El Gobierno inicia los trámites para liquidar la Fundación Francisco Franco
El Protectorado de Fundaciones estudia cómo aplicar la nueva ley de Memoria Democrática para extinguir la entidad, aunque la última palabra la tendrá un juez
Franco durante una visita a Sevilla en 1961. | Julio Bou (Europa Press)
El Gobierno busca liquidar la Fundación Nacional Francisco Franco. A través del Protectorado de Fundaciones ha comenzado a estudiar la aplicación de la ley de Memoria Democrática aprobada en octubre para extinguir esta entidad inscrita en el registro de fundaciones desde 1977. Se trata de una demanda histórica de asociaciones de víctimas, grupos memorialistas y partidos de izquierdas, aunque la última palabra la tendrá un juez.
El Protectorado de Fundaciones examina cómo aplicar la nueva ley tanto con la Fundación Franco como con otras organizaciones, revela una portavoz gubernamental. No obstante, no precisa el número de organizaciones que pueden verse afectadas. Juan Chicharro, presidente de la entidad, advierte de que acudirán a los tribunales para impedir su extinción.
Los expertos consultados por THE OBJECTIVE revelan que, para culminar la operación, la oficina dependiente del Ministerio de Cultura deberá presentar una solicitud de ilegalización ante los juzgados, que serán quienes avalen la decisión. El Gobierno no puede proceder a su extinción de manera unilateral porque no tiene potestad para hacerlo.
Enaltecer a Franco
El trámite administrativo que pone en marcha el proceso aún no se ha producido. La investigación se encuentra en una fase inicial. El objetivo es discernir qué fundaciones son susceptibles a la extinción por realizar apología del franquismo, ensalzar el golpe de Estado y la dictadura, enaltecer a sus dirigentes o humillar a las víctimas, como establece la disposición adicional quinta de la nueva norma.
La liquidación de la Fundación Francisco Franco se antoja complicada. El proceso puede durar varios años, subrayan los expertos. «No será inminente», reconoció el ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, cuando comenzó el trámite parlamentario de la nueva ley. Su aprobación definitiva se produjo el pasado octubre, tres años después de la exhumación del dictador en el Valle de los Caídos.
La ley de Memoria Democrática aprobada en octubre modifica diversos preceptos del régimen de extinción y liquidación de las fundaciones, por lo que incluye un cambio en la ley de Fundaciones de 2002. La disposición adicional quinta de la nueva norma dispone liquidar entidades que «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo». Entre esas causas incluye la apología del franquismo o el enaltecimiento de sus dirigentes.
La disposición continúa afirmando que corresponde al Protectorado «instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa». El juez puede acordar la suspensión provisional de sus actividades hasta que dicte la sentencia definitiva, según los artículos 721 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil. La disposición final segunda de la nueva norma modifica el artículo 33 de la ley de Fundaciones, ampliando las causas de liquidación de estas.
«Llenar una laguna»
El abogado Fernando Moreno, del bufete Mas y Calvet, esgrime que mediante estas dos modificaciones se pretende «llenar una laguna de la que adolecía la normativa», que hasta ahora no contemplaba expresamente la extinción y liquidación de las fundaciones cuando sus fines dejen de ser considerados de interés general. No obstante, advierte de que los cambios legales pueden «adolecer de defectos técnicos relevantes», ya que es difícil distinguir si una entidad hace apología del franquismo.
«La ley de Memoria Democrática es inconstitucional, sectaria y totalitaria», asegura a este diario Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco. En su opinión, la entidad que lidera «no menosprecia ni humilla a víctima alguna ni por supuesto incita al odio y a la violencia, requisitos indispensables que marca la norma». Este general retirado cree necesario definir el significado de «hacer apología del franquismo» y avanza que darán la batalla en los juzgados.
Es el temor que alberga Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Considera que la organización debió ser ilegalizada hace años en virtud a la ley de Fundaciones, aprobada en 2002. En su artículo 3 establece que las fundaciones deben «perseguir fines de interés general». Los estatutos de la Francisco Franco afirman que su fin es «difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra» del dictador.
La organización que preside Silva llegó a presentar sin éxito más de 200.000 firmas en el Congreso para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Ahora cree necesario «definir lo que significa hacer apología del franquismo» porque un cambio de estatutos serviría a esta entidad «que celebra misas, loa al dictador y convoca concursos para difundir su figura» a esquivar los supuestos que incluye la nueva ley.
«La redacción de la disposición adicional quinta de la ley de Memoria Democrática deja muchas incógnitas pendientes en relación con la apología», afirma Diego Fierro, letrado de la Administración. En un artículo publicado en la revista jurídica Economist & Jurist insiste en que la ley de Fundaciones ya recogía un régimen jurídico propio que podría haber llevado al Protectorado de Fundaciones a pedir la extinción de la organización.
Fierro sostiene que existen varias sentencias del Tribunal Constitucional que dificultan la ilegalización de la Fundación Francisco Franco y que eso va a depender «de la interpretación de los fines y acciones de la entidad a partir de los casos relativos a partidos políticos». Cree que el caso terminará en el tribunal de garantías, lo que generará más polémica si cabe al asunto.
El senador Carles Mulet, de Compromís, apunta a que, además de la Fundación Francisco Franco, deberían liquidarse organizaciones como Denaes, Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortes, las fundaciones dedicadas a José Antonio Primo de Rivera, Yagüe, Queipo de Llano, Blas Piñar, Ramiro Ledesma, Serrano Suñer, Abogados Cristianos e incluso FAES, el think tank vinculado al PP.
Chicharro se rebela. Cree que su organización trata «con perspectiva histórica» el franquismo, «cuando se produjo la mayor transformación social de nuestra historia». Se queja de que no se ponga el mismo interés en la extinción de fundaciones de carácter marxista cuando «una resolución del Parlamento Europeo recomendó su disolución». La resolución a la que alude tuvo lugar en septiembre de 2019, pero no es vinculante y solo señala la retirada de monumentos y lugares conmemorativos en espacios públicos.
