Rebelión de fiscales contra el intento de colocar a Dolores Delgado antes de las elecciones

El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha enviado un escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde le pide suspender el Consejo Fiscal adelantado para el 8 de junio, teniendo en cuenta que podría haber un nuevo Gobierno y «tal vez» otra persona al frente del Ministerio Público, o que, al menos, se abstenga en la adjudicación de la plaza a la que aspira su antecesora, Dolores Delgado.

En su escrito, Viada se refiere a la decisión de García Ortiz de adelantar del 19 al 8 de junio el Consejo Fiscal donde se adjudicará la plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a la que aspira Delgado, así como otra plaza de la máxima categoría, la de fiscal de sala contra Delitos de Odio y la Discriminación, garantizando así que queden otorgadas aunque haya un cambio de Gobierno y, consecuentemente, en la cúpula fiscal.

«El vocal que suscribe no puede sino alarmarse por la celebración de un Consejo Fiscal –convocado con extraordinaria urgencia– en el que se van a informar dos plazas de fiscal de sala, dos horas después de que el presidente del Gobierno anunciara la celebración de elecciones generales para poco menos de dos meses«, señala.

Además, Viada –el único vocal de la APIF en el Consejo Fiscal– asegura que su sorpresa no es aislada, sino que «existe mucha alarma en la carrera (fiscal) por este asunto».

Aclara que no cuestiona la legalidad de anticipar este cónclave sino «la oportunidad», por cuanto «en pocos meses se va a conformar un nuevo Gobierno, y tal vez, un nuevo fiscal general del Estado va a ser designado».

Por ello, pide a García Ortiz suspender este Consejo Fiscal. «Desde una perspectiva de respeto institucional, convendría dejar esos nombramientos hasta que un fiscal general, con cuatro años por delante de mandato, pueda trabajar designando a los fiscales de sala referidos conforme a un proyecto de futuro y no por el cortoplacismo y la urgencia de designar a los últimos altos cargos de la Fiscalía que sea posible antes del vencimiento del mandato», indica.

En el caso de que García Ortiz opte por mantener la cita del 8 de junio, Viada ofrece una alternativa: que se abstenga de la decisión sobre el puesto al que aspira Delgado. Y ello, expone, porque los fiscales tienen un deber de imparcialidad que cree que el actual fiscal general no puede predicar en lo tocante a su predecesora por sus «relaciones personales y profesionales».

A este respecto, detalla que García Ortiz ascendió a la cúpula fiscal de la mano de Delgado, llegando a decir en su primer discurso como jefe del Ministerio Público que lo era gracias a la «generosidad» y a «honestidad» de la también ex ministra de Justicia.

«Me pregunto, desde el respeto a usted, y también a los cuatro aspirantes a la plaza que nos ocupa, si presenta una imagen de imparcialidad para resolver el asunto sin que el peso de las relaciones cruzadas que ha tenido con una de las candidatas pueda suponer una sospecha que contaminaría la decisión y lesionaría el derecho a una decisión imparcial de los demás candidatos«, apunta.

«Lesión» al ministerio fiscal

En este sentido, Viada recuerda que «el riesgo de tomar una resolución por un órgano que debiera haberse abstenido podría suponer, eventualmente, y ante un recurso, la invalidez del acto adoptado (…), pero, sobre todo, en mi opinión, una lesión a la credibilidad del Ministerio Fiscal y un agravio a los demás candidatos y al conjunto de la carrera fiscal».

Advierte además de que «parecidas circunstancias», aunque no con la misma «intensidad», se dan en la inspectora fiscal, María Antonia Sanz Gaite, porque también fue ascendida en su día por Delgado al tercer puesto de responsabilidad en la carrera fiscal.

«Por ello, someto a la consideración de usted examinar –en caso de optar por no suspender la celebración del Consejo Fiscal– si se dan en el presente caso las causas para que la imparcialidad objetiva de usted pueda verse afectada por dar una imagen objetiva de interés personal en la resolución de la plaza de fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y proceda, en su caso, a abstenerse en el presente expediente», plantea.

Ya en la máxima categoría

Fue el pasado 11 de mayo cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva oferta de plazas para la carrera fiscal, un total de 9, entre las que cabe resaltar dos de nueva creación, las de fiscales de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y contra Delitos de Odio y Discriminación.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática por la que se creó esa plaza, primero fue la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien asumió las funciones y, después, la propia Delgado, por orden de García Ortiz, al considerar que tiene un amplio conocimiento en la materia.

Cabe recordar que Delgado ascendió a la máxima categoría de la carrera fiscal el pasado septiembre, un par de meses después de que dimitiera como fiscal general alegando problemas de salud. Aunque ese octubre debía haberse incorporado a su plaza en la Audiencia Nacional, García Ortiz la promovió a fiscal de sala del Tribunal Supremo (TS), concretamente de la Sala de lo Militar.

En ese Pleno, celebrado el pasado 22 de septiembre, la mayoría del Consejo Fiscal se posicionó en contra de ascender a Delgado a fiscal de sala, ya que los 6 vocales de la Asociación de Fiscales (AF) votaron por otro candidato y solo 4 vocales -los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las vocales natas: la teniente fiscal del TS María Ángeles Sánchez Conde y la inspectora jefe María Antonia Sanz– lo hicieron por la ex fiscal general.

No obstante, el Consejo Fiscal es un órgano consultivo, por lo que en materia de nombramientos se pronuncia pero la decisión final compete al jefe del Ministerio Público que, en este caso, se decantó por Delgado.