La consejera de ERC Meritxell Serret reivindica el 1-O ante el juez: «No fue un delito»
La responsable de Acción Exterior de la Generalitat niega que el Tribunal Constitucional esté por encima de la Cámara catalana
La consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, este miércoles. TSJC. | Europa Press
La consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, ha defendido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) su apuesta por la vía política y la «negociación» para resolver el conflicto catalán, tras admitir que facilitó el 1-O porque obedecía al «mandato democrático» del Parlament. Pero también ha negado que la organización de ese fatídico referéndum fuera ilegal. «Me reafirmo en que el 1-O no fue un delito, votar no es un crimen», ha recalcado la consellera, que ha proclamado su derecho a «defender y ganar políticamente» su proyecto político «independentista y republicano».
Serret, que era consellera de Agricultura en el gobierno de Carles Puigdemont que organizó el 1-O, se ha negado este miércoles a responder a las preguntas de las acusaciones en el juicio que se celebra contra ella en el TSJC por desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir el referéndum unilateral, por lo que la Fiscalía le pide un año de inhabilitación.
La acusada, de ERC, ha ceñido su declaración a un alegato político para insistir en que el conflicto catalán «solo se puede resolver a través de la política, la negociación, el respeto a las partes y la democracia», una día después de recibir las críticas de la exconsellera Clara Ponsatí y eurodiputada de Junts por su decisión de regresar a España y entregarse al Supremo.
Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la DUI, volvió a España en marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, al ver despejado su horizonte procesal después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, quienes tuvieron un papel similar que ella en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia -sin penas de cárcel- y no por malversación.
Según ha esgrimido la consellera republicana ante el tribunal, las decisiones que tomó como miembro del Govern de Carles Puigdemont respondieron «siempre» a su deber de «ser leal, dar respuesta y obedecer los mandatos de las mayorías parlamentarias y democráticas» tras las elecciones que dieron la victoria a la coalición de JxSí.
Críticas veladas a Ponsatí y Junts
En una velada réplica a las críticas de Ponsatí y Junts por cuestionar las reformas penales impulsadas por el Gobierno con el apoyo de ERC para suprimir el delito de sedición, Serret ha sostenido que en Cataluña existe un «conflicto político que solo se puede resolver a través de la política». En ese sentido, ha criticado que por parte de algunos sectores «ideológicos» se haya pretendido «judicializar» y «criminalizar» un proyecto político «legítimo» como es el independentismo así como «anular la vía política, negando al debate a las instituciones democráticas y parlamentarias».
Para la consellera de ERC, «lo que vivimos es un conflicto político de raíces de democráticas» que vivió una «escalada» tras la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, una resolución que a su entender «despreció la legitimidad del legislador español y catalán» y «cerró la vía política y democrática».
Serret se ha mostrado convencida de que el derecho a la autodeterminación de Cataluña «es un derecho vigente» que se basa en una «reivindicación sostenida por una parte importante de la sociedad catalana para poder decidir su futuro político. Y el referéndum del 1-O es expresión de ese principio de soberanía democrática», ha agregado. Tras las elecciones que dieron luz al gobierno de Puigdemont, ha afirmado, el ejecutivo catalán tuvo que «hacer un juicio ponderativo» entre el mandato del Parlament y los requerimientos del TC para que paralizara el referéndum.
«Mi propia acción como miembro del Govern fue intentar siempre ser coherente con el deber de ser leales al Parlament y dar repuesta a la mayoría parlamentaria y al mandato democrático», ha reiterado, tras insistir en que convocar un referéndum «no es una vulneración de derechos de nadie». Serret se ha remitido además a las «voces» de organismos internacionales que han defendido que «el derecho a la libertad de expresión y opinión incluye también el derecho de los pueblos a decidir libremente» su futuro.
La Fiscalía recuerda porqué se la juzga
a fiscal Neus Pujal ha replicado a la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, que no la acusa por «sus pensamientos e ideas», sino por su «obstinada desobediencia» al Constitucional, y ha advertido de que debatir sus resoluciones conduciría al «caos» y atentaría contra el «contrato social».
En su informe final en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Serret por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) al facilitar el 1-O, Pujal ha avisado de que evitaría «hacer electoralismo» y limitaría su intervención a «términos jurídicos».
El informe de la fiscal ha ido dirigido a desacreditar los argumentos esgrimidos por Serret en su alegato ante el tribunal, en el que ha aducido que al permitir el referéndum unilateral del 1-O obedeció el «mandato democrático» del Parlament frente al Constitucional y ha proclamado su derecho a defender el proyecto político independentista y republicano. «Aquí no se están criminalizando ideas ni ningún proyecto político«, ha mantenido Pujal, tras recordar que por el 1-O «no se ha sentado en el banquillo a ninguna persona que votara en el referéndum. No intentemos desviar lo que no es», ha añadido.
Según Pujal, cuando una autoridad recibe un requerimiento del Constitucional «no se prevé que medite sobre si debe ponderar derechos» o si tiene «más importancia» un requerimiento el TC o un «supuesto mandato democrático». «Si todas las decisiones tuvieran que ser sometidas a debates internos, imaginemos el caos«, ha opinado Pujal, que cree que de someterse a procesos de «ponderación» las resoluciones de los tribunales se regresaría a «una época anterior al contrato social».
