El último revés al Gobierno por el impago a las renovables avanza otra deuda de 34 millones
Las empresas afectadas consideran que el Ciadi declarará firme el laudo que obliga a indemnizar a Renergy tras rechazar el recurso contra BayWa
Aerogeneradores de energía eólica. | Mauricio Dueñas Castañeda (EFE)
El último revés al Gobierno por el impago a las renovables avanza un nuevo varapalo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (Ciadi). Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que el recurso que rechazó el tribunal de arbitrajes para evitar que España pague una indemnización de 22 millones de euros a BayWa guarda «muchas similitudes» con el proceso que afecta a Renergy. El fallo, emitido en mayo de 2022, obligó a nuestro país a abonar 34 millones a esta empresa con sede en Luxemburgo.
El Gobierno, que aún no ha reparado a ninguna empresa a pesar de los 22 laudos condenatorios, recurrió la decisión del Ciadi. El laudo emitido hace hace un año tenía el aval de dos de los tres miembros del tribunal. Para Bruno Simma y Christopher H. Schreuer, el cambio normativo realizado hace una década por Mariano Rajoy violó las condiciones suscritas en el Tratado de la Carta de Energía, de la que España ya ha pedido salir.
El laudo iba acompañado de la opinión disidente de Philippe Sands, que sostuvo que la decisión de sus colegas «prioriza los intereses de los inversores extranjeros por encima de los intereses del resto de actores sociales». Un argumento al que se aferró el Gobierno para presentar un recurso contra la resolución favorable a Renergy a pesar de que los otros dos juristas consideraron que la reforma legal al régimen de ayudas aprobadas por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 perjudicó sus intereses.
El recurso del Gobierno
El Ciadi rechazó este lunes un recurso del Gobierno contra el fallo que obligaba a indemnizar con 22 millones de euros más intereses de demora y las costas judiciales a BayWa. Fuentes de las empresas perjudicadas por la retirada de ayudas a las renovables consideran que ese caso guarda «muchas similitudes» con el recurso que afecta a Renergy, que debe resolverse definitivamente en las próximas semanas.
«El proceso de BayWa arroja claridad al recurso interpuesto contra el laudo de Renergy porque a los fundamentos de derecho, que son los mismos, se unen circunstancias similares, que se solapa la argumentación jurídica y que ambas empresas han ido de la mano, incluso compartiendo equipos jurídicos», recalcan fuentes de las empresas afectadas.
A los 34 millones que reclama la compañía se sumarían otros cuatro en concepto de intereses de demoras y la condena en costas en caso de que el tribunal de arbitraje rechace el recurso del Gobierno. No son los únicos casos en los que España ha apelado la decisión del Ciadi. En marzo, el organismo dependiente del Banco Mundial desestimó los recursos interpuestos por nuestro país contra el fondo suizo Schwab Holding y el maltés OperaFund Eco-Invest, a los que debe indemnizar con 29 millones de euros.
La Abogacía del Estado instó a anular el laudo en febrero de 2020 alegando que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) había limitado la validez de los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria. Un escenario que ha llevado a muchas empresas a acudir a tribunales del Reino Unido y Australia, que han amenazado a España con confiscar sus bienes en el extranjero si no satisface las resoluciones del Ciadi.
El embargo de momento pesa sobre la propiedad del Instituto Cervantes en Londres, sus cuentas bancarias y la embajada comercial de la Generalitat de Cataluña en las islas británicas. España no ha hecho aún frente a ninguno de los laudos condenatorios. Tras más de una década de pleitos se han resuelto 22 procedimientos que elevan la factura de nuestro país a 1.208 millones de euros por la retirada de ayudas a las renovables.
La estrategia del Gobierno puede costar a las arcas públicas 248 millones de euros extra. Esa es la cantidad que ha aumentado la factura por los intereses de demora, según estimaciones de las empresas afectadas. Equivale al 21% de la cifra que debe abonar el Estado si se limita a cumplir los procedimientos resueltos. Una cantidad que podría alcanzar los 2.000 millones porque aún hay más de una veintena de procedimientos sin resolver, pero muy lejos de los 8.000 que reclamaban las compañías.
España concentra un tercio de todos los laudos energéticos pendientes de resolver. En las próximas semanas, los árbitros del Ciadi deben resolver el procedimiento que afecta a la alemana E.ON, lo que puede suponer un agujero de otros 600 millones para las arcas públicas, el montante más elevado de la veintena de procesos que ya han caído del lado de las compañías. Y de los que quedan. Hasta ahora, la deuda más importante es la que se ha reconocido a Nextera, 290 millones de euros.
