Un juez investiga a Colau por un delito urbanístico y malversación por un eje 'verde'
La querella afirma que el proyecto de la alcaldesa transforma «sustancialmente» las condiciones de las vías por lo que debería modificarse el plan urbanístico
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la teniente de alcalde, Janet Sanz. | Europa Press
Un juez investiga a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a la teniente de alcalde Janet Sanz, a raíz de una querella del exarquitecto jefe de Barcelona Josep Antoni Acebillo por delito urbanístico y malversación en la aprobación de los proyectos de los nuevos ejes verdes de la ‘Superilla’ del Eixample.
Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, el juez ha admitido a trámite la querella que el pasado 3 de marzo, a pocos meses de las elecciones municipales, interpusieron contra Ada Colau y Janet Sanz los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas, junto con Acebillo, que fue uno de los artífices del urbanismo de la época olímpica con Pasqual Maragall.
Los tres impulsores de la querella, que ahora ha sido admitido a trámite, ya denunciaron el pasado año ante la Fiscalía, junto a la plataforma Salvem Barcelona, el mismo proyecto, si bien el ministerio público lo archivó en febrero pasado al no ver delito.
La querella sostiene que, con esta reurbanización en el marco de la ‘Superilla’ del Eixample -una de las propuestas estrella del equipo de la alcaldesa Ada Colau para pacificar el tráfico en Barcelona-, «se están transformando sustancialmente, por no decir eliminando, unas vías públicas esenciales de la ciudad», por lo que es necesaria una modificación previa del Plan General Metropolitano (PGM).
Fuentes municipales consultadas por EFE han remarcado que la querella es idéntica a la denuncia que ya archivó la Fiscalía y han apuntado que sus promotores han intentado ahora paralizar el proyecto a través de la vía judicial.
Según las fuentes, el Ayuntamiento liderado por Colau aportará al juez toda la documentación que ya sirvió para que la Fiscalía archivara la denuncia, por lo que tienen el convencimiento de que se volverá a dar carpetazo al asunto.
En este sentido, desde el consistorio de Barcelona se subraya que la Generalitat, que es la máxima autoridad en urbanismo, ya hizo un dictamen que avaló el procedimiento del Ayuntamiento, confirmando que no era necesario modificar el planeamiento urbanístico.
En la querella se sostiene por contra que existe una infracción normativa «manifiesta» de la ley del suelo «que puede tener efectos devastadores», tanto para particulares, como comercios en general e, incluso, generar «problemas de accesibilidad a los propios domicilios de servicios básicos» y que también afecta al erario.
Segunda imputación en un mes
Esta imputación se suma a la que la alcaldesa acumula por coacciones y prevaricación al sancionar al fondo de inversión Vauras por haber intentado desahuciar a familias vulnerables del edificio Bloc Llavors, sin ofrecerles antes alquiler social.
Lo anunció la propia alcaldesa durante una rueda de prensa el pasado febrero, junto a los concejales Lucía Martín y Marc Serra, en la que informó que la Audiencia de Barcelona ha ordenado al juez que la cite a declarar tras reabrir la causa en abril de 2022, cuando ordenó investigar a la alcaldesa después de que la causa fuera desestimada por el juez por falta de indicios.
La jueza titular del Juzgado de instrucción número 18 de Barcelona también citó a declarar como investigados por los mismos delitos al concejal del distrito de Sants-Montjuïc y de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, a la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, y a la jefa de la Unidad de Antiacoso y Disciplina de Vivienda del Ayuntamiento.
Presiones a un fondo
«Estoy muy tranquila. Evidentemente colaboraremos con la justicia como hemos hecho siempre. Esto acabará archivado», señaló Colau, la cual reivindicó el trabajo de los concejales Martín y Serra y asegurando que continuarían defendiendo a los vecinos.
La jueza investiga la querella de Vauras Investiments, en que se acusa a Colau y a los otros tres denunciados de presionarles para forzarlos a destinar inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la «amenaza» de no concederle licencias de obras.
La primera edil explicó que lo que hizo el Ayuntamiento es pedir al fondo Vauras «el estricto cumplimiento» de la ley catalana 24/2015 para que ofrecieran alquiler social a las familias que vivían en el inmueble, ya que habían diversos casos de vulnerabilidad debidamente acreditada, tal y como ha señalado.
«Un requerimiento que Vauras no respetó y procedimos a poner sanciones por incumplimiento de la ley», unas sanciones que el Ayuntamiento retiró en mayo tras recibir una orden del juez.
A raíz de las sanciones, el fondo de inversión puso una querella contra el Ayuntamiento, que fue inadmitida a trámite en noviembre de 2020, recordó Colau: «Ni tan solo se ordenaron diligencias, tanto Fiscalía como la juez tuvieron muy claro y fueron muy rotundas diciendo que los hechos no constituían ningún tipo de delito».
