Dos causas contra jefes de ETA, atascadas en la Audiencia a la espera de informes policiales
Dignidad y Justicia pide requerir de nuevo los informes policiales para dar «impulso procesal» al asesinato del juez Querol y el atentado de Sangüesa
Fachada de la Audiencia Nacional | Europa Press
La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha solicitado a la Audiencia Nacional que dé «impulso procesal» a dos causas en las que hay una docena de exjefes de ETA querellados, y que se encuentran atascadas a la espera de informes policiales. Se trata de las investigaciones abiertas para esclarecer la responsabilidad de la cúpula de la banda en el asesinato del exmagistrado del Tribunal Supremo José Francisco de Querol, perpetrado en el año 2000 con coche bomba y que causó cuatro víctimas mortales, y el atentado de Sangüesa (Navarra) en el que fueron asesinados dos policías nacionales tras la explosión de una bomba lapa en 2003.
En sendos escritos remitidos a los magistrados Alejandro Abascal y Santiago Pedraz, la asociación de víctimas solicita que se libren nuevos oficios de reiteración a la Policía Nacional y la Guardia Civil para que envíen toda la información que obre en su poder sobre los exlíderes de ETA a los que pide investigar por su presunta responsabilidad en ambos atentados. «Ningún autor ha sido condenado hasta la fecha, ni como autor material ni como autor mediato, ni en ningún otro término, tras todo este largo tiempo», señala DyJ en ambos escritos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Los dos ataques, en los que murieron un total de seis personas, están en la lista de los 379 crímenes totalmente impunes de ETA que han sido reconocidos por el Parlamento Europeo en su reciente resolución de abril de 2022. Un documento en el que la UE instaba a España a poner en marcha todos los mecanismos jurídicos a su alcance para hacer que todos los asesinatos se resuelvan y se consideren como crímenes de lesa humanidad.
Guardia Civil y Policía se vuelcan
Como adelantó este diario, los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil están dedicando una ingente cantidad de recursos para cumplir con los informes solicitados por los jueces, pero no dan abasto ante las numerosas causas reabiertas contra los exjefes de la banda terrorista en el último año. El juez Abascal había solicitado a ambos cuerpos policiales que remitieran sus informes sobre el atentado del magistrado Querol el pasado mes de diciembre. Por su parte, Pedraz hizo lo mismo en abril en lo referente al atentado de Sangüesa.
«Aún siendo consciente esta parte de la gran carga de trabajo y meritorio esfuerzo por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil en relación a esta y otras causas reabiertas, entiende esta parte que nos encontramos aquí ante un caso particularmente sensible, en el que las cuatro víctimas mortales y sus familias han venido quedando en una situación particularmente grave de total impunidad sostenida durante más de 20 años tras el atentado por coche-bomba que trae razón de la presente», indica DyJ en su escrito remitido al juez que instruye el atentado contra el magistrado del Tribunal Supremo. La petición es similar en el caso del atentado de Sangüesa.
En el asesinato con coche bomba contra el magistrado Querol en Madrid murieron cuatro personas, entre ellas el chófer y el escolta del juez, Armando Medina Sánchez y Jesús Escudero García, además del conductor de autobús Jesús Sánchez Martínez. En Sangüesa fueron asesinados los agentes de la Policía Nacional Julián Embid y Bonifacio Martín. La querella de DyJ que permitió la reapertura del atentado contra el juez del Tribunal Supremo va dirigida contra una docena de exjefes de ETA. En la causa de Sangüesa se pide investigar a ocho exlíderes etarras. Entre ellos, históricos dirigentes de la banda terrorista como Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki; Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; y Soledad Iparraguirre, Anboto.
Impulsan los casos contra ETA
La asociación que preside Daniel Portero, hijo del exfiscal jefe del TSJ de Andalucía asesinado por ETA Luis Portero, ha conseguido reabrir en los últimos meses al menos seis atentados y asesinatos en los que se busca procesar a los jefes de la banda mediante una novedosa tenaza jurídica: la utilización combinada de los delitos de autoría mediata por dominio de la organización y comisión por omisión, contemplados en el Código Penal y avalados por el Tribunal Supremo.
Esa fórmula ha permitido reabrir casos como el del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el atentado contra la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, además de los ataques contra el juez Querol, Sangüesa o el ataque con coche bomba que mató a una niña de seis años en Santa Pola en 2002. En este último y en el de Miguel Ángel Blanco, los extensos informes elaborados por la Guardia Civil y por la Policía Nacional han permitido dar impulso a la investigación, con la imputación de seis exjefes de la banda terrorista.
Se trata de Mikel Albisu (alias ‘Mikel Antza’), exjefe del aparato político de ETA junto a la también investigada Soledad Iparraguirre (‘Anboto’); Juan Antonio Olarra Guridi (alias ‘Jon’) y Ainoha Múgica Goñi (‘Olga), miembros del aparato militar de la banda; Félix Esparza Luri (‘Ana’), exjefe del aparato logístico de ETA; y Ramón Sagarzazu (‘Txango’), responsable del aparato internacional de la organización terrorista entre 2001 y 2002; y José Javier Arizcuren Ruiz, alias ‘Kantauri’.
Los reportes de los servicios de información, en ambos casos, han acreditado con todo detalle y múltiples pruebas el poder de control y decisión que tenía la Zuba (comité ejecutivo de ETA) en las acciones terroristas de la banda. Los investigadores apuntan a un patrón en el que los pistoleros de ETA seguían órdenes estrictas de sus superiores y respondían a una estructura jerarquizada en la organización terrorista, donde cada uno de sus miembros tenía una misión y «se encontraba sometido a la disciplina y las órdenes que el Comité Ejecutivo dictaba».
Ambos informes apuntalan la tesis defendida por DyJ de que la cúpula de la banda sería responsable por dar la orden de cometer un atentado (autoría mediata por dominio de la organización) o, como en el caso de Miguel Ángel Blanco, de poder haber dado la contraorden para evitar un asesinato y no hacerlo (comisión por omisión).
