirigidas hacia el Banco Santander, que se hizo con el Popular a cambio de un euro en 2017 tras un proceso de fusión por absorción, tanto la Fiscalía como el juez Pedraz han decidido excluir a la entidad presidida por Ana Patricia Botín como responsable penal de los hechos denunciados y por ello no citará a declarar a la entidad. Lo anterior, «sin perjuicio de poder considerarse, por el momento, como responsable civil subsidiario», indica el auto del magistrado.
No obstante, y ante su posible responsabilidad civil subsidiaria, el juez solicita al Banco Santander que aporte copias de las actas de todas las reuniones del Consejo de Administración del Banco Popular celebradas entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, así como una copia de los informes de auditoría de los años 2010, 2011 y 2012. En el auto, Pedraz exige que todos estos documentos y otros mencionados en el auto se entreguen «a los peritos que el Banco de España haya designado para hacer el informe pericial propuesto por una de las partes querellantes».
PwC ya recibió una multa por irregularidades en la auditoría
No es la primera vez que el trabajo de fiscalización de PwC sobre el Banco Popular es llevado a los tribunales. En 2019, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo ratificaron judicialmente el criterio sostenido por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en relación a las irregularidades detectadas en los trabajos de auditoría sobre las cuentas del Popular realizado por PwC en 2012, año en el que la entidad sustanció la absorción del Banco Pastor.
A juicio de ambos tribunales, los auditores de PwC incumplieron la obligación legal de efectuar las pruebas necesarias para verificar la información proporcionada por el banco y a consecuencia de ello falló a la hora de obtener evidencias «adecuadas y suficientes» que sostuvieran su opinión favorable sobre la contabilización de esa operación y, en sentido más amplio, sobre las cuentas de la entidad en dicho ejercicio. El ICAC multó en 2018 por sendas infracciones graves a la firma PwC y a su socio auditor, Jose María Sanz, por importe de 119.908 euros y 149.885 euros, por su responsabilidad sobre estas anomalías.
