La fiscal rechazó investigar los pagos en Suiza de El Corte Inglés para blindar la 'Marca España'

Proteger la ‘Marca España’ y evitar una «inconveniente exposición mediática de las disputas internas» en El Corte Inglés. Son dos de los argumentos utilizados por la Fiscalía y los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid para oponerse a investigar el paradero de los 17,8 millones de euros en comisiones que la compañía pagó en Suiza entre 2012 y 2015, como ha revelado THE OBJECTIVE, al intermediario que facilitó la entrada del jeque catarí Hamad Bin Jassim Bin Jaber al Thani en el accionariado de El Corte Inglés con una inyección de capital de 1.000 millones de euros.

«Seguir instruyendo la causa, tomando declaración a los consejeros para que ratifiquen lo ya indicado en sus escritos de impugnación al presente recurso, carece de sentido, y como señala la representante del Ministerio Fiscal solo serviría para una inconveniente exposición mediática de las disputas internas de los responsables máximos de una de las empresas referente de lo que se denomina ‘Marca España’ y que razones de prudencia aconsejan no fomentar, cuando no existen razones de peso para ello», señalaron los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid el 2 de febrero de 2018.

En ese escrito, los magistrados acordaron el archivo de las actuaciones iniciadas en 2016 a raíz de una querella interpuesta por Corporación Ceslar, que aglutina las acciones de la familia Areces y controla el 9% del capital de la compañía. Desde el primer momento, el Ministerio Público solicitó y apoyó el sobreseimiento de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid contra varios consejeros de El Corte Inglés y el presunto comisionista, el español David Barreiro, dueño de las dos empresas que recibieron los pagos en Suiza a pesar de tener su domicilio fiscal en Singapur y Emiratos Árabes Unidos, Noganoir Capital y Tereze Capital (TZE).

La Fiscalía se opuso a investigar a El Corte Inglés

La fiscal a cargo del caso apoyó la inadmisión a trámite de la querella y el sobreseimiento de la causa en un primer escrito fechado el 29 de abril de 2016 «al no apreciarse indicios de delito», según confirman fuentes jurídicas. El juez instructor se vio obligado a abrir diligencias en 2017 después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase investigar los hechos denunciados por Corporación Ceslar. La instrucción terminaría siendo archivada tras analizar toda la documentación aportada a la causa por El Corte Inglés. Unas 330 páginas de documentos, e-mails y contratos a los que ha tenido acceso este diario. Entre ellos, las facturas que acreditan los pagos efectuados en Suiza desde 2012 a las empresas de Barreiro.

Unas transferencias que habrían sido realizadas a espaldas de varios consejeros, según reveló en sede judicial Carlota Areces, representante de Corporación Ceslar en el Consejo de Administración de la compañía, tal y como adelantó THE OBJECTIVE. Durante la instrucción tan solo se practicó una diligencia, la toma de declaración de la querellante. Ni siquiera se interrogó a los imputados, a pesar de que durante la instrucción afloraron las facturas por importe de 17,8 millones de euros pagadas entre 2o12 y 2015 a Noganoir Capital y Tereze Capital (TZE).

La misteriosa empresa gallega del comisionista

Los pagos se hicieron en Suiza a nombre de esas dos mercantiles con sede en Singapur y Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que Barreiro también era administrador y dueño de una empresa en España. Se trata de Inversiones Gruemba, una firma con un capital social de 3.600 euros que tenía su sede fiscal en Pontevedra y que nunca registró actividad ni depositó cuentas, según datos del Registro Mercantil consultados por este diario a través de la herramienta Insight View. Su objeto social, según consta en el registro, era el «estudio, promoción, construcción, asesoramiento, administración, gestión, adquisición, venta y explotación en cualquier forma» de terrenos, bienes y promociones inmobiliarias.

Se da la circunstancia de que esa empresa se liquidó en febrero de 2015, poco antes de que se cerrara el acuerdo para la entrada del jeque en el accionariado de El Corte Inglés. Aunque Barreiro realizaba todas las gestiones en nombre de Noganoir y Tereze Capital, y alegaba ser residente fiscal en Emiratos, todos los e-mails y comunicaciones aportados a la causa demuestran que Barreiro utilizaba un correo electrónico corporativo de Gruemba, su sociedad radicada en Pontevedra. Este diario ha intentado ponerse en contacto con Barreiro y Tereze Capital, pero no ha sido posible obtener respuesta.

Según expertos en derecho tributario ajenos a la causa, consultados por este diario, si los pagos se hubieran realizado a la empresa gallega y no a sus sociedades extranjeras, Barreiro tendría que haber pagado a Hacienda en concepto de IRPF en torno al 48% de las cantidades que El Corte Inglés le abonó. Es decir, podría haber tenido que tributar unos 8 millones de euros por los servicios profesionales prestados en caso de ser residente fiscal en España. Durante la causa, Barreiro aportó un certificado de residencia fiscal en Emiratos Árabes solo referente al año 2014, pero los pagos los recibió entre 2012 y 2015.

Las mismas fuentes aseguran que los posibles delitos fiscales por estos hechos aún no habrían prescrito para Barreiro y pueden ser investigados de oficio por la Agencia Tributaria. La interposición de la querella de Corporación Ceslar habría dejado en suspenso la prescripción por vía administrativa desde 2016, lo que podría dar lugar a una inspección y posterior liquidación para regularizar sus declaraciones fiscales. Incluso, en caso de apreciar indicios de delito penal, podría hacer que la AEAT presentase una denuncia ante la Fiscalía o los juzgados para que se investigue. Los expertos consultados ponen como ejemplo que, por esa misma razón, Hacienda ha acordado recientemente reabrir una investigación contra el rey Emérito Juan Carlos I sobre los gastos de las cacerías que realizó entre 2014 y 2018.

