Varapalo judicial a Sánchez Gordillo por violar derechos de los trabajadores municipales
El histórico dirigente jornalero no concurrirá a la alcaldía de Marinaleda (Sevilla), cargo que ha desempeñado desde hace 44 años
Juan Manuel Sánchez Gordillo pide voto para la independencia de Cataluña. | Jesús Prieto (Europa Press)
Sobresalto para Juan Manuel Sánchez Gordillo antes de su retiro. El histórico dirigente jornalero, que no concurrirá como candidato a la alcaldía de Marinaleda (Sevilla) tras 44 años en el cargo, ha recibido un varapalo judicial por violar los derechos fundamentales de la plantilla del Ayuntamiento, según una sentencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla ha declarado nula una sanción de dos dos días de suspensión de empleo y sueldo impuesta a una trabajadora municipal por acudir a un órgano de intermediación ante un conflicto laboral.
El fallo estima la petición de la empleada municipal y condena al Consistorio que aún preside Sánchez Gordillo a reintegrar el salario descontando. La resolución advierte de que se trata de «una situación indiciariamente constitutiva de infracción del derecho de huelga». Marinaleda impuso la sanción después de que la trabajadora acudiera a una reunión con el Sercla, un órgano de intermediación de conflictos laborales que depende de la Junta de Andalucía.
El juez señala que en los hechos recogidos en la carta de sanción «únicamente se entiende acreditado que, con fecha de 19 de agosto de 2020, la actora formaba parte del comité de huelga de una medida de conflicto colectivo convocada respecto al Ayuntamiento demandado y acudió al Sercla a la comparecencia previa a la huelga». Además, establece que «la trabajadora comunicó al Consistorio demandado esta circunstancia ese mismo día».
Trayectoria de Sánchez Gordillo
Un escenario en el que «no cabe considerar el comportamiento imputado a la demandante en la carta de sanción, dado que la empresa demandada (el Ayuntamiento que lidera Sánchez Gordillo) no ha aportado prueba suficiente de la realidad de los hechos objeto de sanción».
La única prueba aportada, insiste, son unos certificados de una jefa del servicio del Consistorio «que no fueron expresamente admitidos por la actora» por lo que «la sanción ya debería dejarse sin efecto». La sentencia añade que este modo de actuar «no puede calificarse sino como la imposición encubierta de una sanción de suspensión de empleo y sueldo de dos días, que no resulta posible en el ámbito de las infracciones de carácter leve».
El sindicato CGT sostiene que se trata de «un triste final a una trayectoria (la de Sánchez Gordillo) que se ve enturbiada por el trato que el Ayuntamiento de Marinaleda ha venido dando a sus empleados: contratos en fraude de ley que deben ser regularizados por la Inspección de Trabajo, salarios por debajo del SMI, no reconocimientos de antigüedades, impedir la conciliación de la vida laboral y familiar, falta de convenio colectivo, eliminación de las 35 horas semanales, sanciones a quienes reclaman los derechos básicos, bolsas de trabajo sospechosas, vulneración del derecho de huelga o persecución sindical».
En un comunicado, el sindicato afirma que se trata de «una herencia más que reprochable para quienes se hagan cargo próximamente del Ayuntamiento, que tendrán que enfrentarse en breve a un nuevo juicio por sanción a otra compañera de Atención Domiciliaria, idéntica a la que ahora ha visto sentencia y condena al equipo de Gobierno de Marinaleda, al despido injusto y represor de Conchi, responsable de la sección sindical de CGT».
Despedida por pedir sus derechos
«Esta sentencia supone una alegría porque vemos un rayo de luz», admite Conchi Gómez. Ella es una de las 11 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio afectadas. Tras décadas luchando sin éxito de forma velada para que el Ayuntamiento de Marinaleda les reconociera sus derechos laborales, siete de ellas decidieron desafiar a Sánchez Gordillo haciendo pública su situación.
Las empleadas municipales no tenían derecho a vacaciones, sus contratos estaban en fraude de ley y no se les respetaba la antigüedad, por lo que pasaban a estar en desempleo cuando tenían que hacerlas fijas. Gómez fue despedida tras 20 años de servicio por pedir sus derechos laborales. «Estuvimos muchos años tratando de arreglarlo de forma interna, para no hacer daño al mito, sobre todo para que los trabajadores tengan la esperanza de que luchando se puede conseguir. Y se consigue».
El juicio de Gómez está previsto para febrero 2024. No será el único, este diario ha podido constatar que el Ayuntamiento de Marinaleda se enfrentará, al menos, a otros tres procesos por el caso de las empleadas municipales.
CGT lamenta que «la lentitud del sistema judicial» impida el cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). «Han pasado más de tres años para que una sanción injusta, desproporcionada, represiva y violadora de los derechos fundamentales se materialice en una sentencia contra el Consistorio por violar los derechos fundamentales de su plantilla».
