Anticorrupción archiva el caso de los contratos covid a la empresa del marido de Calviño
Los magistrados consideran que a pesar de las acusaciones de deudas con Hacienda y de tratos de favor, no ha podido probarse que ninguna
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. | A. Pérez Meca (Europa Press)
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido archivar la investigación contra el Gobierno por la adjudicación de varios contratos durante la primera ola de la pandemia a una empresa en la que trabaja el marido de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Esta era una de las denuncias elevadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras conocerse las investigaciones contra su hermano por el conocido como ‘caso-mascarillas’.
Fue el pasado viernes cuando el fiscal jefe, Alejandro Luzón, dictó un decreto por el cual archivó las diligencias de investigación sobre ‘Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA’, ahora conocida como ‘Beedigital’, de la que el marido de la vicepresidenta sería director de marketing en el momento de recibir las ayudas.
Aunque en las acusaciones entregadas al organismo se aseguraba que la compañía tenía deudas con Hacienda y la la Seguridad Social y que se diera un caso de tratos de favor, finalmente no ha podido demostrarse ninguna de las dos, ya que no se han detectado pagos pendientes y en el auto se recoge que «no se parecían indicios de los que se pudiera deducir el supuesto trato de favor a la empresa denunciada».
Según Anticorrupción, «no consta intervención directa ni indirecta de la vicepresidenta en el contrato celebrado de PASD/BeeDigital con la GISS, en la concesión de los avales por parte del ICO y en el denominado Kit Digital».
El Ministerio Fiscal comenzó a investigar el pasado mes de abril a raíz de la denuncia que presentó el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid por las presuntas irregularidades en los contratos de emergencia aprobados por el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez.
En este caso en concreto, los ‘populares’ explicaron que la adjudicación del contrato «se realizó cuando la empresa tenía deudas con el Estado por valor de 1,6 millones» y que cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda ascendía a 884.000 euros.
(Habrá ampliación)
