Un violador de Gerona usa la ley del 'solo sí es sí' de Irene Montero para pedir menos condena
Un condenado a 9,6 años de prisión por violación ha solicitado una rebaja de tres años en su pena amparándose en la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad
La ministra de Igualdad e impulsora de la ley del 'solo sí es sí', Irene Montero. | Europa Press
Un violador condenado a 9,6 años de prisión por la Audiencia de Gerona ha solicitado una rebaja de tres años en su pena amparándose en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual -o ley del solo sí es sí– impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. La norma implica reducciones a la baja en las condenas por violación, tal y como lo advirtió tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2021 como THE OBJECTIVE de la mano de expertos penalistas.
Martí violó a su amiga Elena el pasado 20 de abril de 2019, tras una noche de fiesta. Según relata La Vanguardia, el violador aprovechó que la joven (que tenía entonces 18 años) se quedó a dormir en su casa para forzarla a tener relaciones sexuales a las diez de la mañana del día siguiente, a pesar de la clara oposición de la víctima. «Se me fue…», escribió Martí a la víctima horas después de la agresión, excusándose. Él podría ser el primer beneficiado en España de la norma estrella de Irene Montero.
Pero no el último. Este próximo jueves se celebra -también en Gerona- un juicio por una violación en Blanes, pospuesto el pasado mes de septiembre después de que el abogado de la defensa solicitara su aplazamiento hasta la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Así, el reo se enfrentará a penas de 4 a 10 años de prisión, y no de entre 6 y 12, como preveía la legislación antes de la modificación del Código Penal.
En este último caso, el acusado se enfrenta a 12 años de prisión por violación, maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer y vejaciones injustas. El procesado estaría dispuesto a reconocer los hechos y aceptaría una condena con la nueva ley. Los escritos de la Fiscalía recogen que el 24 de enero de 2018 el acusado lanzó sobre su cama a la víctima y se puso encima de ella. Al intentar darle un beso, la mujer le mordió el labio y entonces, la obligó a desnudarse y la violó. Tras atacarla, y mientras esta aún lloraba, el procesado exclamó «qué asco de tía» y fue a darse una ducha.
El violador se podría beneficiar
Estos dos casos podrían ser los de los primeros beneficiados en España de la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que reduce la condena mínima por agresión sexual de 6 a 4 años. Pero no los últimos. El abogado Agustín Martínez, defensor de los cinco jóvenes de La Manada condenados por haber violado a una joven en los Sanfermines de 2016, ya anunció que también estudiará esta vía para beneficiar a sus clientes con la reducción del mínimo legal de penas.
La ley preconizada por Irene Montero borra la distinción entre los delitos de abuso y agresión sexual, lo que reduce estas dos horquillas, dando pie a condenas más laxas. Teniendo en cuenta que el Supremo justificó los 15 años de los miembros de La Manada señalando que «se encuentra muy próxima al mínimo legal», con la nueva normativa los cinco acusados habrían logrado penas menores.
La última palabra en el caso de La Manada la tendrá el Tribunal Supremo, que debe dirimir si aplica la retroactividad favorable, un principio que se emplea siempre que beneficie a los reos. La mayoría de los penalistas considera que este tipo de revisión es posible, y vaticinan que el castigo impuesto en su día -15 años- podría rebajarse hasta los 13 años y siete meses.
Denuncias falsas
Pero este no es el único hándicap con el que viene la norma impulsada por la rama ministerial que dirige Unidas Podemos. Esta podría derivar en un incremento considerable de las denuncias falsas. ¿El motivo? Que, en lo sucesivo, si una mujer denuncia haber sido víctima de violencia sexual podrá pedir una renta de reinserción o, si gana menos del salario mínimo, podrá tener acceso prioritario a una vivienda y programas de ayudas. Esto, sin que medie condena: con tan solo una denuncia o, según los expertos, con un mero informe de servicios sociales.
