'Caso Valdemoro': la Guardia Civil encubre a seis agentes investigados por detención ilegal
La Comandancia de Madrid envía información falsa al Defensor del Pueblo sobre el arresto sin pruebas de cuatro funcionarios de prisiones que investiga un juzgado
Imagen de archivo de un operativo de la Guardia Civil en Madrid. | Europa Press
La Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid envió información parcial e incompleta al Defensor del Pueblo para defender la legalidad del arresto de cuatro funcionarios de la prisión de Valdemoro en mayo de 2021. Un caso por el que un juzgado de esa localidad madrileña investiga ahora si seis agentes de la Guardia Civil y el director del Centro Penitenciario Madrid III pudieron incurrir en delitos de detención ilegal, prevaricación y falsedad documental.
En sendos escritos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Defensor del Pueblo comunica el cierre de los expedientes abiertos a raíz de las quejas presentadas por dos de los cuatro funcionarios de la prisión de Valdemoro. Ambos fueron detenidos, encarcelados durante cuatro meses y después absueltos por falta de pruebas. Se les atribuían presuntos delitos de tráfico de drogas en el interior de la cárcel.
El organismo que encabeza Ángel Gabilondo alude a dos informes remitidos por la Comandancia la Guardia Civil de Madrid en los que se defiende la legalidad de la actuación de los agentes implicados para justificar el cierre de los expedientes. Sin embargo, en esos informes policiales se recogen y se dan como hechos probados algunos asuntos que fueron desmontados y desacreditados por completo durante las actuaciones recogidas en los autos de la juez que decretó el sobreseimiento del caso contra los funcionarios de prisiones en marzo de 2022. Por el contrario, los informes de la Guardia Civil omiten asuntos que resultaron ser claves en el caso y por los que ahora se investiga a los agentes.
Hojas de alcachofa
Por ejemplo, en el escrito del Defensor del Pueblo, fechado el pasado 27 de diciembre, se afirma que el informe del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil asegura que durante el registro a la taquilla de uno de los funcionarios arrestados se hallaron 16,391 gramos de marihuana y un teléfono móvil sin precintos. Sin embargo, y tras los pertinentes análisis de laboratorio, la instrucción del caso dio por acreditado que la sustancia hallada en esa taquilla era en realidad una infusión de hojas de alcachofa que el funcionario usaba por problemas de vértigo.
El resultado del análisis de laboratorio es omitido en el informe enviado por la Guardia Civil al Defensor del Pueblo. La comandancia de Madrid mantiene falsamente que lo hallado era droga, para dar carpetazo a la queja presentada por ese funcionario de prisiones contra los agentes del Instituto Armado que participaron en la investigación y/o detención de ese empleado público de la cárcel de Valdemoro y de sus compañeros.
Además, en otro argumento que contradice y desmiente el reciente informe de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid, en el sumario del caso se concluye que nunca se pudo confirmar la pertenencia de esa taquilla al funcionario que guardaba las hojas de alcachofa dentro. La utilizaban diversos trabajadores del centro penitenciario para depositar de manera provisional sus pertenencias durante la jornada laboral. Asimismo, según los autos judiciales del caso, en el momento del registro, la taquilla se encontraba abierta y sin cerramiento. Este aspecto también lo omite la Guardia Civil en la información enviada al Defensor del Pueblo.
Omisiones de la Guardia Civil
En el segundo informe enviado al organismo que encabeza Ángel Gabilondo, sobre la detención del otro funcionario de prisiones que había pedido auxilio al Defensor del Pueblo, también se da por buena la actuación de los agentes que participaron en la investigación y en la detención. Y, de nuevo, se hace usando como argumentos algunos aspectos que no corresponden con el resultado de las investigaciones desarrolladas por el juzgado.
