Las víctimas de ETA dejan en evidencia a la Fiscalía por su inacción con las listas de Bildu
Después de negarse a revisar las listas ‘abertzales’, una denuncia obliga a la Fiscalía a constatar que una candidata de Bildu está inhabilitada por terrorismo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Europa Press
Una asociación de víctimas de ETA ha dejado en evidencia la inacción de la Fiscalía General del Estado respecto a la legalidad de las listas electorales de EH Bildu para el 28-M. Después de dos semanas negándose a investigar si alguno de los 43 exetarras condenados por terrorismo estaba inhabilitado para presentarse a los comicios municipales, el Ministerio Público se ha visto obligado a constatar —a tres días de la cita con las urnas y gracias a las pruebas recabadas por Dignidad y Justicia (DyJ)— que al menos una candidata abertzale en el municipio guipuzcoano de Astigarraga, Sara Majarenas, está aún inhabilitada. Una situación que puede llevar a anular toda la lista de Bildu en esa localidad.
«La Fiscalía no ha hecho su trabajo», afirma el presidente de DyJ, Daniel Portero. Las pruebas aportadas por su asociación ante la Audiencia Nacional y la Junta Electoral han desnudado la inacción de la Fiscalía respecto a la polémica por la inclusión de exetarras condenados por terrorismo, algunos de ellos incluso por delitos de sangre, en las listas del 28-M.
«No dedicó ni un solo día a analizar la denuncia que le presentamos con el listado de los 43 etarras que formaban parte de las listas de Bildu de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo», añade Portero. La denuncia de su asociación hizo que a mediodía de este jueves la Guardia Civil se personara en el domicilio de la exetarra Majarenas, según señalan testigos presenciales a THE OBJECTIVE. Los agentes le comunicaron que, como consecuencia de su condena por terrorismo, está inhabilitada hasta 2028 y, por lo tanto, tiene una prohibición expresa de la Justicia para presentarse a cualquier comicio.
La Fiscalía se pone de perfil
A pesar del sonrojo que la constatación de este caso podría haber provocado en la Fiscalía, el Ministerio Público se ha limitado a trasladar la patata caliente a la Junta Electoral de zona. Será este último organismo, y no la FGE, el que decida finalmente si se procede a anular toda la candidatura completa de Bildu en el municipio de Astigarraga. Y no parece que el Ministerio Público vaya a cambiar su posición a pesar de haberse reforzado las dudas de las víctimas de ETA respecto a si podría haber más casos de exetarras inhabilitados que vayan a ser elegidos como concejales en las elecciones del próximo domingo.
En un comunicado, la Fiscalía se ha limitado admitir que ha revisado ahora la condena de la exetarra Sara Majarenas -algo que podría haberse hecho de oficio antes de aceptar su presencia en las listas– y ha señalado que «se va a efectuar la práctica de la condena de inhabilitación absoluta que le fue impuesta en sentencia firme». No obstante, se ha reafirmado en su decisión adoptada la semana pasada para evitar investigar las listas de Bildu y analizar si la presencia de exetarras condenados por delitos de sangre -y que nunca han pedido perdón públicamente por sus actos terroristas- podría llevar a la ilegalización de las candidaturas de Bildu.
El Ministerio Público insiste en defender sus argumentos «por no ser los hechos constitutivos de infracción penal». «Le corresponde a las juntas electorales el control de la legalidad de las candidaturas presentadas por partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan concurrir a las elecciones», señalaba la Fiscalía tras constatar por primera vez la presencia en las listas de Bildu de una candidata que incumple con la ley electoral y no puede ser candidata por mandato judicial al estar inhabilitada.
La Junta Electoral bajo el foco
La postura de la Fiscalía dejando en manos de la Junta Electoral la decisión sobre la lista de Bildu en Astigarraga ha facilitado la reacción de la formación abertzale, que también ha cargado contra la autoridad electoral como única responsable de lo ocurrido. El partido de Arnaldo Otegi ha afirmado que la propia Majarenas desconocía que estuviera inhabilitada y, sobre todo, ha subrayado que la Junta Electoral proclamó su candidatura sin apreciar «irregularidad alguna».
Bildu ha remarcado que «todos y cada uno» de los candidatos que conforman las listas electorales de la formación «suscriben obligatoriamente, no solo el Código Ético, sino también un escrito en el que confirman que cuentan con todos sus derechos civiles y políticos intactos, así como que no se hallan incursos en ninguna de las causas de inelegibilidad previstas en los artículos 6, 177 y 178 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)».
Las víctimas presionan a la Fiscalía
A pesar de que Bildu y la Fiscalía han puesto el foco en la Junta Electoral, la asociación de víctimas que preside Daniel Portero quiere volver a presionar al Ministerio Público para que tome medidas y revise todas las listas abertzales antes del 28-M. En las próximas horas intentarán rebatir los argumentos esgrimidos por la Fiscalía para oponerse a la ilegalización de las listas de Bildu. Lo harán mediante la interposición de una ampliación de la denuncia presentada la semana pasada para demostrar que, en contra de lo que afirma el Ministerio Público, el artículo 9.3 c) de la Ley Electoral podría permitir la ilegalización de candidaturas abertzales.
En el decreto por el que la Fiscalía archivó las diligencias de investigación el pasado 17 de mayo, el Ministerio Público indica que la posibilidad de ilegalizar las candidaturas pasaba por demostrar que la presencia de excondenados que no han solicitado nunca perdón por sus crímenes terrorristas era frecuente y no «meramente ocasional». En la nueva ampliación de la denuncia, según ha podido saber este diario, DyJ hará crecer considerablemente el listado de excandidatos de Bildu que ya concurrieron como candidatos —pese a haber sido condenados— en las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2015, 2016 y 2017.
