El PP denunciará ante el TC a La Rioja por incumplir el reglamento del Parlamento
La Cámara regional aprueba por vía de urgencia una proposición de ley que deja en manos de su presidente y de la Mesa la decisión del orden del día en los plenos
Jesús Ángel Garrido, portavoz del PP en La Rioja. | Europa Press
Una OPA hostil. Así califica el PP la reforma del reglamento del Parlamento de La Rioja aprobada por vía de urgencia este miércoles. La proposición de ley auspiciada por PSOE e IU despoja de sus funciones a la Junta de Portavoces. Hasta ahora, su concurso era necesario para programar las sesiones y fijar el orden del día de los plenos. Con el cambio legal bastará que lo decida el presidente y la Mesa de la Cámara. Los populares van un paso más allá. Sostienen que la asamblea regional lleva meses incumpliendo las decisiones adoptadas por los representantes de los grupos y anuncian un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para denunciarlo.
Los servicios jurídicos del PP ya trabajan en la redacción del texto. Tienen un plazo de tres meses para presentarlo, aunque lo harán en los próximos días, según relatan a THE OBJECTIVE fuentes del partido. Para hacerlo era básico disponer de los escritos de reconsideración presentados ante la Cámara regional, un paso previo antes de llegar a la corte de garantías.
El recurso de amparo es un procedimiento que puede activar cualquier persona natural o jurídica que considere que se están vulnerando sus derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución. Estos actos deben de estar originados por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos. También puede disponer de este mecanismo para restablecer las libertades o derechos afectados el Defensor del Pueblo y la Fiscalía.
El compromiso del PP
La primera sesión del año en el Parlamento de La Rioja ha evidenciado la distancia entre el Gobierno regional y la oposición. Los votos de PSOE, IU y la diputada no adscrita han servido para aprobar por la vía de urgencia la reforma de su reglamento que despoja a la Junta de Portavoces de la función que compartía con la Mesa de la Cámara para programar las sesiones y fijar el orden del día de los plenos.
Para el PP se trata de «una maniobra» de la presidenta riojana, la socialista Concha Andreu, para sortear el trámite con los representantes de los grupos, «donde no cuenta con mayoría». Una mayoría que sí tiene en la Mesa, conformada por dos miembros del PSOE, otros dos del PP y la diputada de IU Henar Moreno. Los socialistas sostienen que la modificación servirá para «desbloquear» el trabajo legislativo, pero los populares denuncian busca controlar la institución.
La Rioja no será la única región donde la decisión de programar las sesiones residirá en el presidente y en la Mesa del Parlamento. El portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, critica un una conversación telefónica con THE OBJECTIVE «que se cambien las reglas de juego a mitad del partido». Especialmente, cuando solo quedan cuatro meses para los próximos comicios autonómicos.
«En lugar de negociar con los grupos, se cambia la legislación», insiste Garrido. El portavoz del PP en la Cámara regional lanza un compromiso: si su partido vence en las elecciones de mayo, modificará de nuevo el reglamento para dejarlo como estaba. Los populares ha gobernado La Rioja durante 27 de los 40 años de autonomía.
Pérdida de apoyo
A Garrido le preocupa más que el presidente del Parlamento, el socialista Jesús María García, haya convocado plenos «en contra del criterio de la Junta de Portavoces». Es justamente la denuncia que hará el PP ante el Constitucional. Entienden que esa decisión vulnera la ley. «Tenemos dudas de que la reforma del reglamento sea declarada inconstitucional. Sin embargo, estos últimos meses se han incumplido resoluciones del Parlamento. Nos interesa saber qué dice el tribunal».
El portavoz popular en La Rioja afirma que el presidente de la Cámara ha convocado plenos, fijado órdenes del día y se ha negado cambiar la composición de las comisiones «porque el PSOE pierde el apoyo de la diputada tránsfuga». Todo ello, insiste, en contra de los criterios de la Junta de Portavoces, cuya composición cambió en la primavera del año pasado, cuando Raquel Romero fue expulsada de Podemos por impago de cuotas y fue declarada diputada no adscrita.
Su lugar en la Junta de Portavoces como representante del Grupo Mixto lo ocupó Henar Moreno. De esa forma, el PSOE perdió su mayoría en el órgano. Romero mantiene el acta de parlamentaria y la Consejería de Igualdad, por lo que continúa sosteniendo a Andreu. Una circunstancia que, a ojos de la oposición, la convierte en una tránsfuga. La decisión de Romero abrió una brecha entre las antiguas compañeras de coalición, ya que IU se había mostró a favor de apoyar el gobierno, pero sin formar parte de él.
Los socialistas han denunciado desde entonces «el bloqueo» de la oposición a sus iniciativas legislativas. Un escenario con el que explican la reforma del reglamento, que incluye que dos diputados puedan constituirse en grupo parlamentario, en lugar de los tres que eran necesarios hasta ahora. El PP considera que se trata de «una contrapartida» para que IU apoyara su proposición de ley porque, de esa manera, percibirá 96.000 euros más en la próxima legislatura.
«Legislación a la carta»
El PSOE recuerda que históricamente han bastado dos parlamentarios para conformar grupo propio, algo que modificó en 2001 el popular Pedro Sanz, presidente de La Rioja entre 1995 y 2015, «para perjudicar» al Partido Riojano. La decisión le valió un tirón de orejas del Constitucional, que estimó que se estaba vulnerando el derecho al ejercicio del cargo parlamentario al elevar el umbral diputados requeridos.
El portavoz de los socialistas, Raúl Díaz, asegura que la intención del PP era «suspender la actividad de la Cámara de aquí al final de legislatura». Garrido le contradice: cree que la modificación del reglamento del Parlamento plantea «una legislación a la carta en base a lo que le conviene al PSOE para beneficio propio». Critica que la Cámara regional se vaya a convertir en «una sucursal» de Andreu, lo que la equipara a Pedro Sánchez en su intento de «controlar las instituciones».
