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Pedro Sánchez coloca en el Constitucional a dos ex altos cargos de su Gobierno

El jefe del Ejecutivo evita esperar al CGPJ. Nombra al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a una exdirectora general del Moncloa como candidatos al TC

Pedro Sánchez coloca en el Constitucional a dos ex altos cargos de su Gobierno

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha esperado a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre a sus candidatos para el Tribunal Constitucional y ha tomado la delantera con la designación del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como candidatos a magistrados del tribunal de garantías. Así lo ha confirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a sus dos candidatos al TC sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a los otros dos que deben sustituir a los cuatro magistrados cuyo mandato caducó el pasado mes de junio. Se trata de una maniobra de dudoso encaje constitucional, según diversos juristas, ya que la Constitución Española establece que los doce magistrados del tribunal de garantías deben renovarse por tercios (grupos de cuatro) cada tres años. La actual renovación correspondía a partes iguales al CGPJ y del Gobierno.

La designación de Campo y Díez será remitida de forma inmediata al TC, cuyo pleno tendrá que asumir la patata caliente de avalar o rechazar la posibilidad de que los dos candidatos elegidos por el Ejecutivo puedan tomar posesión de su cargo en sustitución de los dos magistrados nombrados hace nueve años por el Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata del actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y del magistrado Antonio Narváez, que sustituyó en el cargo a Enrique López tras su renuncia en el año 2014.

Moncloa carga contra el CGPJ

Esta es la primera ocasión en la que un exministro entra en el Constitucional en la misma legislatura en la que abandonó el Gobierno (en el caso de Campo, fruto de la renovación del Ejecutivo que emprendió Sánchez, sacrificando en el proceso al titular de Justicia que aprobó los indultos para los líderes independentistas del ‘procés’). Esta designación apunta a provocar varias dudas en la oposición debido al perfil político del candidato, quien pasará a juzgar las leyes del Gobierno del que formó parte hace poco más de un año.

También es la primera vez que el Pleno TC tendrá que decidir sobre si es constitucional o no una renovación parcial de los cuatro magistrados que debían de haber sido renovados desde junio. «La situación de bloqueo del CGPJ es un incumplimiento que no puede conllevar que el Gobierno incumpla su obligación constitucional de nombrar a los dos candidatos que le corresponde», ha indicado Bolaños en una rueda de prensa en la que ha defendido la «legalidad» de la maniobra con la que el Ejecutivo se garantizaría tener mayoría progresista en el tribunal de garantías.

«No me refiero a todo el CGPJ, sino a los ocho vocales que están incumpliendo con su obligación y están evitando que se renueve el TC», ha añadido en referencia al sector conservador del órgano de gobierno de los jueces, contra el que ha arremetido y al que ha responsabilizado del retraso en la renovación de los cuatro magistrados del TC que tienen su mandato caducado desde junio. «Nada más urgente e importante tienen que hacer los dos nombramientos que les corresponde», ha agregado Bolaños, defendiendo la trayectoria y validez de Campo y Díez para el TC, a pesar del marcado carácter político de su nombramiento.

Sánchez desafía al Poder Judicial

Nunca antes un Gobierno había elegido como candidatos al tribunal de garantías a dos personas que habían formado parte del propio Ejecutivo que los designa. Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional, se despidió de Moncloa apenas el pasado mes de abril para pasar a ocupar la vicepresidencia del Consejo General de Garantías Estatutarias de Cataluña tras un pacto entre ERC, PSC y Junts. Por su parte, Campo dejó el ministerio de Justicia en julio de 2021 –tras el indulto a los líderes del ‘procés’– para volver a ejercer como magistrado en la Audiencia Nacional.

Bolaños se ha amparado en una sentencia del propio tribunal de garantías para nombrar a sus dos magistrados sin los dos que le corresponde designar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha defendido la trayectoria de los candidatos designados por el Gobierno para el TC. «Consideramos que son dos perfiles absolutamente idóneos. Pocas personas tienen un conocimiento tan amplio de la Administración desde distintos puestos», ha dicho. Además, el ministro ha asegurado que está «convencido» de que harán su labor «con rigor» y «con vocación de servicio público».

En este sentido, Bolaños ha reprochado que se ponga la imparcialidad de los magistrados que ha propuesto ahora el Gobierno y ha asegurado que tienen la misma idoneidad que los magistrados que van a sustituir y que fueron nombrados por el Ejecutivo anterior. En los últimos meses, el Ejecutivo ha fluctuado desde posiciones que, en un primer momento, contemplaban designar a sus dos candidatos para el TC, aunque el CGPJ no pudiera hacer lo mismo porque entonces la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se lo impedía, hasta otras en las que abogaba por dar un tiempo prudencial al órgano de gobierno de los jueces para que, ya recuperada la capacidad legal para hacerlo, nominara a su dupla para el TC.

Ahora que Moncloa ha optado por avanzar sin el CGPJ, deberá despejar la incógnita el Pleno del TC, ya que es quien debe dar el ‘placet’ a los seleccionados. En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque -explicaban- el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo de 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.

Sin embargo, las mismas fuentes subrayan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional. Frente a esta tesis, otras fuentes consultadas sostienen que la Constitución no permite más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los 4 magistrados), porque lo contrario supondría ‘de facto’ hacerlo por sextos (2 magistrados).

El Constitucional será progresista

Así las cosas, la llave del Pleno la tendrá la actual mayoría conservadora del TC, de 6 a 5, ya que la plaza del magistrado Alfredo Montoya -que debe cubrir el Senado- sigue vacante desde que renunció por motivos de salud el pasado mes de julio. Cabe recordar que, si el Gobierno logra el visto bueno del Pleno, la mayoría del Tribunal Constitucional cambiará porque González-Trevijano y Narváez, en su día postulados por el Ejecutivo de Rajoy, serían sustituidos por los dos que enviara el Gabinete de Sánchez, configurando una mayoría progresista de 7 a 4, a falta de los dos del CGPJ.

Campo salió del Gobierno tras la remodelación en la que Pedro Sánchez decidió prescindir de sus servicios en el Ministerio de Justicia para poner en su lugar a Pilar Llop y tras una época convulsa marcada por los indultos concedidos a los nueve condenados por sedición y malversación a causa del ‘procés’ y por las frustradas negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, un asunto aún pendiente.

Una vez formalizado su cese como ministro de Justicia, Campo solicitó su reincorporación a la Audiencia Nacional para ocupar su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, funciones que retomó el septiembre del año pasado. Eso sí, durante estos meses se ha apartado de las causas políticas por su anterior cargo político.

Díez Bueso ocupó hasta el pasado mes de abril el cargo de Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática tras haber pasado por el puesto de Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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