Entre otros, se alude a los testimonios de los testigos protegidos por los investigadores para justificar las detenciones y se afirma que dos de ellos habían identificado al funcionario M.A.G. Sin embargo, los propios testigos protegidos acabarían desmintiendo en sede judicial haber afirmado eso y aseguraron que, en los atestados que precedieron a la detención de los funcionarios de la prisión de Valdemoro, los agentes de la Guardia Civil «habían puesto en su boca palabras que no habían dicho».
Este segundo funcionario de la prisión de Valdemoro, M.A.G.,es el único de los cuatro que no entró en prisión provisional en junio de 2021. Y fue así porque durante su declaración como testigo ante la juez el director del Centro Penitenciario Madrid III, José Antonio Luis de la Iglesia, se vio obligado a rectificar. Admitió que uno de los testigos protegidos (presos de la misma cárcel) había identificado a ese funcionario solo por el nombre de pila, ni siquiera se le había mostrado su fotografía.
Ese presunto testimonio ubicaba como presunto autor de un delito de tráfico de drogas a un funcionario llamado «Miguel». Sin embargo en las fechas en las que se habría cometido el presunto delito, el encausado M.A.G. no trabajaba ni remotamente cerca del módulo donde el testigo protegido afirmaba que se habían producido los hechos. Ni siquiera tenía acceso al interior de la prisión. Por esa razón y tras retractarse el director de la prisión de sus afirmaciones previas, a diferencia de sus tres compañeros M.A.G. no entró en la cárcel. Pero siguió imputado hasta que la juez dictó el sobreseimiento de la causa en marzo de 2022.
Aún así, en su informe remitido al Defensor del Pueblo para defender la legalidad de la detención de M.A.G., el coronel Jefe de la Guardia Civil en Madrid sostiene como argumento que tanto el director de la prisión como dos de los testigos protegidos «manifestaron que el señor G. estaba participando, junto a otros funcionarios e internos, en actividades de narcotráfico e introducción de teléfonos móviles en el Centro Penitenciario de Valdemoro».
Testigos desmontan a la Guardia Civil
El informe policial también omite que una de las razones principales por las que los cuatro funcionarios detenidos terminaron absueltos. En sede judicial, los tres testigos protegidos negaron y desmintieron haber efectuado las declaraciones que figuran en los atestados policiales, en las se habían basado la Guardia Civil y la dirección del Centro Penitenciario para detener a los cuatro funcionaros.
Los testigos protegidos afirmaron ante la juez «no haber presenciado nada», «haber escuchado de oídas» e incluso que los investigadores «habían puesto en su boca palabras que no habían dicho». En el caso del primer testigo, su testimonio fue claro: «Mi declaración no sirve de nada porque lo que declaré, lo declaré exclusivamente de oídas». «Lo único que vi es que iba una persona andando y dijo ‘Ahí llega mi paquete’. Y ahí dentro había muchos funcionarios», sostiene.
En la misma línea, otro de los testigos -un preso que cumplía condena por asesinato, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas- afirmó que «no llegó a declarar nunca» sobre las acusaciones contra los cuatro funcionarios; que solo era la Guardia Civil «la que le hacía preguntas» y él, en ningún caso, «declaraba» nada. El tercero de los internos que declaró ante la juez, parecía claramente desorientado y era incapaz de responder las preguntas de la juez, con respuestas inconexas que nada tenían que ver con el caso investigado.
Como adelantó este diario, tras la absolución de los cuatro empleados de la prisión, un juzgado de instrucción de Valdemoro admitió a trámite el pasado mes de septiembre una querella interpuesta por uno de los funcionarios detenidos y abrió diligencias para investigar la actuación del director de la prisión, José Antonio Luis de la Iglesia y seis guardias civiles que participaron en la investigación y operación por la que funcionarios fueron detenidos y encarcelados durante cuatro meses sin pruebas. La querella, a la que se sumó posteriormente un segundo funcionario, apunta a posibles delitos de detención ilegal, prevaricación y falsedad documental.
