La Justicia estudia anular un 'hachazo' fiscal del PSOE a 500 pymes en el sureste de Madrid
El TSJ y un juzgado admiten a trámite los recursos interpuestos por empresas afectadas por una subida del 130% en el IBI en la localidad de Arganda del Rey
Recibos del IBI de 2021 y 2022 de una empresa de Arganda afectada por la medida. | THE OBJECTIVE
Arranca la guerra judicial entre un grupo de empresarios del municipio madrileño de Arganda del Rey y su Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, debido a un hachazo fiscal sin precedentes. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid y un juzgado de la capital han admitido a trámite los primeros recursos interpuestos por un centenar de pymes afectadas por una subida de hasta el 130% en el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) en el segundo mayor polígono industrial de la Comunidad de Madrid.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 32 de Madrid ha puesto fecha a la primera vista en la que se analizará la demanda de una empresa local que pide anular el pago del recibo del IBI de 2022. Un impuesto cuya subida, como adelantó THE OBJECTIVE, los empresarios de la zona consideran «desproporcionada» e ilegal y que afecta al menos a 458 empresas de Arganda del Rey, un municipio de unos 50.000 habitantes y un presupuesto anual de 73 millones de euros.
El Ayuntamiento que encabeza el socialista Guillermo Hita, alcalde de Arganda y presidente de la Federación Madrileña de Municipios, aprobó en diciembre de 2021 una de sus medidas estrella: bajar el IBI del 0,48% al 0,47% (solo una centésima) a todos los inmuebles urbanos residenciales de Arganda (un total de 20.905). Por el contrario, duplicó el mismo impuesto, hasta el tipo máximo del 1,1%, a las fincas de uso no residencial que superen los 500.000 euros de valor catastral.
Con la primera medida, dejaba de recaudar unos 370.000 euros este año por una rebaja que, según fuentes municipales, beneficiará al 98,6% de los habitantes de Arganda. Con la segunda, aumentará sus ingresos en unos 4,5 millones a costa del 1,4% de los inmuebles que pertenecen, en su mayoría, a pequeñas y medianas empresas de carácter industrial. Las empresas afectadas alertan de que la medida les ha supuesto un varapalo económico difícil de asumir para muchas de ellas en el actual contexto de crisis económica y aumento de previos.
Primera vista: el 8 de marzo
La primera vista judicial para estudiar la posibilidad de devolver el pago del IBI a una de las casi 500 empresas afectadas por la subida del IBI en Arganda se celebrará el próximo 8 de marzo, según un decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 32 de Madrid al que ha tenido acceso este diario.
En paralelo, el TSJ de Madrid ha admitido a trámite una demanda colectiva presentada por casi un centenar de empresas «contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey, de fecha 23 de diciembre de 2021» en el que se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI en el municipio. Las pymes que forman parte de esta demanda colectiva pretenden que la Justicia declare improcedente el acto y anule la subida de ese impuesto.
Aunque el TSJM les diera la razón, para poder recuperar el dinero que ya han tenido que pagar por el incremento del IBI de 2022, las empresas afectadas están obligadas a recurrir individualmente el pago del recibo. Este es el caso de una empresa dedicada a la fabricación de ferretería industrial cuyo recurso será analizado el próximo 8 de marzo por el Juzgado número 32 de Madrid.
Hachazo del PSOE
«En su mayoría son pymes o empresas familiares y cooperativas dedicadas a la industria, que necesitan una gran superficie y maquinaria para desarrollar su actividad. No son multinacionales, ni mucho menos», asegura David París, presidente de Asearco, la principal asociación de empresarios del sureste de Madrid. Añade que la medida está haciendo huir a potenciales inversores, puede poner en peligro muchos puestos de trabajo y ya ha provocado que algunas empresas «estén buscando ubicaciones para trasladarse a municipios cercanos como Rivas».
Es el caso de fundiciones Capa. Una empresa familiar dedicada a la fundición de esculturas que lleva arraigada en Arganda del Rey más de 60 años y cuenta con unos 15 empleados. En su caso, ha sufrido un aumento del 129% del IBI. De pagar 2.989 euros en 2021, este año ha tenido que asumir un recibo por importe de 6.250 euros.
Fuentes del Ayuntamiento de Arganda consultadas por este diario descartan la posibilidad de suspender la medida, aprobada en diciembre de 2021 con los votos a favor del PSOE, la abstención de Ciudadanos y de una concejal no adscrita, ex de Podemos, y con los votos en contra de PP y Vox.
Desde el consistorio destacan que la subida del IBI solo afecta a un 1,4% de los inmuebles y es perfectamente legal, ya que no se ha sobrepasado el tipo máximo contemplado por la ley. Las mismas fuentes enmarcan esta medida en una «reorganización del impuesto para equiparar los tipos al mismo nivel que hay en otros municipios vecinos como Rivas».
