La Fiscalía avala entregar a Marruecos a un detenido por traficar con inmigrantes
Yassin Salhi se opone a su extradición, cuya vista se celebra este martes en la Audiencia Nacional. En 2021 llegaron a España 39.157 migrantes de modo irregular
Una patera llega al puerto de Tenerife en marzo. | Mercedes Menendez (Zuma Press)
La Fiscalía avala entregar a Marruecos a Yassin Salhi. Este ciudadano de nacionalidad marroquí con residencia en España ha sido reclamado por las autoridades alauí por dirigir, supuestamente, una organización dedicada a trasladar inmigrantes ilegales a Europa. La deportación está amparada por un convenio firmado entre ambos países en enero de 2009 y fue aprobada por el Consejo de Ministros, aunque el acusado se opuso. La vista de extradición se celebra este martes en la Audiencia Nacional. Solo en 2021 llegaron a España 39.157 migrantes de modo irregular.
Marruecos sostiene que los delitos de pertenencia a organización criminal y de inmigración ilegal se han cometido en su territorio, por lo que solicita la extradición. Un escenario que avala el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El Gobierno autorizó entregarlo en octubre, pero el acusado se opuso, por lo que ha sido necesario activar el procedimiento judicial en el órgano competente, la Audiencia Nacional.
Salhi fue detenido el 17 de agosto en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Actualmente se encuentra en prisión provisional acusado de dirigir una organización criminal que se dedicaba a la inmigración clandestina de subsaharianos. Los sacaba de Marruecos con dirección a Europa desde Nador a cambio de un precio que oscilaba entre los 15.000 y los 20.000 dirhams por persona, lo que equivale a unos 1.800 euros.
La posición de la Fiscalía
Para hacerlo se servía de embarcaciones neumáticas a motor. El escrito de la Fiscalía afirma que el reclamado actuaba con otros sujetos que acompañaban a los inmigrantes en las lanchas o efectuaban labores de vigilancia y suministro de embarcaciones y motores.
El Ministerio Público insiste en que esta actividad ilícita viene produciéndose al menos desde 2009, pero alerta de que una década más tarde consiguieron hacerse con un número mayor de embarcaciones y aumentar el flujo de migrantes. La organización llegó a organizar hasta tres operaciones por semana. Una actuación penada por el artículo 294 del Código Penal marroquí.
La orden de detención de Salhi fue emitida en junio por el Fiscal General del Rey ante el Tribunal de Apelación de Nador. La Embajada de Marruecos en España solicitó su extradición el 19 de septiembre. El sospechoso había sido detenido un mes antes en Roquetas de Mar y desde entonces permanece en prisión provisional.
El Consejo de Ministros autorizó la entrega el 11 de octubre, pero el reclamado se negó y aludió al artículo 12 de la Ley de Extradición, que establece que un juez resuelva el caso. La vista se celebra este martes en la Sala Tercera (de lo Penal) de la Audiencia Nacional. Las deportaciones entre España y Marruecos están amparadas por el Convenio de Extradición que ambos países firmaron en enero de 2009 y por la Ley de Extradición Pasiva española.
Las fuentes jurídicas consultadas explican que las extradiciones entre ambos países son habituales. Subrayan que, al compartir frontera (marítima, pero también terrestre en Ceuta y Melilla), los casos de traficantes de migrantes son uno de los que más actividad registra y que Salhi no es el primero que se opone a la deportación por las duras condiciones que existe en las cárceles marroquíes.
El delito por el que se le acusa, traslado de inmigrantes ilegales a Europa, genera un negocio millonario para los implicados que las autoridades llevan décadas tratando de eliminar. Solo en 2021, último año completo con datos, llegaron a España 39.157 sin papeles, una cifra muy similar a la del año anterior según el Ministerio del Interior. La mitad lo hicieron a Canarias.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no contabiliza la entrada de migrantes ocurrida durante la crisis migratoria de Ceuta el 17 y 18 de mayo. El Gobierno de la Ciudad Autónoma considera que a los datos oficiales hay que añadir 12.000 entradas producidas solo en esos dos días. Hasta agosto de este año, el número de personas que han llegado a España de manera irregular ascendía a 16.718, una cifra ligeramente superior a la del curso anterior en ese periodo.
