El fiscal general advierte: la función del jurista no es «puramente aritmética» en el 'solo sí es sí'
Además, el jefe del Ministerio Fiscal recuerda que es el mismo fijado en su día tras la reforma de 2015 sobre los delitos de terrorismo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Europa Press
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este jueves el criterio fijado por él mismo en un decreto emitido el pasado noviembre sobre cómo aplicar la ley del solo sí es sí en las revisiones de casos, afirmando que su indicación de mantener las penas antiguas cuando sean imponibles con la nueva norma es «la más garantista y respetuosa» para las víctimas, al tiempo que ha reivindicado que la función de los juristas no es «puramente aritmética».
«La función del jurista no es puramente aritmética, no es –o no ha de ser– un ejercicio de automatismo, no somos meras calculadoras, debemos ser algo más. Nuestro trabajo es interpretar la norma utilizando para ello todas las herramientas legales, jurisprudenciales y hermenéuticas a nuestra disposición», ha dicho durante su intervención en la Comisión de Justicia del Senado para presentar la memoria anual de la Fiscalía General del Estado (FGE).
García Ortiz ha señalado que, «entre las distintas interpretaciones constitucionalmente posibles», el Ministerio Fiscal ha optado «por la más garantista y respetuosa con los derechos de las víctimas y más acorde con el espíritu de los convenios internacionales suscritos por España, particularmente con el Convenio de Estambul».
«Les aseguro que no nos hemos inventado nada», ha subrayado para recordar que «la misma conclusión jurídica a la que llega el decreto fue, por ejemplo, la sostenida por nuestro Tribunal Supremo al aplicar la reforma de los delitos de terrorismo introducida por LO 2/2015 y que, como esta, carecía de un régimen transitorio expresamente previsto».
Por ello, ha razonado que «el decreto pretende también garantizar los principios de seguridad jurídica y de igualdad, asegurando que a cualquier penado, sea por el delito que sea, se le aplica una misma interpretación de la ley penal más favorable».
«Los agresores sexuales no pueden tener un tratamiento privilegiado respecto del resto de delincuentes que, a lo largo de las distintas reformas del Código Penal, han sometido sus condenas a revisión», ha sostenido.
«No somos ajenos al debate social»
García Ortiz ha puesto en valor que la ley del solo sí es sí «ha supuesto un cambio de paradigma al incluir el consentimiento afirmativo como eje y elemento esencial del delito, en línea con los postulados del Convenio de Estambul, al tiempo que incorpora medidas preventivas, de protección y de reparación».
En este sentido, ha destacado que «una víctima asistida, protegida, amparada, empoderada y con recursos suficientes puede afrontar con mejores herramientas la dureza del proceso penal».
Y ello, ha resaltado, «conlleva beneficios no solo para la propia víctima, sino también para el procedimiento, pues nos asegura una prueba de cargo imprescindible para la persecución y castigo del delito, evitando espacios de impunidad».
«No somos ajenos al debate político, social y mediático relacionado con los aspectos punitivos de la ley y con la interpretación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable», ha querido recalcar.
