Laura Borràs mantendrá el acta en el Parlament hasta que el Supremo ratifique su condena
Vox, PP y Ciudadanos han pedido a la Junta Electoral Central que se la retire. No podrá recuperar la presidencia de la Cámara, cargo del que fue suspendida
Laura Borràs ofrece declaraciones tras ser condenada. | Lorena Sopêna (Europa Press)
Un atropello democrático. Esa es la percepción que tiene Laura Borràs de la sentencia a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación a la que ha sido condenada. El fallo no es firme, por lo que recurrirá al Tribunal Supremo. Hasta que sea ratificada, el artículo 24 del Reglamento del Parlament le permite mantener el acta, aunque Vox, PP y Ciudadanos ya han pedido a la Junta Electoral Central que se la retire. Lo que no podrá recuperar es la presidencia de la Cámara, cargo del que fue suspendida. Su partido, Junts per Catalunya, rechaza sustituirla porque supondría «aceptar una derrota».
Borràs ha sido condenada este jueves por prevaricación y falsedad documental. Los magistrados sostienen que fraccionó 18 contratos para adjudicarlos a dedo mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017. El propio tribunal ha pedido al Gobierno un indulto parcial para rebajar la pena a dos años y evitar que entre en prisión por considerarla una sentencia «excesiva». Entre otras cosas, sostiene que no hubo lucro personal.
Esa fórmula evitaría que la presidenta de Junts ingresara en prisión. No obstante, el Gobierno solo puede iniciar los trámites una vez que la sentencia sea firme. Borràs ya ha avanzado su intención de recurrirla ante el Tribunal Supremo, que puede demorarse más de un año en pronunciarse, precisan varios expertos consultados por THE OBJECTIVE.
La dimisión de Borrás
El entorno de la dirigente independentista asegura que se va a aferrar al acta en el Parlament «con todas sus fuerzas», un escenario que pretenden evitar Vox, PP y Ciudadanos, que ya han solicitado a la Junta Electoral Central que se lo retire. La ley permite hacerlo cuando se trata de condenas por corrupción. Todos los grupos del Parlament, excepto Junts, han pedido la dimisión de Borràs.
La Junta Electoral Central ya obligó al Parlament en enero a retirarle el acta a Pau Juvillà. El diputado de la CUP fue condenado a una pena de inhabilitación para cargo público por un delito de desobediencia tras negarse a retirar los lazos amarillos del Ayuntamiento de Lérida cuando era alcalde. Si Borrás abandona la Cámara regional obligaría a los grupos parlamentarios a negociar la presidencia, lo que conlleva un riesgo para Junts, que puede perderla.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha anunciado que su partido va a activar «todos los mecanismos jurídicos» para que ningún organismo nacional «interfiera en la vida política de Cataluña». Además, ha cargado contra el proceso judicial porque ha estado «lleno de irregularidades». En su opinión, este no termina hasta que se pronuncie el Supremo, por lo que cierra la puerta a la sustitución de su compañera.
«Nosotros tenemos la presidencia del Parlament y la presidenta se llama Laura Borràs», ha zanjado Turull. Un escenario que divide al independentismo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido acabar con la interinidad en la presidencia del Parlament para que las instituciones «puedan funcionar con plenas funciones». La portavoz de su partido, Marta Vilalta, ha asegurado que si Borràs fuese de ERC «ya habría dimitido».
Daño al independentismo
Xavier Pellicer, de la CUP, ha denunciado que «el uso irresponsable de este caso para tapar las malas praxis a través del independentismo ha hecho daño al independentismo». Reconoce que su partido no votó a Borrás como presidenta del Parlament porque «ya advertimos la situación». Le ha pedido que dimita, ya que el reglamento es «muy claro» y no se le puede retirar el acta porque la sentencia no es firme.
Borrás también ha recibido numerosas muestras de apoyo. Entre ellos, la una de sus predecesoras en el cargo, Carme Forcadell, para quien la sentencia es «absolutamente desproporcionada». El eurodiputado de Junts Toni Comín sostiene que el suyo es un caso de lawfare (una judicialización de la política): «Tanto es así que ni los jueces que la han dictado la consideran una sentencia justa y piden un indulto parcial».
La eurodiputada Clara Ponsatí, que volvió este martes de su prolongada estancia en el extranjero para no enfrentarse a la Justicia española, ha insistido que la condena de Borràs no es «ninguna sorpresa». En la misma dirección se ha pronunciado la condenada, que considera que no ha tenido un juicio justo, por lo que «tampoco esperaba una sentencia justa». La presidenta de Junts ha confirmado que no dejará su acta y que seguirá trabajando «por la independencia de Cataluña».
