Abren juicio contra un exconsejero del PSOE y un exmiembro de UGT por el caso ERE
Entre los acusados figuran el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández. | María José López (Europa Press)
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha decretado la apertura de juicio oral contra 35 personas y dos sociedades, entre ellos el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández y el exsindicalista de UGT supuesto mediador en la consecución de ayudas autonómicas Juan Lanzas, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita, en su conjunto; en las sobrecomisiones detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la Junta de Andalucía.
En un auto emitido el pasado 1 de febrero y publicado por ABC y Diario de Sevilla, el juez Vilaplana da cuenta de que la Fiscalía Anticorrupción ha formalizado un escrito de acusación contra 35 personas y dos sociedades, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita, en la pieza de la macrocausa de los ERE correspondiente a las sobrecomisiones que habrían mediado en dichos procedimientos, con cargo a los fondos autonómicos.
Entre los acusados figuran el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, el exsindicalista de UGT y supuesto «conseguidor» de fondos de la Junta de Andalucía Juan Lanzas, sus supuestos testaferros Juan Francisco Algarín Lamela y Eduardo Leal, su pareja Beatriz Núñez; el ex secretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, el directivo de Uniter José González Mata, el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín y su mujer, María José Marcos Férriz; Juan Francisco Trujillo, antiguo chófer del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero (fallecido en 2020), el abogado Carlos Leal Bonmati o el empresario granadino Ismael Sierra.
Los implicados en los ‘ERE’
Antonio Fernández, recordémoslo, cumple actualmente una pena de siete años, once meses y un día de prisión impuesta por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por un delito de malversación derivado del mecanismo o «procedimiento específico» de financiación de los ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, con cargo a los fondos autonómicos. Juan Márquez está condenado a tres años de prisión por esa misma pieza, si bien la Sección Primera de la Audiencia accedió a suspender un año la ejecución de su pena, mediando su petición de indulto parcial.
Fernández y Márquez están condenados además a siete años y cuatro años de prisión, respectivamente, por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), otra pieza separada de la macro causa de los ERE.
Más al detalle, la Fiscalía pide 12 años de prisión para el exconsejero Fernández, para Márquez nueve años de cárcel, para Daniel Alberto Rivera seis años y un mes de prisión, para Lanzas 18 años y para el exchófer de Guerrero cuatro años de prisión. Además, solicita que el exconsejero Fernández, junto con otros acusados como Albarracín, González Mata o Lanzas, indemnice a la Junta de Andalucía con 59.770.664,25 euros.
Respecto a Juan Márquez pide que indemnice a la Junta «en la cantidad que se determine en ejecución de sentencias por los compromisos y pagos efectuados de la cantidad de 59.770.664,25 euros desde su toma de posesión como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo»; solicitando en paralelo que Fernández, Márquez, Daniel Alberto Rivera y Gonález Mata «respondan de la cantidad de 860.773,15 euros por los pagos de 408.304,89 euros y 452.468,26 euros» investigados en esta causa.
Igualmente, y entre otros aspectos, respecto a los responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo, la Fiscalía reclama que la federación de Industria de CCOO responda de 384.000 euros merced a las cuantías reclamadas al ex secretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto.
Así, el juez Vilaplana ha decretado la apertura de juicio oral contra las citadas 35 personas y dos sociedades, ordenando que el exconsejero Fernández deposite una fianza de 60 millones de euros, que Juan Márquez deposite una fianza de 15 millones, que Daniel Alberto Rivera deposite 900.000 euros y que Lanzas lo haga en 87 millones de euros, entre las fianzas más elevadas ordenadas por el magistrado, que precisa que la instancia competente para celebrar el juicio es la Audiencia de Sevilla.
