Los ecologistas acusan al Gobierno de incumplir una sentencia de la justicia europea
España autoriza al sector de la remolacha azucarera a utilizar un insecticida letal para las abejas que fue prohibido en Europa en 2018
El ministro de Agricultura, Luis Planas. | Alberto Ortega (Europa Press)
Ecologistas en Acción sale en defensa de las abejas. Acusa al Gobierno de autorizar un insecticida prohibido por la UE en 2018 que resulta «letal» para este insecto, el tiametoxam. Varios países se acogen a una exención que consiente su uso en condiciones excepcionales. Los activistas sostienen que ese escenario no se da en España. Reprochan al Ejecutivo que permita el empleo del pesticida a partir del 15 de febrero y que no acate la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que confirma que los Estados miembros «no pueden sustraerse de estas prohibiciones expresas». El Ministerio de Agricultura alega que está estudiando el fallo para aplicarlo.
El tiametoxam es un pesticida de la familia de los neonicotinoidos que el Gobierno autoriza para el tratamiento de la remolacha azucarera. Los ecologistas alertan de su elevada toxicidad para los insectos polinizadores porque «puede llegar al polen y al néctar de las plantas». Sostienen que su aplicación está detrás del colapso de las colonias de abejas, que han sufrido un declive del 37% durante la última década.
Esa razón llevó a la Comisión Europea a restringir el uso del insecticida en 2018. No obstante, la prohibición no fue completa: dejó la puerta abierta a utilizarlo en el tratamiento de semillas de determinados cultivos, entre ellos la remolacha azucarera, en el apartado 53 del reglamento de comercialización de productos fitosanitarios. España emite desde entonces autorizaciones excepcionales para su empleo. Los ecologistas critican que los permisos no se justifican por plagas o falta de alternativas ni están «argumentados científicamente».
El Gobierno autoriza a agricultores
Bélgica es otro de los países que emite esas autorizaciones. Dos asociaciones y un apicultor decidieron dar la batalla y, en febrero de 2021, recurrieron la decisión ante el Consejo de Estado. Consideraban que su gobierno había estado otorgando los salvoconductos «de manera abusiva y sin justificación suficiente» durante años. Además, afirmaron que contradecía los principios de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente.
El tribunal belga elevó el asunto hasta el TJUE, que se pronunció el pasado 19 de enero. La justicia europea concluyó que los Estados miembros «no pueden sustraerse de las prohibiciones expresas que hace el reglamento sobre los productos que contengan neonicotinoides».
Ecologistas en Acción pide al Gobierno que revoque la decisión de autorizar a los agricultores de la remolacha azucarera el uso del insecticida prohibido, como tiene previsto hacer a partir del 15 de febrero. Alegan que otros países europeos, como Francia, «ya han retirado estas autorizaciones ilegales». De no hacerlo, la organización denuncia que se estaría desobedeciendo la sentencia del TJUE.
En ese caso, Ecologistas en Acción amenaza con emprender acciones legales. El coordinador del área de Tóxicos, Koldo Hernández, afirma que están estudiando dos fórmulas. La primera, administrativa. En caso de que no surta efecto tendrían que acudir a los tribunales para anular o paralizar las autorizaciones excepcionales.
Fuentes gubernamentales afirman a THE OBJECTIVE que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está «a la espera de que los servicios jurídicos del Estado concluyan el estudio de la sentencia para establecer la forma jurídicamente correcta de aplicarla».
«Las condiciones de esos permisos no están definidas y ni siquiera se encuentran en la web del ministerio, aunque están obligados», lamenta Hernández. Su organización denuncia la opacidad del departamento que dirige Luis Planas, ya que «no hace pública esta autorización en el registro de autorizaciones excepcionales vigentes». E insisten: «Tampoco ha cumplido su obligación de informar a la Comisión Europea».
Hernández afirma que el Gobierno pone como excusa para permitir el uso de este insecticida «que los agricultores necesitan más tiempo para entrenarse con las nuevas técnicas». Los expertos alertan de que España autoriza casi 300 plaguicidas peligrosos para los polinizadores, el país con mayor número en Europa. Llevan años alertando de lo que supondría para el planeta la desaparicición de las abejas, indispensables para conservar la biodiversidad.
La relación de los daños que produce el tiametoxam ha sido ampliamente estudiada. En 2017, un año antes de la restricción de la UE, biólogos de la Universidad de San Diego (EEUU) demostraron cómo este producto reducía notablemente la capacidad de volar de los insectos. Meses más tarde, un equipo encabezado por Simone Tosi publicó en la revista Scientific Reports un estudio que comprobaba cómo este pesticida provocaba daños neurológicos a las abejas.
Su alarmante situación llevó al Gobierno a implementar un plan de acción nacional en 2019 para evitar su desaparición. El borrador aseguraba que «son un grupo biológico clave en la preservación de la producción primaria, sobre la cual se sustenta la vida en el planeta. La principal causa de su declive es el uso masivo de productos químicos en la agricultura». A pesar de esa afirmación, no incluía la prohibición de insecticidas dañinos.