Marca España

Corporación Ceslar emprendió acciones legales por presuntos delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental, vulneración al derecho de información y blanqueo de capitales contra Barreiro, contra el expresidente de El Corte Inglés Dimas Gimeno y otros consejeros de la compañía. Entre ellos el representante del jeque en España, Shahzad Shahbaz, además de Antonio Hernández-Gil, Manuel Pizarro, Carlos Martínez Echevarría y Florencio Lasaga.

Aunque la documentación aportada acreditaba el pago de comisiones en Suiza a las empresas de Barreiro, y a pesar de que este último usaba el mail corporativo de su sociedad radicada en Pontevedra para hacer sus gestiones de intermediario con el jeque, el juez instructor decretó el sobreseimiento de las actuaciones en octubre de 2017. El magistrado consideraba que «la jurisdicción civil sería la adecuada para resolver las cuestiones planteadas», y no la vía penal, por tratarse de un pleito mercantil. Meses más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid archivó provisionalmente el caso en respuesta un recurso de apelación presentado por Corporación Ceslar.

Tras analizar las alegaciones y documentos aportados por los imputados, los magistrados de la Sección Segunda entendían que, «ni siquiera indiciariamente», se podían sustentar los delitos denunciados. También apelaban a «una inconveniente exposición mediática de las disputas internas de los responsables máximos de una de las empresas referente de lo que se denomina ‘Marca España’», en línea con lo defendido por la Fiscalía en su escrito de impugnación contra el recurso de apelación presentado por Corporación Ceslar. No obstante, los jueces reconocieron en su auto de archivo que era «legítimo plantearse dudas y discrepar de la operación origen de este procedimiento», pero avalaron que en ningún caso la entrada del jeque supuso un quebranto a los accionistas o a la empresa.

La consejera ‘rebelde’ volvió al Consejo

Fuentes de El Corte Inglés consultadas por este diario aseguran que todo se hizo conforme a la ley y que los pagos están plenamente regularizados con Hacienda, y se remiten a la decisión de la justicia de acordar el sobreseimiento y archivo del caso. A pesar de que aún podría haber acudido a otras instancias judiciales, Corporación Ceslar y Carlota Areces renunciaron a agotar todas las vías legales a su alcance para recurrir y mantener vivo el caso.

Unos meses después, Areces se reincorporó al Consejo junto a las herederas de Isidoro Álvarez y el representante legal del jeque en España, Shahzad Shahbaz. Había sido expulsada del Consejo en 2015, tras votar en contra de la entrada del capital catarí en El Corte Inglés. Su regreso se produjo precisamente en la misma Junta de Accionistas en la que se aprobó la millonaria salida de Dimas Gimeno, en agosto de 2018, tras la guerra interna entre éste y las hermanas Marta y Cristina Álvarez.

El motivo de la vuelta de Areces al Consejo fue un pacto confidencial firmado con la compañía en el que se comprometía a «renunciar a todas las acciones civiles, penales, administrativas y penales interpuestas hasta el momento» contra El Corte Inglés y recibiría una «compensación económica» a cambio, según documentos y fuentes jurídicas. Fuentes de El Corte Inglés confirman la existencia de ese acuerdo, pero se niegan a confirmar el contenido del mismo debido a que se trata de un pacto confidencial.

Desde la compañía niegan que el regreso de Areces tuviera vinculación con algún tipo de maniobra para forzar la salida de Dimas Gimeno en alianza con las hermanas Álvarez. Las mismas fuentes insisten en que aquel acuerdo dio estabilidad y unidad a la compañía, y que a partir de ese momento volvió la paz al Consejo de Administración. Este diario ha solicitado a la compañía recoger la versión de Carlota Areces, pero desde El Corte Inglés aseguran que no quiere hacer declaraciones al respecto.

Desde un año antes de su reincorporación al Consejo, concretamente en junio de 2017, el entonces director de los servicios jurídicos de la compañía, Juan Moral de la Rosa, y el exjefe de seguridad de El Corte Inglés Juan Carlos Cernuda habían ofrecido a Corporación Ceslar la posibilidad de volver al Consejo de Administración si aceptaban renunciar «a cualquier acción presente o futura» en los tribunales contra la compañía, según documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Según un borrador del acuerdo al que ha tenido acceso este medio, el pacto mencionaba expresamente la causa abierta entonces en el Juzgado de Instrucción Número nº 46 de Madrid. Además, El Corte Inglés aceptaba pagar a Corporación Ceslar, a modo de «compensación» un importe equivalente a «las cantidades no percibidas como miembro del Consejo de Administración» desde su expulsión. Según uno de los documentos aportados a la causa, en 2015 los consejeros de la entidad -actualmente ocho más su presidenta, Marta Álvarez- se repartían 14,5 millones de euros anuales en concepto de retribuciones.

El principio de acuerdo establecía que diversos socios de Corporación Ceslar que prestaban sus servicios como trabajadores por cuenta ajena para El Corte Inglés -entre los que se encontraban los hermanos Oscar y Juan Luis Areces, según fuentes jurídicas-, pasarían a cobrar un salario anual de 300.000 euros brutos. Además, serían «ascendidos a la categoría de Gerentes». Ni El Corte Inglés ni Dimas Gimeno han querido aclarar a este diario si finalmente se firmó un acuerdo igual o distinto al borrador enviado a Corporación Ceslar en julio de 2017. Lo que sí confirman fuentes de la compañía es que Oscar Areces, Juan Moral de la Rosa y Juan Carlos Cernuda ya no trabajan para la compañía. Añaden que David Barreiro no ha vuelto a realizar ninguna gestión ni a prestar servicios para El Corte Inglés desde 2015.