La reforma de la malversación beneficiará a los implicados en los casos Púnica, Kitchen y ERE
La enmienda presentada por ERC pone en el centro del debate el lucro personal. Supone una contrarreforma al cambio auspiciado por el PP en 2015
José Antonio Griñán y su abogado acuden al juicio en 2018. | Eduardo Briones (Europa Press)
Llevárselo crudo o no llevárselo, esa es la cuestión. La enmienda para reformar el Código Penal promovida por ERC plantea dividir el delito de malversación en función de si el autor se lucró o no con el manejo del dinero público. Esa distinción determinaría la horquilla de las penas si acaba aprobándose la propuesta. De confirmarse que no existió enriquecimiento personal, las condenas actuales se reducirían a la mitad. Los expertos señalan que el cambio legal beneficiará principalmente a los líderes del procés, pero también a los implicados en otros casos, algunos tan mediáticos como Púnica, Kitchen o los ERE.
El delito de malversación, que consiste en la apropiación indebida de dinero público, está recogido entre los artículos 432 y 435 del Código Penal. Establece penas de prisión que oscilan entre los dos y los seis años, pero la horquilla aumenta entre los cuatro y los ocho años en los casos más graves, aquellos que han causado «entorpecimiento al servicio público» o han supuesto un perjuicio superior a los 50.000 euros.
La consulta auspiciada por Artur Mas en Cataluña en 2014 encontró respuesta meses más tarde. El gobierno de Mariano Rajoy, que disponía de mayoría absoluta, reformó en 2015 el delito de malversación y amplió su concepción. A partir de entonces, malversar significa sustraer caudales públicos. Da igual quien obtenga el lucro, si el propio malversador o un tercero; basta con perjudicar el patrimonio público.
El lucro propio en la malversación
La enmienda que ha registrado ERC este viernes en el Congreso de los Diputados vuelve a poner el lucro personal en el centro. Los expertos consultados por THE OBJECTIVE explican que supone regresar al escenario que existía antes de la reforma del PP. Una contrarreforma en toda regla. El PSOE insiste en que el cambio normativo no afectará a los ya condenados y que, en ningún caso, evitará la entrada en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.
Lo que plantean los nacionalistas catalanes es que, si no se prueba el beneficio propio, la pena de prisión por delito de malversación descienda a la mitad. Oscilaría entonces entre los seis meses y tres años. El tipo básico de las condenas seguiría tal y como está. En caso de que existan agravantes, esto es, que lo desviado supere los 40.000 euros (10.000 menos de la cuantía actual) o el dinero tuviese como finalidad atender una calamidad, las penas aumentarían de cuatro a ocho años de cárcel, igual que el máximo actual.
«Parece lógico que las penas sean más altas si existe enriquecimiento propio. Hay un matiz entre usarlo para una campaña política o llevártelo a tu casa», sostiene el penalista José Antonio Carrasco, de Arlis Abogados. En su opinión, que la condena mínima sea de solo seis meses implicará que la mayoría de condenados no pise la cárcel. Este especialista considera que el «objetivo político» es beneficiar a los líderes del procés, pero que «una vez aprobado podrán acogerse otros condenados».
Los primeros favorecidos serán una veintena de políticos independentistas investigados, procesados o condenados por este ilícito penal a causa del procés, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. En la misma situación se encontrarían los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años tanto de prisión como de inhabilitación. En su caso, las penas de cárcel fueron indultadas, pero las de inhabilitación siguen vigentes.
Políticos de todos los colores
La reforma también supondría un quebradero de cabeza menos para Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos huidos pero reclamados por el instructor del procés por los delitos de malversación y de sedición. Otros excargos del Govern y exalcaldes catalanes se verán beneficiados igualmente, ya que su procesamiento por malversación por los preparativos del referéndum independentistas del 1 de octubre de 2017 no llevaría aparejado un enriquecimiento personal.
Los precursores del procés no serán los únicos favorecidos por el cambio normativo. En los últimos años se han dado multitud de casos de corrupción, unos juzgados y otros pendientes de juicio. La reforma del delito de malversación abre una puerta a la esperanza para políticos de todos los colores, incluidos los de PSOE y PP. Los casos más mediáticos son Púnica, Kitchen y los ERE de Andalucía.
Los implicados en el caso Púnica serían algunos de los favorecidos. La investigación de esta trama de corrupción masiva en la Comunidad de Madrid durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, ambos del PP, no ha recabado pruebas de lucro personal, aunque se sospecha que habría servido para financiar ilegalmente la formación política.
Kitchen investiga una supuesta operación de espionaje ilegal perpetrada por el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos que pudiera comprometer al gobierno de Rajoy. El juez dictó hace meses un auto de procesamiento contra la antigua cúpula de Interior por varios delitos, entre ellos la malversación. Sin embargo, en el sumario no aparece prueba alguna de que el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad se lucraran con la operación, aunque se financiara con fondos públicos.
Aluvión de peticiones
Un escenario similar a la decena de condenados por el caso ERE, entre ellos el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Los abogados han expuesto que ninguno trabajaba en la Consejería de Empleo cuando se desviaron las ayudas, por lo que no obtuvieron lucro personal. A pesar de ello, fueron condenados por malversación tras permitir los pagos a sabiendas de que la gestión era irregular. Dos de los cinco magistrados del Tribunal Supremo que ratificaron la sentencia emitieron un voto particular que ha servido de base para pedir los indultos.
Son solo algunos de los casos, pero hay más. Los penalistas esperan un aluvión de peticiones para revisar las sentencias si finalmente se aprueba la reforma «quirúrgica» que plantea ERC. El abogado José Antonio Carrasco subraya que habría que estudiar caso por caso, ya que no todos son iguales. Una opinión que secunda el penalista Alfredo Arrien, de Paredes & Asociados: «Cambiar el delito de malversación afecta a todos los condenados, que podrían beneficiarse del principio de retroactividad favorable para el reo».
El Gobierno lleva meses repitiendo que la corrupción es una línea roja. Los socialistas pretenden limitar la propuesta de los nacionalistas catalanes. Aseguran que «cualquier uso irregular de los fondos públicos va a estar penado» y que ningún condenado se va a beneficiar de la reforma. En la mente de todos aparece el nombre de Griñán, un caso que puede suponer un coste electoral a escasos cinco meses de las municipales. También les preocupa el descontento interno.
Cuatro barones se han opuesto públicamente a la rebaja de la malversación pactada por Pedro Sánchez y ERC. Para compensar ese desgaste, el PSOE ha presentado otra enmienda a la reforma del delito de malversación. La intención es crear un nuevo tipo penal contra el enriquecimiento ilícito. Se castigará con penas de entre seis meses y tres años de prisión a los cargos públicos que incrementen su patrimonio o cancelen deudas en más de 250.000 euros sin justificar.
