La reforma penal permite regresar a Rovira y Ponsatí sin riesgo de cárcel
Llarena suprime la sedición que imputaba a Rovira y Ponsatí y las procesa únicamente por desobediencia, un delito que no está castigado con penas de cárcel
La secretaria general de ERC, Marta Rovira | Matthias Oesterle / Zuma Press / ContactoPhoto
El nuevo auto de procesamiento dictado por el Supremo tras la entrada en vigor de las reformas penales permite el regreso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y de la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, ambas huidas de la justicia española, sin exponerse a penas de prisión.
Se confirma así la noticia publicada por THE OBJECTIVE en la que se aseguraba que Rovira vería prescrito el delito de sedición por el que se fugó de la Justicia y podría regresar a España sin cargos por el ‘pacto’ de Sánchez y ERC sobre sedición.
Ambas líderes independentistas, que huyeron a Suiza -en el caso de Rovira- y a Escocia -en el de Ponsatí-, estaban procesadas por el juez del Tribunal Supremo por un delito de sedición, que ha sido derogado del Código Penal con las reformas impulsadas por el Gobierno, con el apoyo de ERC, y que han entrado hoy en vigor.
Este mismo jueves, el juez Pablo Llarena ha dictado un auto en el que suprime la sedición que imputaba a Rovira y Ponsatí y las procesa únicamente por desobediencia, un delito que no está castigado con penas de cárcel, pero que puede conllevar hasta dos años de inhabilitación.
La reformulación de los delitos con la entrada en vigor de las reformas penales abre la puerta al regreso de Rovira, aunque fuentes próximas a la líder de ERC han apuntado a EFE que esa decisión no será inminente, puesto que depende también de sus circunstancias políticas y personales.
También propicia que vuelva sin riesgo de prisión Clara Ponsatí, para quien Llarena dictó una orden de detención por sedición tras la sentencia del procés, que está suspendida a la espera de que la justicia europea se pronuncie sobre el alcance de las euroórdenes y sobre su inmunidad como europarlamentaria.
Ponsatí, que fue consellera de Enseñanza cuando se organizó el procés, huyó de España junto al expresidente catalán Carles Puigdemont tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), una vez fueron destituidos por la activación del artículo 155 de la Constitución y la Fiscalía se querelló contra los miembros del Govern por rebelión en el procés.
Meses después, se trasladó a Escocia a reincorporarse a la Universidad de Saint Andrews para ejercer de profesora de Economía y Finanzas y, desde las elecciones al Parlament Europeo de 2019, es eurodiputada de JxCat junto a Puigdemont y el exconseller de Salud Toni Comín.
Por su parte, Rovira, que el 1-O era portavoz del grupo de JxSí en el Parlament, huyó a Suiza en marzo de 2018, el mismo día en el que el juez Pablo Llarena la citó en el Supremo, como al resto de investigados por el procés que estaban en libertad provisional, para comunicarle que estaba procesada por un delito de rebelión.
Con el nuevo escenario penal, ambas políticas podrían seguir los pasos de otras dos dirigentes independentistas procesadas por el procés, la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, quienes optaron por volver a España para entregarse en el Supremo tras haber huido, respectivamente, a Bélgica y a Suiza.
Serret, que se fue de España tras la DUI junto a Puigdemont y otros exconsellers, fue la primera de los huidos por el procés que regresó a España, en marzo de 2021, al ver despejado su horizonte procesal después de que Mundó, Borràs y Vila fueran condenados solo por desobediencia y no malversación -que sí conlleva penas de cárcel- por no estar acreditado que sus consellerias autorizaran pagos para organizar al 1-O.
Actualmente consellera de Acción Exterior, Serret está a la espera de ser juzgada por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: la Fiscalía le pide un año de inhabilitación, pena inferior a los 20 meses que el Supremo condenó a Mundó, Borràs y Vila.
Por su parte, Anna Gabriel, que se fue a vivir a Suiza en 2018, compareció el pasado mes de octubre ante el Supremo, que le comunicó formalmente su procesamiento por un delito de desobediencia.
