Banco Popular: el juez Pedraz llama a declarar a Ángel Ron y PwC por la ampliación de 2012
El expresidente de la entidad comparecerá el 18 de octubre ante el magistrado en calidad de querellado. La auditora tendrá que acudir dos días después
El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron (d), entrando a declarar en la Audiencia Nacional en 2019. | Europa Press
El juez Santiago Pedraz mueve ficha en su investigación para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital que el Banco Popular llevó a cabo en el año 2012. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha puesto fecha a la declaración de cuatro de las cinco personas físicas y jurídicas que se encuentran hasta el momento en condición de querellados en esta causa. Entre ellos, el expresidente de la entidad Ángel Ron y la auditora Price Waterhouse Coopers (PwC), según una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El primero en declarar ante el magistrado por esta causa, en condición de querellado, será Ron. El banquero tendrá que comparecer el 18 de octubre. Un día después lo hará el exvicepresidente del Banco Popular Roberto Higuera. Y el día 20 lo harán la mercantil PwC y uno de sus socios auditores. La multinacional se encontraba a cargo de realizar las auditorías externas sobre las cuentas de la entidad antes de la ampliación de capital del año 2012.
En línea con lo solicitado por la Fiscalía, el magistrado ordenó a finales de mayo interrogarles, pero aún no había puesto fecha a su comparecencia. Pedraz abrió el caso tras admitir a trámite dos querellas presentadas por antiguos accionistas y clientes de la entidad, y ordenó investigar posibles irregularidades e indicios de delitos de estafa y falsedad documental. Una semana después, admitió la personación en calidad de perjudicados, y como acusación particular, a más de 300 antiguos accionistas minoritarios de la entidad que fue adquirida por el Banco Santander hace cinco años a cambio de un euro a pesar de contar con un patrimonio de 11.000 millones.
La ampliación del Popular de 2012
Entre otras cuestiones, el juez Pedraz busca dilucidar si «la información pública suministrada sobre la ampliación de capital de 2012 contenía omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores, pudiendo haberse cometido un delito del Art. 282 Bis del Código Penal».
Para esclarecer estas cuestiones, el juez Pedraz acordó con la Fiscalía una batería de diligencias que serán practicadas durante las próximas semanas. Entre ellas, la toma de declaración de los querellados. Además, el magistrado ha requerido al Banco de España que elabore diversos informes de seguimiento e inspección realizados al Popular entre los años 2010 y 2012, así como que se aporte testimonio de un informe efectuado por los peritos del organismo regulador en marzo de 2019 en el que se destacaba la solvencia del Popular en el momento en que se produjo la ampliación de capital y la resolución de la entidad. No obstante, desde el inicio, ha descartado
Asimismo, ha requerido al organismo presidido por Pablo Fernández de Cos las cuentas oficiales publicadas por el Banco Popular del ejercicio 2010, 2011 y 2012. «Tanto las anuales, como las trimestrales y semanales, así como informes intermedios junto a los reajustes que en ellas se pudieran haber realizado, para determinar si la información contable en ella expresada ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de cualquier tipo de manipulación o deformación (si bien solo se podrá efectuar si el estudio de esas cuentas pudo influir en la imagen que se dio de la entidad en el folleto de la ampliación de capital de 2012)», indicaba el juez un auto dictado a finales de mayo.
Pedraz también pide al Banco de España que designe a dos funcionarios con categoría de inspector «a fin de que realicen un informe sobre el folleto y documentación sobre la que se asentó la ampliación de capital de 2012, determinando si la información contable en ella expresada ofrecía una imagen fiel de la entidad y estaba libre de cualquier manipulación». A la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), el juez también le solicita que aporte el expediente administrativo completo y elaborado para el registro y ampliación de capital de 2012, «así como cuántos fondos de titulación creó el Banco Popular y el volumen de sus respectivos activos».
Banco Santander, libre de responsabilidad penal
La Audiencia Nacional había acordado a finales de abril la incoación de diligencias previas a raíz de una querella presentada contra el Banco Popular, su expresidente Ángel Ron y el exvicepresidente de la entidad, Roberto Higuera, por un presunto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital del ejercicio 2012.
Todo ello a raíz de la querella interpuesta por el despacho Durán & Durán Abogados en representación de clientes que «perdieron todo su dinero invertido» en la mencionada ampliación de capital. Además de esa querella, el juez Pedraz ha admitido a trámite otra presentada por un grupo de inversores que iba dirigida también contra PwC y uno de sus socios auditores, José María Sanz.
Aunque las dos querellas admitidas a trámite también iban dirigidas hacia el Banco Santander, que se hizo con el Popular a cambio de un euro en 2017 tras un proceso de fusión por absorción, tanto la Fiscalía como el juez Pedraz han decidido excluir a la entidad presidida por Ana Patricia Botín como responsable penal de los hechos denunciados y por ello no citará a declarar a la entidad. Lo anterior, «sin perjuicio de poder considerarse, por el momento, como responsable civil subsidiario», indica el auto del magistrado.
