Colau asegura es víctima de una guerra judicial: «Algunos no aceptan el resultado de las urnas»

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, espera que la causa abierta por la querella de un fondo de inversión por supuestas presiones para destinar viviendas a alquiler social termine archivada y ha asegurado que lo que hay en este caso es un «lawfare, una guerra judicial» contra su gobierno.

Así lo ha asegurado este martes en una entrevista con Catalunya Ràdio, donde ha negado que interviniera en el proceso sancionador contra este fondo de inversión, sino que las decisiones las tomaron los técnicos correspondientes en base a dar cumplimiento a la ley catalana de vivienda.

La alcaldesa declaró ayer como investigada ante el juzgado de instrucción 18 de Barcelona por presuntas coacciones y prevaricación, a raíz de la querella presentada por el fondo de inversión Vauras, que mantiene que el Ayuntamiento le presionó mediante sanciones y trabas administrativas para que desviara viviendas al alquiler social.

Colau ha señalado que «con nosotros, por primera vez hay una guerra de lawfare, de grandes intereses económicos, porque nosotros venimos a priorizar a la gente», y ha recordado que llevan un total de 11 denuncias archivadas.

«No sé si diría a mi personalmente, pero es evidente que nosotros hemos llegado, hemos cambiado la agenda política, estamos tocando intereses económicos y esto genera que algunos que no aceptan el resultado de las urnas intenten cambiarlo», ha destacado.

Colau ha señalado que las denuncias archivadas son del mismo estilo que la del fondo de inversión, «de grandes empresas o grandes intereses económicos», que incluso «se disfrazan de asociaciones pantalla fantasma», o que proceden de «grupos de derecha o extrema derecha».

«Como no aplicaron la ley catalana, los instructores del expediente, pues evidentemente haciendo muy bien su trabajo, aplicaron sanciones porque no hacían alquiler social», ha afirmado la alcaldesa.

En su querella, Vauras acusa a Colau, además de a sus concejales Lucía Martín y Marc Serra, de haberles amenazado con detener o paralizar las licencias de obras de edificios que estaba construyendo el fondo si no ofrecían pisos de alquiler social a las familias vulnerables que pretendían desahuciar del edificio de Barcelona conocido como «Bloc Llavors».

La querella también sostiene que el ayuntamiento, como medida de coacción, impuso a Vauras hasta seis multas por incumplimiento de la ley catalana de vivienda que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a familias desahuciadas, varios de cuyos preceptos fueron anulados después por el Tribunal Constitucional.

La alcaldesa, que tiene otra investigación abierta en otro juzgado de Barcelona por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades afines, ha recordado que la querella de Vauras fue archivada por la misma jueza instructora en noviembre de 2020, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir el caso en abril del año pasado.