Los jueces procesaron a 45 personas por corrupción en el primer trimestre del año
La información que ofrece el repositorio del CGPJ corresponde a la corrupción pública: funcionarios públicos, gobernantes y políticos
Eduardo Parra (Europa Press)
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Los juzgados y tribunales españoles procesaron a 45 personas físicas y jurídicas por delitos de corrupción durante el primer trimestre de 2022. Una cifra que disminuye frente a la del mismo período de 2021, cuando se procesó a 72 personas.
Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2022 un total de nueve procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 45 personas (una de ellas, persona jurídica), que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos, según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así consta en el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del órgano de gobierno de los jueces tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de este año, que también incluye el número de sentencias dictadas, que fue de 16.
El repositorio, que fue presentado el 12 de enero de 2017, es de acceso público en la web del Poder Judicial y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores -personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera-, que se actualizan de forma trimestral.
Corrupción pública
Desde el CGPJ han recordado que la información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía.
De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Durante el trimestre analizado, los delitos investigados en un mayor número de causas y con un mayor número de personas condenadas fueron los de prevaricación administrativa, los de malversación y los cometidos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.
Cataluña y Madrid
Según los datos desvelados este martes, el órgano judicial con el mayor número de personas acusadas fue la Audiencia Nacional, que dictó auto apertura de juicio oral o de procesamiento contra 13 personas en un procedimiento.
Le siguen los órganos judiciales de Madrid, con 10 personas físicas y una persona jurídica acusadas; Cataluña, con 10 personas; Extremadura, con cinco; Comunidad Valenciana, con cuatro; y Andalucía, con una persona física acusada. El resto de comunidades autónomas ha registrado cero acusados por delitos de corrupción durante el primer trimestre de 2022.
Sentencias dictadas
Desde el CGPJ han precisado también que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, los juzgados y tribunales dictaron 16 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción frente a las 17 dictadas en el mismo período de 2021. En el primer trimestre de 2022, nueve de las sentencias fueron condenatorias y siete absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 56 por ciento de los casos.
La información ofrecida detalla si las sentencias han sido absolutorias o condenatorias y, dentro de éstas últimas, si lo han sido con o sin conformidad, así como si han sido parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).
De las 16 resoluciones, cinco fueron dictadas en Andalucía; tres en Galicia; dos en Asturias y la Comunidad Valenciana; y una en Canarias, Castilla y León, Extremadura y Madrid.
