La Fiscalía avala las maniobras de Colau para subvencionar a dedo a entidades afines
Anticorrupción atribuye a «males endémicos» las irregularidades por las que un juzgado de Barcelona investiga a la alcaldesa por presunta prevaricación
Ada Colau afronta procesos por sus adjudicaciones a organizaciones consideradas afines. | Europa Press
La Fiscalía Anticorrupción descarta indicios de delito en el procedimiento administrativo utilizado por el Ayuntamiento de Barcelona para subvencionar a dedo a entidades afines a la alcaldesa Ada Colau. En un escrito aportado al Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ministerio Público rechaza imputar por prevaricación a la interventora del consistorio que participó en los convenios suscritos entre el Ayuntamiento y cuatro de las plataformas sociales vinculadas a Colau que, según un informe aportado a la causa, habrían recibido al menos 40,7 millones de euros entre 2015 y 2018.
En su último escrito, Anticorrupción defiende una vez más la actuación de las autoridades municipales de Barcelona en la tramitación de subvenciones a las entidades Observatori de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la organización Ingeniería Sin Fronteras. La Fiscalía atribuye a «males endémicos» de la Administración las posibles irregularidades denunciadas por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Indicios de delito que la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó investigar.
De la declaración como testigo del interventor general del Ayuntamiento ante el juez instructor, el pasado mes de marzo, la Fiscalía concluye que «son mayoría los municipios españoles» que dan subvenciones plurianuales a organizaciones sociales sin cumplir con el requisito legal de elaborar un Plan Estratégico. El Ministerio Público añade que «millones de subvenciones» quedarían afectadas en caso de aplicarse la nulidad administrativa contemplada por la Ley General de Subvenciones para todas las ayudas públicas que no cumplan con ese requisito.
La Fiscalía exculpa a la interventora
Es decir, la Fiscalía no aprecia indicios de delito en las irregularidades investigadas, a pesar de que los convenios plurianuales suscritos con las organizaciones afines a la alcaldesa se concedieron por un procedimiento extraordinario, sin licitación previa ni publicidad, y sin la justificación debida ni el plan estratégico que exigen la Ley General de Subvenciones y la normativa municipal.
En contra de la posición del Ministerio Público, como adelantó este diario, un dictamen jurídico aportado al Juzgado a petición de la organización querellante concluye que Colau habría incurrido en presuntos delitos de malversación y prevaricación. Entre otros expedientes, se revisan las subvenciones otorgadas por importe de al menos 973.800 euros de euros al Observatori DESC, la organización en la que la alcaldesa trabajó como asalariada hasta pocos meses antes de ganar las elecciones municipales de 2015. En esa y otras entidades vinculadas al Observatori DESC, como Ingenieros Sin Fronteras, también trabajaron otros de los fundadores de Barcelona En Comú, como los disputados Jaume Asens y Gerardo Pisarello.
La Audiencia Provincial de Barcelona ordenó reabrir el caso y practicar nuevas diligencias el pasado mes de noviembre. Los magistrados consideraron que Colau y la interventora pudieron haber incurrido en indicios de delitos, sobre todo prevaricación, en la concesión directa de determinadas subvenciones a las citadas entidades sociales. Tras la reapertura del caso, el juez tomó declaración el pasado mes febrero al Interventor General del Ayuntamiento, Antonio Muñoz Juncosa. De su testimonio como testigo, la Fiscalía concluye que «no existe elemento alguno» para imputar a la interventora delegada que participó en las subvenciones investigadas por el juez, «entendiendo que su actuación siempre fue acorde a Derecho».
40,7 millones de euros en tres años
El juez también interrogó el pasado mes de marzo como testigo a un exasesor del consistorio que elaboró un informe en el que se cifra en casi 40,8 millones de euros la cantidad percibida por «la red clientelar» de organizaciones sociales vinculada a Colau y En Comú Podem durante los primeros tres años de mandato de la alcaldesa (2015-2018).
De esos 40,8 millones, al menos 2,7 habrían correspondido a entidades que forman parte del Observatori DESC, según un informe aportado a la causa y elaborado por Alberto Pichel Martínez, ex asesor del Área Económica del Ayuntamiento de Barcelona. Designado como asesor del Área Económica del Ayuntamiento de Barcelona por Ciudadanos, abandonó el puesto tras elaborar y entregar el informe en 2019 al entonces candidato del partido naranja a la alcaldía.
Pichel también ha sido la última persona que ha declarado como testigo ante el juez que investiga las subvenciones a las entidades vinculadas a Colau y En Comú Podem. Durante su interrogatorio, el pasado mes de marzo, el exasesor del Área Económica del Ayuntamiento de Barcelona explicó que su labor como asesor económico del principal partido de la oposición era «controlar el gasto del equipo de gobierno de la investigada y ver su ajuste a la legalidad, estudiando las subvenciones y contratos concedidos por la alcaldesa a las asociaciones vinculadas a ella dentro de la plataforma DESC y similares», que comparten domicilio fiscal.
Añadió que que «era público y notorio» el supuesto favoritismo del ayuntamiento a esas entidades «y causaba escándalo». Aseveró que las ayudas y subvenciones con dinero público a esas organizaciones «no eran excepcionales, aunque así se las llamase» y agregó que «su destino era mantener la estructura de las asociaciones afines a la Alcaldesa». «La mayor parte, sobre un 80%, era para pagar a sus miembros y el 20% restante para gastos generales, lo que no repercute en el bien general de los ciudadanos», agregó ante el juez.
Sin embargo, y a pesar de la información proporcionada por este testigo en su informe y en sede judicial, la Fiscalía entiende que la declaración ante el juez de Pichel «no aporta nada distinto que pueda modificar sus conclusiones» de que es improcedente imputar a la interventora delegada del Ayuntamiento por las subvenciones directas que investiga el juez a las a entidades vinculadas a Colau.
