La Justicia investiga si Corinna contrató a un 'falso perito' para librarse del caso Villarejo

El presunto perito informático que Corinna Larsen contrató para tumbar su imputación en el ‘caso Villarejo’ se encuentra bajo el foco de la Justicia. Dos jueces distintos de Madrid aprecian indicios de que el autor del informe por el que la ex amiga íntima de Juan Carlos I fue desimputada en la Audiencia Nacional, en realidad, carecería de titulación y habilitación para poder ejercer como perito ante un tribunal. Y un tercer juez de la capital, además, le investiga por presunta revelación de secretos, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

En una de las tres causas en las que figura como investigado, el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha solicitado a la Audiencia Nacional el informe pericial «emitido por J. M. L.» y una copia de su «ratificación y/o declaración judicial» efectuada en el marco de la pieza separada número 5 del ‘caso Tándem’. Se trata de la conocida como ‘pieza Carol‘, en la que se investigó un presunto encargo de Corinna Larsen al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara a una asistenta de la que sospechaba que podía estar filtrando información de su vida privada.

El informe pericial aportado a la Audiencia Nacional, firmado y elaborado por J.M.L. como «diplomado en informática por el Cambridge Information Technology de la Universidad de Cambridge», concluía que las dos grabaciones de audio por las que se reabrió en 2020 la pieza ‘Carol’ se habrían efectuado el 7 octubre de 2016, cuando Villarejo ya no trabajaba como funcionario público. Tras el análisis de los metadatos de ambas grabaciones, el experto avalaba la tesis de la defensa de Corinna y del propio Villarejo. Al haberse producido ambas conversaciones tras la jubilación del comisario, concluía el informe pericial, no podía haber cometido el delito de cohecho activo que se esgrimía en el auto que reabría el caso y que está reservado a funcionarios públicos. El juez Manuel García Castellón acabó archivando la pieza y desimputó a Corinna.

El perito de Corinna

Sin embargo, el juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ahora quiere revisar ese informe pericial, saber si J. M. L. se ratificó ante la Audiencia Nacional como perito y si realmente está habilitado para ello. El instructor admitió a trámite a finales de 2022 una querella presentada por el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) en la que se denuncia que Martos suscribió dicho informe aportado por Corinna a la Audiencia Nacional «como Diplomado en Informática por la Universidad de Cambridge, titulación que no existe».

«Tampoco consta que el señor J. M. L. pertenezca a ningún colegio profesional de ingeniería técnica en informática, remitiéndonos al censo colegial nacional administrado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática», añadía la querella que motivó la apertura del caso por presuntos delitos de intrusismo profesional y falsedad documental. Esta causa forma parte de una guerra judicial emprendida por colegios oficiales de informáticos y de ingenieros técnicos en informática de distintas partes de España contra asociaciones y expertos que prestan servicios periciales sin formar parte de colegio profesional alguno. Entre otras, la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI) y la Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España (ASPEJURE).

Según la querella del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), el perito de Corinna «no posee ninguna formación que le habilite para actuar como perito informático en los tribunales y estaría cometiendo el delito de intrusismo profesional penado en el art. 403.2a del Código Penal». «Se hace pasar por diplomado en Informática e incluso por profesional colegiado, estando adscrito a una asociación profesional colegial (ASPEJURE), sin pertenecer a colegio profesional alguno», añade.

Colabora con el CNI

J. M. L. niega las acusaciones, asegura que se diplomó como informático en 1995 por el Cambridge Information Technology y subraya que lleva dos décadas dedicándose a la informática forense. «En estos 22 años he redactado más de 1.200 informes periciales y he participado, tanto como perito de parte como judicial, en cientos de juicios. He intervenido como perito informático en casos con gran impacto mediático como el ‘Faisán’, ‘Manos Limpias’, ‘Corinna Larsen’», asevera en su página web. Asimismo, dice haber ejercido como docente para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de informática forense y haber participado en proyectos en el ámbito de la seguridad nacional a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)».

