'Caso Mediador': el exdiputado del PSOE pidió directamente dinero a un empresario
La magistrada resalta que hay que realizar una investigación patrimonial de todas las cuentas que Fuentes Curbelo facilitó al mediador para materializar los ingresos
El exdiputado del PSOE en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo llegó a pedir dinero directamente, sin la participación de intermediarios, a uno de los empresario con los que contactaba la trama investigada en el caso Mediador, cuya rama política supuestamente lideraba.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha hecho público este martes el auto por el que Fuentes Curbelo quedó en libertad tras prestar declaración, del que ya se conocía que la juez que lo dictó lo hizo «por obligación legal», ya que no estaba de acuerdo con la decisión del fiscal de no pedir medidas cautelares y advertía de que «existe peligro de destrucción de fuentes de prueba».
En esa resolución, la responsable del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife detalla que, del análisis preliminar de los móviles intervenidos al exdiputado socialista, se colige que «mantuvo y mantiene en la actualidad conversaciones con parte de los investigados».
Y pone como ejemplos las conversaciones que mantuvo con dos empresarios, uno de los cuales es Antonio Bautista Prado, administrador de Cleanenergetic SL, a quien le pidió directamente que le llevara «un bolígrafo», término utilizado por la trama para referirse a dinero.
También se han aportado a la causa mensajes que Alberto Montesdeoca, administrador de Quesería Montesdeoca, le envió al exdiputado socialista en los que le pide ayuda en diversas ocasiones para solventar favorablemente un expediente sancionador incoado su empresa.
En el mismo auto, la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres detalla que el exdiputado le pasó al mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, la cuenta bancaria de la Asociación Deportiva de la Vega de Tetir, que preside, en once ocasiones, pero es que además le dio el número de su cuenta personal cinco veces, y en una ocasión, la de su asesoría.
La magistrada hace hincapié en la necesidad de realizar una investigación patrimonial de todas las cuentas que Fuentes Curbelo facilitó al mediador para materializar esos ingresos, y que hasta la fecha no habían podido ser investigadas por su condición de aforado (hasta que renunció a su escaño en el Congreso, solo hubiera podido proceder contra él penalmente el Tribunal Supremo).
También remarca la instructora en que los beneficios obtenidos por el exdiputado no se limitarían a los pagos en favor de la asociación que preside, sino que «irían mucho más allá a través de otras prestaciones más agradecidas económicamente», como la instalación gratuita de unas placas fotovoltaicas en la finca que comparte con su esposa.
Señala la juez que Fuentes Curbelo «ofrecía sus posibilidades a cambio de una contraprestación» y que «se prestó a cuantas situaciones le fueron puestas en suerte» por parte del mediador: se alojó en establecimientos hoteleros a cuenta de las empresas captadas; habría aceptado distintas invitaciones en restaurantes, comidas que culminaban con fiestas con servicio de compañía en el club Sombras de Madrid; y pudo haber procurado la ventaja o adjudicación en la resolución de diversos contratos y/o expedientes.
También detalla cómo Fuentes Curbelo «reprendía» al mediador si tras las reuniones celebradas con los empresarios estos no realizaban el primer pago.
Juan Bernardo Fuentes Curbelo desempeñó el cargo de director general de Ganadería del Gobierno de Canarias al principio de esta legislatura. Cuando abandonó esa función para ocupar un escaño en el Congreso por la provincia de Las Palmas, le sustituyó en el cargo su sobrino Taishet Fuentes, también detenido e imputado en este caso.