El Gobierno afirma que llevará al Constitucional todo lo que ponga en riesgo a Doñana
El Ejecutivo considera que la Junta busca aumentar los regadíos en el parque en la proposición de ley que han registrado
El parque natural de Doñana. | Sergio Pitamitz (Zuma Press)
El Gobierno ha calificado como «un atropello» la nueva proposición de ley del PP para regular los suelos de regadío en el entorno de Doñana y ha avisado de que llevará al Tribunal Constitucional «toda actuación» que ponga en riesgo al Parque Nacional.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha asegurado en un comunicado que «no ha negociado, ni mucho menos ha llegado a ningún acuerdo» con PP y Vox para «aumentar los regadíos en Doñana, tal y como pretenden hacer ver en la proposición de ley que han registrado».
Ha advertido de que aumentar el regadío en estas zonas, «cercanas» al Parque Nacional de Doñana, «dañaría más una zona ya gravemente afectada por la sequía».
Ha denunciado que esta iniciativa «desprecia» el papel del Consejo de Participación de Doñana y ha defendido que debería ser tramitada por el Gobierno andaluz como proyecto de ley, para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes.
Ha explicado que el 27 de febrero desde el ministerio propusieron a la Junta que el PP no registrara la iniciativa, ya que supone «repetir una política fallida que provocó la reactivación, por parte de la Comisión Europea, del expediente por incumplir la sentencia del TJUE que obliga a tomar medidas para proteger el humedal».
El Gobierno vigila Doñana
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha mostrado su sorpresa y ha lamentado la presentación de la iniciativa, puesto que llega «sin consenso» y en contra de lo marcado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Morán ha indicado que el Gobierno había entendido que el Ejecutivo andaluz no iba a tomar ninguna iniciativa sobre el asunto sin que previamente se acordara con un diálogo entre administraciones.
Ha dejado claro que «cualquier actuación de revisión de la planificación actual de protección del Parque Nacional de Doñana y su entorno tiene que pasar por los órganos de participación como hasta ahora; no se puede saltar la capacidad que el Consejo de Participación de Doñana tiene en este proceso de toma de decisiones compartidas».
Asimismo, entiende que «no se pueden obviar» las competencias que tiene la administración general del Estado, en este caso la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, con un «atajo» parlamentario «para hurtar un procedimiento» que considera que debería de ser un proyecto de Ley, con sus informes técnicos y jurídicos previos.
Morán se reunió el 27 de febrero con el consejero andaluz de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, al que pidió que no presentaran la iniciativa: «Le trasladé directamente que no era procedente su registro y que era necesario abrir un proceso de diálogo, sentarse en el ámbito del Consejo de Participación de Doñana y no tomar ninguna decisión que vaya en dirección contraria de lo que establece la sentencia del TJUE», ha detallado.
Morán confía en que «impere la cordura» y que la Junta no demuestre «que la política ambiental no forma parte de su agenda y que lo único que nos encontramos por delante es una acción de hechos consumados».
