La Justicia se abre a considerar como víctimas de ETA a 200.000 vascos 'exiliados'
Un juez investigará a 10 exjefes de la banda terrorista por el asesinato en 2000 de un concejal del PP que sufrió coacciones para abandonar el País Vasco
Miembros de ETA ofrecen una rueda de prensa en octubre de 1998. | Europa Press
El número de víctimas de ETA puede dispararse. La decisión de un juez de la Audiencia Nacional de reabrir la causa por el atentado perpetrado hace más de dos décadas contra Jesús María Pedrosa Urquiza puede aumentar la cifra de damnificados en 200.000 personas. Todos abandonaron el País Vasco por «el clima intimidatorio», según la querella que presentó el año pasado la Asociación Dignidad y Justicia. El texto ha servido para que el magistrado Alejandro Abascal investigue la responsabilidad de 10 exjefes de la banda terrorista en el asesinato del concejal del PP en Durango (Vizcaya) y en la política de expulsiones forzadas.
Dignidad y Justicia presentó en agosto una querella de 88 páginas para solicitar que se aclare este asesinato, uno de los 379 que continúa impune según un informe del Parlamento Europeo. Pedrosa Urquiza fue abatido el 4 de junio de 2000 por un terrorista a cara descubierta cuando regresaba a su domicilio. Le efectuó un único disparo en la nuca y murió de forma instantánea. El edil popular había sido amenazado en varias ocasiones por ETA, aunque rechazó llevar escolta.
La asociación que preside Daniel Portero sostiene que el de Pedrosa Urquiza no fue un asesinato más. En la querella, a la que ha tenido acceso THE OBJETIVE, afirma que fue víctima de coacciones y acoso durante años. El objetivo era «hacerle huir» del País Vasco. Una posición que mantiene el juez en su auto, donde reconoce que su muerte se enmarcó en «una estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente hasta 2011», año que ETA anunció el cese definitivo de su actividad.
Coacciones de ETA
«No se ha abordado aún el esclarecimiento judicial del alcance e inmensidad de toda esa política de expulsiones forzadas perpetuada de zuba [comité ejecutivo de ETA] a zuba durante décadas, su extensión temporal y cuantitativa», insiste en su denuncia Dignidad y Justicia. La asociación alude en ella a la cifra que ofreció el Instituto Vasco de Crimimología en su denominado Proyecto Retorno, iniciado a finales de 2011.
El informe, encargado por el Departamento de Interior, tenía como objetivo articular un programa público de reparación para facilitar el regreso de aquellas personas que debieron huir del País Vasco acosados por ETA. Estimó que desde los años sesenta se marcharon entre 60.000 y 200.000 personas, aunque se indicó que no se trataba de «un estudio completo ni definitivo».
La cifra que arrojó dicho proyecto coincide con otros informes, como el del Ararteko (Defensor del Pueblo en el País Vasco) o el del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa tras una visita a nuestro país en 2001. Estos estudios revelan que miles de personas tuvieron que huir tras soportar coacciones y amenazas por militar en partidos políticos de índole no nacionalista.
«Hablamos de la expulsión de entre un 5 y un 10% de la población de la comunidad autónoma vasca, de en torno 2,2 millones de habitantes (…), algo que alcanza la escala de auténtica limpieza étnica», indica la querella, firmada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias. Dignidad y Justicia sostiene que se trata del «mayor caso de desplazados internos» de la UE.
Derecho a indemnizaciones
La decisión del juez de la Audiencia Nacional abre la puerta a que esas 200.000 personas que abandonaron el País Vasco por culpa del acoso de ETA sean consideradas víctimas de terrorismo. Una vez que las reconozca el Ministerio del Interior, tendrían derecho a indemnizaciones, ayudas y atención social, psicológica y laboral. Para ser consideradas como tal debe existir una sentencia judicial, algo que podría tardar años.
Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE consideran esa posibilidad como «remota» ya que en muchos casos será complicado demostrar las coacciones. El Congreso ya estudió en 2016 la posibilidad de considerar víctimas de ETA a los miles de «expulsados» por las hostilidades de la banda terrorista. En febrero del año siguiente, Interior concedió 2,63 millones de euros en ayudas a unas 150 personas que tuvieron que poner miles de kilómetros de distancia de su hogar para proteger su integridad.
La reapertura del asesinato de Pedrosa Urquiza en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional abre un nuevo horizonte para muchos de los que sufrieron a ETA en silencio. Como el concejal del PP en Durango, cuyo asesinato se enmarca en «la estrategia de terror» de la banda.
El juez Abascal ha ordenado investigar si ese «clima intimidatorio» provocó que miles de personas, muchas de ellas militantes de partidos no nacionalistas, tuvieran que irse del País Vasco. Dignidad y Justicia celebra que se vaya a esclarecer el asesinato sin resolver de Pedrosa Urquizaç, lo que dará pie a indagar sobre los 200.000 desplazados por las amenazas de ETA.
«Todos ellos ven por fin una posibilidad en la justicia para investigar su propio caso», reconoce Daniel Portero, presidente de la asociación. En su opinión, «el miedo infringido por la banda terrorista no tuvo consecuencias solo sobre los asesinados y heridos en atentados dramáticos, sino también sobre aquellos que, por proteger a sus familias, tuvieron que huir de su tierra».
Portero, hijo del fiscal asesinado por ETA en 2000 Luis Portero, sostiene que Pedrosa Urquiza fue «un héroe que pagó con su vida la resistencia que opuso a los asesinos». Y concluye: «Esperamos que su ejemplo sirva para reparar a estas otras víctimas y para que tenga un reconocimiento personal».
