El presidente del Constitucional frena el intento de examinar a los candidatos del Gobierno
Tres magistrados del bloque progresista encabezados por Conde-Pumpido solicitan llevar a Pleno la idoneidad de Juan Carlos Campo y Laura Díez
El juez Cándido Conde-Pumpido Tourón. | Isabel Infantes (Reuters)
Habrá que esperar al 22 de diciembre para conocer el veredicto del Tribunal Constitucional sobre los candidatos propuestos por el Gobierno. El presidente del órgano, Pedro González-Trevijano, ha frenado este miércoles el intento de tres magistrados progresistas encabezados por Cándido Conde-Pumpido de convocar otro Pleno para tratar la idoneidad del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aborde los dos nombramientos que le corresponden. Los expertos sostienen que la maniobra resultaría inconstitucional.
La solicitud al presidente del Constitucional, el único que tiene potestad para convocar un Pleno, ha sido realizada por Conde-Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán. Los magistrados entienden que la situación ha cambiado y que es pertinente tratar el plácet de los candidatos propuestos por el Gobierno una vez que sus nombres han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El asunto ha generado cierta controversia. De hecho, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE explican que tuvo que posponerse el Pleno de este miércoles durante al menos dos horas. A continuación se ha producido un debate en el que se han pronunciado la mayoría de miembros del Constitucional.
Controversia en el Constitucional
González-Trevijano ha decidido mantener la postura acordada el cónclave de ayer, aunque no fue sometida a votación, y esperar al 22 de diciembre para pronunciarse. La decisión ha sido secundada por otros miembros progresistas del Constitucional, como el vicepresidente Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.
Algunos magistrados reconocen estar sorprendidos con esta maniobra de sus tres compañeros. Revelan que en el Pleno celebrado este martes las cosas quedaron claras y que todos parecían convencidos de retrasar el veredicto sobre los candidatos del Gobierno. En su opinión, la salida de guion de sus colegas puede generar división y, sobre todo, erosionar la imagen del órgano.
La idea que defienden la mayoría de magistrados es esperar a que se pronuncie el CGPJ, que tiene fijada una reunión para decidir sobre los dos nombramientos que le corresponden ese mismo 22 de diciembre. No obstante, no existe certeza alguna de que lleguen a un acuerdo. Las fuentes consultadas explican que los nombramientos del Ejecutivo y del órgano de gobierno de los jueces nunca se han producido al unísono, sino que se han distanciado unas semanas. En 2004 superó las siete semanas de diferencia.
Los miembros del Tribunal Constitucional tienen la última palabra sobre las propuestas, ya que deben analizar la idoneidad de los candidatos comprobando que cumplen los requisitos legales para ser magistrado. Estos pasan por ser español y jueces, fiscales, profesores universitarios, funcionarios o abogados y todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.
El artículo 159 de la Constitución y el artículo 116.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen que los 12 miembros que lo conforman son designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes. Esto es, de cuatro en cuatro. Ese procedimiento obliga al Gobierno a nombrar a sus dos candidatos junto a los dos que debe seleccionar el CGPJ. Los expertos afirman que la intención del presidente Pedro Sánchez «violenta un artículo» de la Carta Magna y supone «una inconstitucionalidad flagrante».
Expertos como José María Morales, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, destaca que el escenario es nuevo. En su opinión, esto puede dar lugar a dos interpretaciones. La primera llevaría a los magistrados del Constitucional a resolver el caso afirmando que «no se cumple la Constitución». La segunda opción, que avanzan autores como Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, les haría admitir a los dos candidatos que propone el Gobierno al entender que existe un bloqueo en el CGPJ.
La independencia judicial es clave para cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella. Lo que están haciendo Sánchez y sus apoyos políticos, mediáticos y culturales es ir en contra del interés general del país y de los fundamentos del estado de derecho y el sistema democrático y poner en riesgo la permanencia de España en la UE.
La «excepción ibérica judicial » autoritaria sería demoledora para la continuidad de la UE. Lo que no entiendo es cómo no renuncian los designados por SánchezNi se imaginan lo que personal y profesionalmente supone que se les considere como » los Tezanos». Se ve que no les ha valido de nada el » caso Marlaska».
Y si «la radiografía social» cambia ¿ que legitimación tendrán los nombrados por cuotas , cuando estas se reducen o desaparecen .? ¿ Estarán obligados a defender los principios de los que les han nombrado aunque por su abuso de poder, incompetencia y/o corrupción han sido borrados del mapa electoral o presentarán su dimisión?.
Estamos en la UE y gracias a ello ,podemos los ciudadanos evitar que España se convierta en un régimen autoritario con un estado fallido..
«Una vez más subrayamos que es muy importante reducir la influencia del poder legislativo y el ejecutivo sobre el judicial en aras a reforzar la independencia( Hipper, )y también, Reyners,y el Informe sobre la situación del estado de derecho en la UE» hay que llegar a un acuerdo que acerque la justicia española a a los estándares europeos».
Conde Pumpido….hay pocos seres en el mundo, tan desagradables y malos como este tipejo despreciable
Mas bien tiene la toga manchada de órdenes del gobierno.