La huelga de letrados contra el Gobierno bloqueará 32 millones de euros diarios
Los paros comienzan el 24 de enero y buscan las mejoras salariales prometidas. El Ministerio de Justicia afirma que la mayoría de los acuerdos se han cumplido
La ministra de Justicia durante una sesión en el Congreso. | Eduardo Parra (Europa Press)
La huelga de letrados de la Justicia amenaza con colapsar el sistema. Comenzará el 24 de enero y tendrá carácter indefinido. Los trabajadores demandan al Gobierno que cumpla un pacto que incluía importantes mejoras salariales. El Ministerio de Justicia afirma que solo queda pendiente uno de los 11 acuerdos suscritos, algo que desmienten los afectados. Los paros tendrán consecuencias. Paralizarán juicios y declaraciones, pero también supondrán un bloqueo económico de 32 millones de euros diarios.
Las asociaciones de letrados advierten de que la huelga acarreará un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno, pero también para los ciudadanos. Demorarán juicios, declaraciones de acusados, investigados y peritos en toda España. Pero no solo eso. «La consecuencia más grave es la económica», sostiene Juan José Yáñez, portavoz del Comité de Huelga.
Los paros previstos supondrán retrasar los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas o indemnizaciones, entre otras cosas) y al Tesoro Público (multas, depósitos o subastas), ya que estos funcionarios son los únicos que tienen acceso a los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales.
El compromiso del Gobierno
Un informe de la Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE cifra en 2.090 millones de euros el monto ingresado a través de estos profesionales solo en el primer trimestre del año pasado. Si dividimos esa cantidad por los 66 días laborables de ese periodo, resulta una media de 31,7 millones de euros diarios. Así lo certifican los datos económicos del Consejo General del Poder General (CGPJ).
«Los letrados somos los encargados de firmar todo lo que se dicta en los juzgados. Sin nosotros no funcionan», subraya Yáñez. Antes de iniciar la huelga, trataron de quemar un último cartucho enviando una carta al presidente del Gobierno. En la misiva las tres asociaciones convocantes recuerdan a Pedro Sánchez que estos empleados son «imprescindibles» para la actividad judicial y que los paros tendrán «un impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos».
El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, fija el origen del conflicto con el Gobierno en «la falta de adecuación salarial» a favor de los más de 4.300 letrados de la Administración de Justicia. Una ley de 2009 les atribuye mayores funciones y responsabilidades, lo que según los damnificados provocó «un insoportable desequilibrio en las prestaciones» que recibían.
Alcanzaron un pacto con el departamento que dirige Pilar Llop en diciembre de 2021. El Consejo de Ministros aprobó en febrero del año pasado un complemento específico de 195 euros al mes, según lo acordado en la Mesa Sectorial. Los letrados sostienen que no es suficiente porque siguen «sin desarrollarse debidamente la adecuación salarial».
Nuevo pulso a Llop
Desde el Ministerio de Justicia indican que han cumplido la mayoría de los acuerdos. Entre ellos, la mejora en las retribuciones por entradas y registros, los concursos de traslados o la convocatoria de elecciones al Consejo de Secretariado, previstas para el mismo día que comienzan los paros. «El argumento que nos da el Gobierno es que Hacienda ha vetado las medidas que cerramos, pero esa no es una excusa válida», subraya Yáñez.
No es la primera vez que echan un pulso al Gobierno. Los letrados ya fueron a la huelga en enero y marzo del año pasado. Realizaron una nueva convocatoria en abril, pero la suspendieron tras los compromisos adoptados por Llop. Los paros se retomaron en noviembre y diciembre. Los funcionarios amenazaron entonces con convertirlos en indefinidos este 24 de enero si no conseguían sus pretensiones.
«Hemos pedido al Gobierno que reúna al Comité de Huelga, pero solo lo ha hecho para acordar los servicios mínimos», lamenta su portavoz, Juan José Yáñez. El Ministerio de Justicia sostiene que ha mantenido 36 reuniones con los letrados en los últimos meses y que «solo queda pendiente la revisión del sistema de productividad y el complemente de la carrera profesional», argumenta una portavoz gubernamental.
Los datos que maneja el departamento de Llop revela que el salario de los letrados oscilan entre los 37.697 y los 58.979 euros, el doble del salario medio en España. Esas cantidades supone «entre un 79% y un 143% más de lo que cobra cualquier otro funcionario de la Administración General del Estado en esos mismos niveles», según Justicia. Yáñez insiste en que si el ministerio aplica los acuerdos, como el mecanismo de sustituciones, supondrá «un ahorro».
