Un vocal del CGJP recurre al Supremo el nombramiento de Mozo como presidente
Wenceslao Olea fue el único vocal del Consejo que se opuso en el Pleno del jueves a su designación como sustituto de Carlos Lesmes
El vocal Rafael Mozo durante el último Pleno del CGPJ. | EFE
Nuevas turbulencias en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El vocal Wenceslao Olea ha pedido al Tribunal Supremo que paralice el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino. Olea fue el único miembro que se opuso en el Pleno del jueves a su designación como sustituto de Carlos Lesmes. Antes de dimitir, presentó un informe jurídico sobre su relevo que instaba a dejar al frente de la institución al magistrado Francisco Marín Castán. El secretario general del órgano de gobierno de los jueces, José Luis de Benito, ha presentado otro recurso al alto tribunal en contra del nombramiento de Mozo.
Olea y De Benito solicitan a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que actúe contra la bicefalia que vive el Poder Judicial, según ha adelantado El Español. Ambos juristas piden que se adopten medidas cautelarísimas para suspender de inmediato el nombramiento de Mozo como presidente del CGPJ porque es ilegal. Además, creen que sus actos y decisiones podrían tener serias consecuencias, ya que podrían ser nulas de pleno derecho.
Es la primera vez que altos cargos del Consejo impugnan un acuerdo de este ante el Supremo, lo que supone un paso más en la crisis institucional que vive el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace cuatro años. El Pleno celebrado el jueves acordó designar presidente en funciones al vocal progresista Mozo por 16 votos a favor y solo uno en contra, el de Olea, muy próximo a Lesmes.
El relevo del CGPJ
El magistrado llegó a formular un voto particular porque «solo puede existir un único presidente» y el Consejo «carece de competencia» para el nombramiento. En él se basa para llevar el asunto hasta el Supremo. Olea, nombrado a propuesta del PP, difiere de la forma en la que se ha elegido a Mozo. Considera que se ha establecido «un régimen ex novo de uno de los órganos más importantes del Consejo, su presidencia». Además, cree que sus colegas parten «de manera errónea» de que la designación supone ejercer el cargo como «mera suplencia» y que por eso «se le impone limitaciones».
El recurso de Olea se encuentra ya en el Supremo y está en estudio, aunque de momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto, confirman fuentes judiciales a THE OBJECTIVE. El primer paso será abrir una pieza separada para pronunciarse sobre esas medidas cautelarísimas, que deben resolverse en las próximas 48 horas. Lo hará la mencionada Sala de lo Contencioso-Administrativo, que es la competente para este tipo de recursos.
La sala está conformada por Eduardo Espín, Octavio Juan Herrero, José Antonio Montero, César Pico y José María Bandrés. Estos dos últimos entran en sustitución de Pablo Lucas y César Tolosa, que han tenido que abstenerse porque respaldaron el informe del gabinete técnico del alto tribunal que solicitó Lesmes y que apuntaba a Marín Castán como la persona que debía reemplazarle como presidente en ambas instituciones.
El documento establecía que el cargo debía recaer en el vicepresidente del Tribunal Supremo, un puesto que ejerce Marín Castán desde que se jubiló Ángel de Juanes hace tres años. Lesmes entendía que ese relevo permitiría sortear el veto a realizar nombramientos discrecionales que ata de pies y manos al Consejo desde que una reforma legislativa prohibió en 2021 estas designaciones mientras su mandato esté caducado. El informe también excluía la doble vía de sustitución, como finalmente ha sucedido.
Los vocales del Consejo habían mostrado sus reticencias a que Marín Castán presidiera el órgano. El malestar era evidente, ya que el magistrado al que señaló el informe ni siquiera forma parte del órgano de gobierno de los jueces. «No parece ni correcto ni adecuado que un vocal del Consejo que no ha sido nombrado presidente del Supremo pueda presidirlo», alegaron los vocales tras el Pleno del jueves para legitimar su decisión. No obstante, el documento técnico advertía de que no era necesario formar parte del CGPJ para ostentar la máxima autoridad.
La elección de Mozo como presidente interino no cambia nada en el CGPJ. Apenas tendrá funciones propias y las comisiones mantendrán su actual composición, con excepción de la Comisión de Asuntos Económicos, a la que se incorporará el vocal procedente de la Carrera Judicial de mayor edad que no presida ya otra de las comisiones legales. Además, la política de comunicación será compartida, por lo que las notas de prensa deberán ser consensuadas.
