Los acreedores de España colaron tasadores 'espía' para embargar el Cervantes de Londres
Los expertos en recuperación de activos valoran el inmueble en 10 millones, un tercio de la cantidad que les adeudan por la retirada de ayudas a las renovables
Sede del Instituto Cervantes de Londres.
La amenaza del embargo pesa sobre el Instituto Cervantes de Londres. Un tribunal británico decretó en Semana Santa que Blasket Renewable Investments podía ejecutarlo si España no abonaba la indemnización de 28,2 millones de euros dictada por un laudo tras la retirada de ayudas a las energías renovables. Al constatar los impagos, el fondo estadounidense acudió a la justicia ordinaria y enumeró una serie de bienes que podrían saldar la deuda. Uno de ellos, la sede del Cervantes, fue valorado en 10 millones por unos tasadores que se colaron en el inmueble de incógnito para no levantar suspicacias.
Los acreedores contrataron un despacho experto en el procedimiento de rastreo de activos con la intención de ofrecer a las autoridades británicas una relación de bienes potencialmente incautables para saldar la deuda. Los trabajos corrieron a cargo de una firma con una dilatada experiencia en la materia que, incluso, ha colaborado con la UE para confiscar bienes de regímenes totalitarios.
«Lo ideal es buscar activos líquidos y cuentas bancarias, pero los gobiernos no suelen tener dinero depositado en entidades extranjeras, lo que complicó la tarea», admite un portavoz de la compañía. Había que ingeniárselas de otra manera, así que el despacho británico exploró nuevas vías. Una de ellas fue la de los edificios de propiedad española, pero muchos pertenecían a la Corona o estaban arrendados a terceros, por lo que «no se podía resarcir la deuda de forma inmediata».
El valor del Cervantes
Hubo que eliminar de la lista a los consulados y las embajadas, con inmunidad diplomática. La búsqueda llevó hasta el Instituto Cervantes de Londres, aunque entonces apareció otro problema: ¿cómo entrar a valorar el inmueble sin levantar sospechas? El despacho coló en el edificio a unos tasadores de incógnito que se encargaron de hacer la evaluación in situ. Tuvieron que comprobar sus características y el estado de conservación, lo que no resultó tarea fácil en tan poco tiempo.
Los tasadores se hicieron pasar por turistas o simples visitantes para descubrir cada uno de sus rincones. Iban armados con libretas, bolígrafos y cámaras de foto. Instrumentos que no llamaban mucho la atención pero que se antojaban fundamentales para realizar su trabajo de campo. Recorrieron salas, dependencias privadas y pasillos hasta incluir en sus apuntes cualquier elemento susceptible a engordar el valor del inmueble, situado en los números 15 y 19 de Devereux Court, muy cerca de la City de Londres y a escasos minutos del río Támesis.
Una vez finalizado el informe, los expertos cruzaron datos de la tasadora con precios reales de mercados. La conclusión a la que llegaron es que el edifico del Cervantes en Londres tiene un valor cercano a los 10 millones de euros, cifra por la que se podría vender. Eso resarciría solo una parte de la cantidad que se les adeuda, después que el Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir los pleitos, estimara su denuncia.
El laudo concluyó que el Estado español debía indemnizar a Blasket Renewable Investments con 28,2 millones por la retirada de ayudas a las energías renovables. Un portavoz de la compañía eleva la deuda total a 36,9 millones de euros, ya que incluye 4,8 millones en intereses de demora y 3,9 millones por la condena en costas. Pero la amenaza de embargo no solo pesa sobre el Cervantes de Londres.
Bloqueo de cuentas
El tribunal británico también incluyó en su resolución las cuentas bancarias del organismo encargado de difundir la lengua y la cultura española por todo el mundo, depositadas en el Banco Santander, y la sede de la Agencia per a la Competitivitat de L’Empresa, la embajada comercial de la Generalitat de Cataluña. El fondo estadounidense llegó hasta aquí después de comprobar que España no iba a pagar la cifra que le adeuda.
En enero, Blasket Renewables Investment envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y a la abogada del Estado María del Socorro Garrido, para solicitarles una reunión. La intención era «discutir en un marco amistoso» la resolución del Ciadi. Sin embargo, nunca obtuvieron respuesta, lo que les animó a acudir a los tribunales británicos.
El fondo estadounidense también ha presentado un aviso de incumplimiento técnico contra España y exige la ejecución de cuatro emisiones de deuda pública. Alega que el Gobierno no ha saldado sus deudas sobre inversiones fallidas en energía renovable. Blasket Renewables Investment tiene aún diversos procedimientos abiertos en el Ciadi, que ya ha condenado a nuestro país a indemnizar a las empresas en 22 ocasiones, lo que suma por el momento un total de 1.208 millones de euros.
Hasta la fecha, el Gobierno ha maniobrado para no tener que hacer frente a estas peticiones millonarias. Su estrategia pasa por pedir la anulación de los procedimientos del Ciadi a pesar de que está vinculado a asumirlos como miembro de la Carta de la Energía, que protege a las inversiones de las compañías frente a los cambios regulatorios de los países firmantes.
España ha solicitado abandonar el tratado firmado en los noventa. De momento se aferra a una decisión de Bruselas que obliga a que los casos pasen por el Tribunal de Justicia de la UE en lugar del organismo de arbitraje del Banco Mundial. La Comisión Europea considera ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros por ser contrarios al derecho comunitario. Por eso las empresas acuden a Reino Unido, Australia o EEUU a resolver sus cuitas.
