El ingreso en prisión de Griñán amenaza con colarse en la campaña electoral del 28-M
Los expertos afirman que el informe forense podría estar disponible antes de las elecciones, pero discrepan si también lo hará la resolución del tribunal
José Antonio Griñán acude a un juicio del 'caso ERE'. | Europa Press
Lleva meses sobre la mesa, pero la decisión sobre el ingreso en prisión de José Antonio Griñán puede resolverse a las puertas del 28-M. El expresidente de la Junta de Andalucía ha finalizado las sesiones de radioterapia contra el cáncer de próstata que padece y, como estaba previsto, la Audiencia Provincial de Sevilla ha reclamado al Instituto de Medicina Legal un nuevo examen para decidir si puede cumplir la pena de seis años de cárcel a la que fue condenado por el caso ERE. Los expertos afirman que el informe forense podría estar disponible en plena campaña electoral, pero discrepan si también lo hará la resolución judicial.
El ingreso en prisión de Griñán permanece varado desde el 13 de enero. Los forenses lo desaconsejaran porque podría ser contraproducente. La Audiencia de Sevilla decidió esperar a que finalizara las sesiones de radioterapia y pidió a su abogado que informara cuando sucediera. Lo hizo hace unas semanas. El tribunal, en una nueva providencia firmada el 2 de mayo, ha pedido a los forenses que valoren si el tratamiento que le queda «es compatible con el ingreso en prisión».
«Teniendo en cuenta que en el informe aportado se especifica el plan de actuación consistente, tan solo, en tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitadores, dese traslado al Instituto de Medicina Legal de la documentación médica aportada a fin de que se emita informe a la mayor brevedad sobre si el tratamiento que se prescribe es compatible con el ingreso en prisión», remarca el texto.
La situación de Griñán
El Instituto de Medicina Legal no tiene plazo para entregar el informe forense, subrayan los expertos consultados por THE OBJECTIVE. Según su experiencia personal suele estar disponible «en dos semanas o menos», pero también existen casos, los menos, en los que se demora tres meses. El penalista Luis Romero estima que el informe estará «perfectamente disponible» durante la campaña, pero se muestra más cauteloso respecto a la resolución del tribunal sancionador.
Romero rechaza que la Audiencia de Sevilla aplace la decisión si recibe el informe forense durante la campaña. «Sería una vergüenza. Vulneraría el artículo 14 de la Constitución, que dice que los españoles son iguales ante la ley». Alfredo Arrien, penalista en Paredes & Abogados, coincide en que la cercanía electoral no alterará la resolución, aunque recalca que el Instituto de Medicina Legal no dispone de un plazo procesal y que eso puede demorar el fallo hasta después de los comicios.
Los partidos políticos restan trascendencia a la decisión. Tanto PSOE como PP consideran que el asunto de Griñán está amortizado electoralmente, por lo que no será determinante si finalmente se cuela en la campaña del 28-M. «El asunto está juzgado y el partido se ha depurado. El chicle no se puede estirar más», recalca un alto cargo de los socialistas en Andalucía. No obstante, solicita «un trato humano» para el que fuese máximo dirigente regional entre 2009 y 2013.
«Todo va a depender de lo que digan los informes médicos. La última palabra la tiene la Audiencia de Sevilla, pero los precedentes indican que irá a la cárcel», valora Romero. Griñán, de 76 años, es el único de los nueve condenados por el caso ERE que aún no ha ingresado en un centro penitenciario. Los médicos le detectaron un cáncer a principios de diciembre y solicitó demorar el cumplimiento de la pena.
Una decisión que también tomó Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010. El exdirigente gaditano ingresó en prisión en marzo, después de que la Audiencia de Sevilla suspendiera temporalmente la ejecución de la condena tras alegar que padecía cáncer. En su caso, el tribunal también solicitó informes forenses que avalaron la decisión ya que su tratamiento «consiste en la administración diaria de un fármaco por vía oral» que él mismo gestiona.
«Esa resolución influirá mucho porque son casos muy parecidos», recalca Arrién. En su opinión, se trata de un precedente que obliga a los jueces a decretar el ingreso en prisión de Griñán. De no hacerlo, el abogado explica que «existiría una desproporción en las decisiones y un trato desigual» que Barberá podría recurrir.
La Audiencia de Sevilla también ha solicitado al Centro Penitenciario de Sevilla que le informe si es posible tratar a Griñán en la cárcel. La respuesta avala ese escenario ya que el documento expone que, para la atención médica «especializada», dispone de un convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y puede derivar pacientes a diversos hospitales. Su caso no sería una excepción: solo en 2021 los reos protagonizaron casi 92.000 salidas a consultas médicas, unas 576 por oncología.
