El juez reactiva la causa contra la cúpula de ETA por el asesinato de dos policías en Sangüesa
Santiago Pedraz vuelve a requerir los informes policiales del caso y acepta incorporar la resolución de la UE sobre los 379 crímenes de ETA impunes
El exjefe de ETA 'Mikel Antza', uno de los querellados por Sangüesa. | Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aceptado dar impulso procesal a la causa en la que se investiga la presunta responsabilidad de ocho exjefes de ETA en el atentado en el que fueron asesinados dos policías en la localidad navarra de Sangüesa, en el año 2003. En una providencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el magistrado ha ordenado librar sendos oficios a la Guardia Civil y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para volverles a requerir los informes solicitados en junio pasado sobre el caso.
Además, el magistrado ha acordado incorporar a la causa la resolución del Parlamento Europeo en la que se insta a España a agotar todas las vías interpretativas del Derecho penal para juzgar a los líderes de la cúpula de ETA en los 379 crímenes de la banda que siguen impunes. Entre ellos, el de Sangüesa, donde los agentes de la Policía Nacional Julián Embid y Bonifacio Martín fueron asesinados mediante la explosión de una bomba lapa instalada en su vehículo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha aceptado el impulso procesal solicitado la semana pasada por Dignidad y Justicia (DyJ), asociación de víctimas cuya querella dio pie a la reapertura del atentado de Sangüesa y que también consiguió llevar al Parlamento Europeo la resolución sobre los atentados sin resolver de la banda terrorista. La querella va dirigida contra ocho históricos dirigentes de la banda terrorista, entre ellos Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki; Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; y Soledad Iparraguirre, Anboto.
Uno de los 379 crímenes impunes de ETA
En un su escrito, DyJ reconocía «la gran carga de trabajo» y el «meritorio esfuerzo» de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impulsar con sus informes esta y otras causas reabiertas recientemente contra la dirección de ETA. «Nos encontramos aquí ante un caso particularmente sensible, en el que las dos víctimas mortales y sus familias han venido quedando en una situación particularmente grave de total impunidad sostenida durante ya 19 años tras el asesinato de los dos valientes agentes de Policía Nacional que aquí nos ocupa», indicaba la asociación en su escrito remitido al juez.
Asimismo, DyJ recordaba que ningún miembro de ETA ha sido condenado hasta la fecha «ni como autor material ni como autor mediato» del atentado de Sangüesa. La asociación que preside Daniel Portero, hijo del exfiscal jefe del TSJ de Andalucía asesinado por ETA Luis Portero, ha conseguido reabrir en los últimos meses al menos seis atentados y asesinatos en los que se busca procesar a los jefes de la banda mediante una novedosa tenaza jurídica: la utilización combinada de los delitos de autoría mediata por dominio de la organización y comisión por omisión, contemplados en el Código Penal y avalados por el Tribunal Supremo.
Esa fórmula jurídica, liderada por el abogado de DyJ Miguel Ángel Rodríguez Arias, ha permitido reabrir casos como el del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el atentado contra la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, además de los ataques contra el juez Querol, Sangüesa o el ataque con coche bomba que mató a una niña de seis años en Santa Pola en 2002. En este último y en el de Miguel Ángel Blanco, los extensos informes elaborados por la Guardia Civil y por la Policía Nacional han permitido dar impulso a la investigación, con la imputación de seis exjefes de la banda terrorista.
Los informes de Guardia Civil y Policía Nacional
Se trata de Mikel Albisu (alias ‘Mikel Antza’), exjefe del aparato político de ETA junto a la también investigada Soledad Iparraguirre (‘Anboto’); Juan Antonio Olarra Guridi (alias ‘Jon’) y Ainoha Múgica Goñi (‘Olga), miembros del aparato militar de la banda; Félix Esparza Luri (‘Ana’), exjefe del aparato logístico de ETA; y Ramón Sagarzazu (‘Txango’), responsable del aparato internacional de la organización terrorista entre 2001 y 2002; y José Javier Arizcuren Ruiz, alias ‘Kantauri’.
Los reportes de los servicios de información, en ambos casos, han acreditado con todo detalle y múltiples pruebas el poder de control y decisión que tenía la Zuba (comité ejecutivo de ETA) en las acciones terroristas de la banda. Los investigadores apuntan a un patrón en el que los pistoleros de ETA seguían órdenes estrictas de sus superiores y respondían a una estructura jerarquizada en la organización terrorista, donde cada uno de sus miembros tenía una misión y «se encontraba sometido a la disciplina y las órdenes que el Comité Ejecutivo dictaba». Ambos informes apuntalan la tesis defendida por DyJ de que la cúpula de la banda sería responsable por dar la orden de cometer un atentado (autoría mediata por dominio de la organización) o, como en el caso de Miguel Ángel Blanco, de poder haber dado la contraorden para evitar un asesinato y no hacerlo (comisión por omisión).