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) basa su denuncia en los documentos aportados por el investigado en otro procedimiento judicial abierto en el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid. En ese caso, J. M. L. denunció al decano del CPITIA, Pedro de la Torre, por un presunto delito de calumnias. Le acusó públicamente de ser un perito falso tras conocerse que había sido contratado por Corinna para suscribir el informe aportado en el ‘caso Villarejo’. J. M. L. presentó una querella por calumnias que también fue admitida a trámite y por la que De la Torre se encuentra imputado.

Entre la documentación aportada en ese procedimiento, sin embargo, no figura título alguno que demuestre su diplomatura en Informática por Cambridge. Por el contrario, sí aportó un «diploma acreditativo de Perito Judicial Informático otorgado en Madrid el 11 de febrero de 2014 por la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI), tras haber superado los estudios correspondientes organizados por la misma asociación conforme al plan de estudios aprobado y homologado por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)».

En el mencionado diploma se observa la presencia del símbolo del estado español en la esquina superior izquierda y el logo de la ANTPJI en la parte superior derecha. Sin embargo, el documento ni siquiera tiene firma. Por esa razón, el juez que investiga por intrusismo profesional y falsedad documental a J. M. L. solicitó información a la UDIMA «que informe sobre los diplomas y títulos académicos expedidos a favor» del investigado. Tras recibir esa información, el magistrado se dirigió a la Audiencia Nacional para solicitar el informe aportado por Corinna y la ratificación de Martos Luque en ese procedimiento.

¿Diploma falso?

En un escrito aportado en el caso por calumnias, la propia UDIMA asevera que «no ha aprobado ni homologado ningún plan de estudios conducente a la obtención de ningún certificado profesional ni de profesionalidad de Perito Informático Judicial ni de Seguridad Informática». «Este diploma no está expedido por la UDIMA y la referencia que pueda hacer en cuanto a ‘aprobado y homologado’ por la UDIMA solo se puede referir al título propio (sin carácter oficial) ‘Curso de Derecho Informático y Peritaciones Judiciales», añade el centro educativo en la carta.

La propia UDIMA asegura que rescindió en 2018 el acuerdo que tenía con la ANTPJI para impartir distintos cursos sobre peritaciones judiciales «que en ningún caso son oficiales» y cuyos certificados solo acreditaban la asistencia a unas jornadas académicas que, en algunos casos, solo duraban uno o dos días. Además, la UDIMA reconocía que «no está inscrita en el Registro de Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad de Madrid».

Por su parte, en otro escrito aportado al Juzgado de Instrucción número 23, la Consejería de Educación de esa comunidad autónoma acredita que la ANTPJI tampoco figura en el Registro de Centros y Entidades de Formación de la Comunidad de Madrid, «por lo que no puede impartir formación conducente a certificados de profesionalidad». Asimismo, la Consejería indica que la asociación de la que forma parte Martos no tiene a su nombre ningún certificado de profesionalidad.

Imputado en otras dos causas

No solo el Juzgado de Instrucción número 23 tiene una investigación abierta contra el perito de Corinna. Según confirman fuentes jurídicas, otro juez de Plaza Castilla también tiene una causa por presunto intrusismo profesional. Esta segunda causa por el mismo delito se abrió a raíz de la querella presentada por otro perito colegiado, en este caso del ámbito de la salud y no de la informática, que resultó investigado en un procedimiento familiar en el que Martos Luque fue contratado por la exmujer del denunciante para realizar un informe que provocó un inesperado giro en el caso.

El mismo denunciante de esa segunda causa por intrusismo profesional, que investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, tiene también un tercer caso abierto contra Martos Luque en Plaza de Castilla. Este último, sin embargo, por presunta revelación de secretos.

Se investiga si -con el objetivo de acreditar que está titulado y habilitado para ejercer y firmar periciales en el procedimiento por calumnias contra el presidente del CPITIA, Pedro de la Torre, el perito de Corinna aportó información confidencial del caso familiar que afectaba a ese otro perito judicial del sector sanitario. En esta última causa, además, se investiga a un abogado por ser el presunto responsable de la filtración de esa información confidencial a J. M. L.