Justicia ordena el pago de las pensiones de alimentos bloqueadas por la huelga de letrados

El Ministerio de Justicia rectifica. El departamento que dirige Pilar Llop ha incluido el pago de las pensiones alimenticias a menores entre las funciones que deben desempeñar los letrados de la Administración de Justicia como parte de los servicios mínimos en la huelga que mantienen desde el 24 de enero. Desde esa fecha se han tenido que suspender 241.000 juicios y han sido bloqueados más de 900 millones de euros en los juzgados. Procuradores y abogados pidieron en THE OBJECTIVE un plan urgente para paliar la situación que estaban sufriendo miles de familias vulnerables.

Los letrados, descontentos con la resolución que fijaba los servicios mínimos de la huelga, también solicitaron un cambio durante las dos reuniones infructuosas que han mantenido con Justicia para resolver el conflicto. Los profesionales sostenían que no eran suficientes para atender las demandas básicas. Juan José Yáñez, portavoz del Comité de Huelga, reconoció a este diario que algunos servicios esenciales habían sido «mal elegidos» porque dejaba fuera algunos procedimientos vitales.

Las reclamaciones parecen haber causado efecto. El Ministerio de Justicia modificó a finales de febrero la resolución inicial del 19 de enero que establece los servicios mínimos de la huelga. El texto disponía en su último apartado que «estos servicios mínimos podrán ser modificados en atención a las incidencias en el funcionamiento de la Administración de Justicia que se pueda producir a lo largo de la duración de la huelga convocada». Y eso ha hecho.

El cambio de Justicia

El documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, remitido por Justicia, especifica que «habiendo transcurrido un mes desde el inicio de la huelga, en atención a las incidencias observadas, y oído el comité de huelga» han considerado «necesario» incluir en los servicios mínimos que deben desarrollar los letrados la celebración de matrimonios en el Registro Civil y «la expedición de mandamientos de pago o transferencia en relación a las pensiones de alimentos de menores».

«Por fin desbloquean los pagos de las pensiones alimenticias. Era lo más grave», celebra una abogada catalana. Un colega que ejerce en Madrid lamenta que el departamento de Llop no se percatara antes de la situación. La huelga retrasó los pagos judiciales a particulares (pensiones alimentarias, deudas o indemnizaciones, entre otras cosas) y al Tesoro Público (multas, depósitos o subastas).

Estos funcionarios son los únicos que tienen acceso a los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales. Las asociaciones que convocaron los paros cuantifican que la cantidad bloqueada en estas semanas de paros asciende a más de 900 millones, algo más de 31 millones por día.

Los procuradores y abogados consultados por este diario criticaron que entre los servicios mínimos no se incluyera el pago de las pensiones alimenticias. Incluso realizaron un llamamiento para que intervinieran los poderes públicos. «Hay que priorizar los pagos de las pensiones alimenticias a menores de parejas divorciadas. Hay familias que no tienen otra fuente de ingresos», se quejó una joven abogada.

Único ingreso de muchos hogares

«No es lo mismo que una empresa reciba una indemnización millonaria a que una persona deje de ingresar el dinero que recibe para darle de comer a sus hijos. Muchos hogares no tienen más ingreso que ese», lamentó otro abogado que ejerce en Madrid. Una demanda similar a la que habían efectuado los huelguista.

Los letrados comenzaron los paros el 24 de enero con el objetivo de obtener «una adecuación salarial». Sostienen que, con la última reforma, se les encomendaron nuevas atribuciones y que estas no fueron acompañadas de una mejora económica. El Gobierno afirma que ha aprobado 10 de las 11 reivindicaciones del sector. Todas excepto la exigencia de cobrar el 85% del sueldo que reciben jueces y fiscales.

El departamento que dirige Llop afirma que «solo queda pendiente la revisión del sistema de productividad y el complemente de la carrera profesional». Explican que el sueldo de los letrados oscila entre los 37.697 y los 58.979 euros, el doble del salario medio en España, y que esas cantidades supone «entre un 79% y un 143% más de lo que cobra cualquier otro funcionario de la Administración General del Estado en esos mismos niveles».

Los profesionales ya fueron a la huelga en enero y marzo del año pasado. Desconvocaron los paros previstos a final de 2022. Los recuperaron el pasado enero, después de que el Gobierno no cumpliera sus compromisos, según su opinión. Justicia acusa a los letrados de pedir algo «inasumible»: 1.100 euros más al mes para cada uno. El comité de huelga niega la mayor y acusa al ministerio de querer incrementar la retribución «con la mísera cantidad de 10 euros».