El nuevo Tribunal Constitucional de Pumpido avala la ley del aborto de Zapatero

El Pleno del Tribunal Constitucional avala la ley del aborto aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La mayoría progresista ha rechazado este jueves la ponencia elaborada por Enrique Arnaldo que proponía declarar inconstitucional por insuficiente el artículo que regula cómo informar a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. El presidente del órgano, Candido Cónde-Pumpido, nombrará ponente a Inmaculada Montalbán para que redacte una nueva resolución que desestime el recurso de inconstitucionalidad que presentó hace casi 13 años el PP y que aún no tiene una sentencia definitiva.

La norma que regula el aborto en España fue actualizada en 2010 con la ley de plazos. El gobierno socialista tomó el ejemplo de otros países europeos que establecen un periodo de tiempo para interrumpir el embarazo de forma voluntaria sin necesidad de cumplir otros requisitos, como requería la norma anterior. El nuevo texto permite abortar en las primeras 14 semanas de forma libre; entre la 14 y la 22 siempre que exista un criterio médico que lo justifique y, a partir de entonces, por anomalías graves e incurables.

Ni siquiera el PP discute la legalidad de la ley de plazos. Mariano Rajoy tan solo hizo una modificación a la norma haciendo necesario el consentimiento de los progenitores para que las menores de edad pudieran abortar. Como adelantó THE OBJECTIVE, el actual líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, acepta la norma y asume que el Constitucional terminará avalándola. No obstante, y aunque era su voluntad, no ha podido retirar el recurso de inconstitucional porque necesitaría la firma de los 50 diputados que lo avalaron en su momento.

Sin consenso en el aborto

La mayoría progresista ha inadmitido este jueves el recurso que presentó el PP hace casi 13 años. La sentencia desestimada por siete votos contra cuatro fue redactada por el magistrado conservador Enrique Arnaldo. El trabajo estaba listo en abril, pero el anterior presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, descartó llevarlo al pleno por la división que generaba. Consideró más conveniente aplazar el trámite hasta que se remozara la corte de garantías, lo que sucedió en enero.

Arnaldo no ha sido el primer ponente del recurso contra la ley de aborto ni tampoco será el último. La tarea recayó antes en los magistrados Elisa Pérez Vera y Andrés Ollero, que ni siquiera lo elevaron al pleno. La intención de la mayoría progresista era avalar la ley del aborto aprobada en 2010 de forma íntegra, algo que rechazaba el ponente, miembro de la minoría conservadora del órgano (cuatro de los 11 magistrados actuales).

El jurista defendía la necesidad de declarar inconstitucional el artículo 17.5, que regula cómo proporcionar información a la mujer que decida interrumpir su embarazo. La norma prevé que se haga por escrito, en un sobre cerrado, un sistema que el ponente considera insuficiente. Arnaldo sostiene que el proceso debería hacerse de forma verbal y directa para que «la gestante preste su consentimiento a la práctica del aborto debidamente informada».

Una posición que chocó de lleno con la opinión de los magistrados nombrados por PSOE y Podemos. No era la única discrepancia. También existían diferencias en los límites a la objeción de conciencia de los profesionales. Aunque Arnaldo desistió de declarar inconstitucional ese punto, solicitaba al Constitucional que debía dejar claro que la objeción de conciencia no se reduce estrictamente al personal sanitario. Ambas cuestiones han llevado a la mayoría progresista a rechazar la ponencia.

Un nuevo ponente progresista

Arnaldo ha declinado la redacción de una nueva sentencia, por lo que la corte de garantías tendrá que designar un nuevo ponente que permita alcanzar el consenso necesario para resolver un asunto que lleva varado casi 13 años. La persona que asumirá la responsabilidad será Inmaculada Montalbán, de corte progresista y vicepresidenta del Constitucional. Cinco exparlamentarios del PP habían pedido su recusación, ya que durante la tramitación de la ley formaba parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Pleno lo consideró excesivo.

El debate sobre la ley del aborto ha sido especialmente intenso. Han hecho falta dos jornadas para llegar a una conclusión. En la primera ni siquiera pudieron intervenir todos los magistrados. Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer, Cándido Conde-Pumpido y la mencionada Montalbán se han pronunciado este jueves. El día anterior el grueso de las discusiones estuvieron centrados en quienes debían participar en las deliberaciones sobre el recurso presentado hace más de una década por el PP.

Cinco exdiputados de los populares presentaron un recurso para que cuatro magistrados se apartaran de la resolución, pero el bloque progresista impuso su mayoría para evitar la abstención, que hubiese impedido alcanzar el quórum necesario de ocho miembros para resolver el asunto.

Conde-Pumpido, el exministro Juan Carlos Campo (que fue secretario de Estado con Zapatero), Montalbán y la conservadora Concepción Espejel cumplían aparentemente con las causas que, según el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son motivo de abstención de los jueces y magistrados para garantizar el principio de neutralidad e imparcialidad. Conde-Pumpido era fiscal general del Estado con Zapatero cuando en 2010 votó a favor de la constitucionalidad de ley del aborto en el informe preceptivo no vinculante que emitió el Consejo Fiscal.

Una situación muy parecida a la de Espejel que, en 2009, como miembro de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, votó en contra del informe redactado por el órgano de gobierno de los jueces sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Espejel, nombrada por el PP, solicitó el pasado martes al Pleno y al presidente del Constitucional su abstención al entender que, si participa en la votación, estaría faltando al deber de imparcialidad exigido.

El Pleno del Constitucional rechazó la abstención de la magistrada. El sector progresista liderado por Conde-Pumpido impuso su mayoría y declaró «no justificada» su inhibición, pese a los argumentos expuestos por la afectada. Una decisión que evidenció una nueva fractura en la corte de garantías. Los otros tres magistrados que conforman junto a Espejel el llamado bloque conservador (Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa) anunciaron que emitirán votos particulares para expresar su oposición a la decisión.