'Expediente Vivanta': denuncian irregularidades en la última empresa rescatada por el Gobierno
Un dossier elaborado por exsocios de la firma dental ha prendido la mecha de la polémica en el Congreso. La SEPI y otros organismos también lo han recibido
Una clínica Vivanta, en una imagen de archivo. | TO
Consta de cerca de 400 folios y en él se denuncian presuntas irregularidades en la última empresa rescatada por el Gobierno. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre otros organismos públicos y partidos políticos, han recibido en los últimos días un dossier que ha puesto en el ojo del huracán el rescate de 40 millones de euros concedido ‘in extremis’ por el Gobierno al Grupo Vivanta a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
Un expediente -elaborado por exaccionistas de esa empresa de clínicas dentales- que ha prendido la mecha de la polémica esta semana en el Congreso de los Diputados, hasta el punto de que el Partido Popular (PP) ha registrado una pregunta parlamentaria al Ejecutivo pidiendo explicaciones por la concesión de esta ayuda, otorgada sólo tres días antes de que expirara el plazo del Fasee y en el último Consejo de Ministros en el que podía aprobarse.
Otros partidos, según han confirmado distintas fuentes a THE OBJECTIVE, piensan seguir los mismos pasos. Quieren saber por qué el Gobierno dio luz verde a la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones tras considerar Vivanta como una empresa «estratégica». Y esto, a pesar de que cuenta con menos de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España. El PP ha pedido al Ejecutivo que aporte todos los documentos e informes en los que la SEPI y el Consejo de Ministros han basado su decisión y la calificación de Vivanta como «empresa estratégica».
La doble contabilidad de Vivanta
Los exsocios de la compañía que han elaborado el dossier dicen haber entregado el expediente, entre otras razones, debido a la ira desatada en el Consejo General de Dentistas, órgano de representación de los odontólogos, que también ha recibido el documento sobre las presuntas irregularidades en esa compañía. Su presidente, Óscar Castro, ha mostrado su «total rechazo» a ese rescate: «El Gobierno va a destinar 44 millones de euros para el Plan de Salud Bucodental Estatal de todos los ciudadanos y 40 millones en rescatar a una única empresa privada que tiene 200 clínicas por todo el país. No es un reparto equitativo en absoluto».
En esa documentación, los exsocios de la compañía detallan presuntas actividades ilícitas en el seno de la firma, entre ellas «doble contabilidad» y «ocultación de facturación», que habría cometido esta empresa creada por el fondo de capital riesgo Portobello en el año 2017 -tras la compra de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent, entre otras- con el objetivo de convertirse en el grupo líder de clínicas dentales de España.
Registró pérdidas de 45 millones en 2019
Grupo Vivanta registró pérdidas de 45 millones de euros en el año 2019, según consta en las cuentas depositadas por Vivanta en el Registro Mercantil. Pero, precisamente, no ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de ese año era uno de los requisitos fijados por la SEPI para poder optar a las ayudas públicas del Fondo, así como haber caído en desgracia como consecuencia de la covid. A pesar de ello, y tras el estallido de la pandemia, Portobello llegó a un acuerdo con BNP Paribas y Two Thirty S.A.R.L., entidades que inyectaron 144 millones de euros en la compañía a finales del año 2020 a través de una ampliación de capital.
Esa operación hizo que la matriz, Cartera Vivanta, obtuviese 80 millones de beneficio al cierre del año 2020 frente a los 20 millones de pérdidas registradas un año antes. Esa mercantil pasó a estar participada en un 76,3% por Two Thirty S.A.R.L, mientras que Portobello y BNP Paribas se reparten, respectivamente, un 15,3% y un 8,4%.
Ahora, van a recibir ayudas por valor de 40 millones de la SEPI. El acuerdo para la entrada de los nuevos accionistas contemplaba un ERE que afectó a 278 empleados durante el año 2021. Un año más tarde, Grupo Vivanta soltaría lastre vendiendo 33 de las 200 clínicas que tenía a Hedonai (Sherpa Capital).
«Facturación prepandemia»
El rescate de esta empresa, aprobado por el Ejecutivo el pasado 27 de junio, estuvo rodeado de polémica desde un primer momento. La ayuda económica le fue concedida solo tres días antes de que expirara el plazo de este fondo y en el último Consejo de Ministros en el que podía en el que podía aprobarse.
La cadena de clínicas dentales y medicina estética Vivanta solicitó el rescate público a pesar de que, según afirmaron en diciembre de 2021 fuentes de la compañía a THE OBJECTIVE, la situación financiera de la empresa era «buena» y estaba «llegando a niveles de facturación prepandemia». Circunstancias que han llevado a la oposición a pedir explicaciones al Gobierno por el rescate a Vivanta.
Causas judiciales
En la extensa documentación enviada a distintos organismos, los exaccionistas de Vivanta dan cuenta de los distintos procesos judiciales en los que estuvo o está inmerso el grupo dental. El fondo Portobello y sus antiguos socios minoritarios de Vivanta han mantenido desde 2019 varios enfrentamientos en los juzgados.
En los juzgados de instrucción número 49 y número 21 de Madrid se mantienen abiertos sendos procesos en los que estaban querellados varios directivos de Portobello por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. El primero de esos procesos fue sobreseído, pero ha sido recurrido. El segundo se mantiene pendiente de resolución, según fuentes jurídicas.
Además, en julio de 2021, el juzgado mercantil número 12 de Madrid dictó una sentencia por la que declaró nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros con la que Portobello diluyó a los accionistas minoritarios de Vivanta. «Son hechos judiciales antiguos y ya conocidos, que se suman a otros casos que fueron archivados en favor de Vivanta», indicaban en diciembre desde la compañía a este diario.
Una de las condiciones para poder recibir el rescate de la SEPI era la de «no haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos». Así se recoge en las condiciones que se detallan en la orden ministerial por la que se establece el funcionamiento del Fasee. Por el momento, Portobello ha salido indemne de todos procesos judiciales, salvo el mercantil antes mencionado.
