El Juzgado 2 de Arona no tomará medidas cautelares por la presunta compra de votos
Ha tomado declaración a los tres representantes de Coalición Canaria, PP y Más por Arona que habían denunciado un supuesto caso de compra de votos del PSOE
La autoridad judicial al frente del Juzgado de guardia en Arona (el número 2) ha tomado declaración a los tres representantes de los partidos políticos (Coalición Canaria, Partido Popular y Más por Arona) que habían denunciado un supuesto caso de compra de votos del PSOE.
Tras escuchar sus testimonios y de consenso con la representación del Ministerio Fiscal, la autoridad judicial ha decidido que por ahora no va a tomar ninguna medida cautelar y tampoco considera que por el momento sea necesario recibir declaración a nadie en concepto de investigado.
El pasado viernes, el Juzgado de guardia en Arona incoó diligencias previas para esclarecer el supuesto caso de delito electoral denunciado el pasado jueves ante la Policía Nacional por representantes de Coalición Canaria, Partido Popular y Más por Arona y hoy sábado citó a los denunciantes para que prestasen declaración.
Denuncia de la oposición
CC, PP y Más por Arona presentaron la denuncia por una supuesta compra de votos en el municipio tinerfeño. Según informaron en una nota, los hechos denunciados parten de una conversación de un grupo de Whatsapp privado de actividades deportivas en el cual uno de los participantes es actualmente cargo de confianza del alcalde del PSOE, José Julián Mena.
Tal y como consta en la denuncia -respaldada por una captura de pantalla-, un interlocutor manda una fotografía con un sobre electoral donde se ve al candidato y las palabras José Julián Mena Alcalde acompañado de las siguientes palabras: «Manuel, el caballo y yo estamos contigo». Tras esta publicación, el actual asesor del alcalde responde textualmente: «No esperaba menos. Los 50 euros cuando votes».
Una vez que las candidatas de las tres formaciones políticas –Clara María Pérez (CC), Fátima Lemes (PP) y Dácil León (Más por Arona)- conocieron esta información, «que atenta contra los principales reglas democráticas», decidieron ponerlo en conocimiento de las autoridades pertinentes, quiénes serán las encargadas de esclarecer si se ha podido cometer un posible delito en esta forma de proceder.