La difícil tarea de remover a Delgado: Feijóo solo tendría dos opciones para tumbar «el dedazo»
Si el PP gana las elecciones y cambia el fiscal general, este podría abrir un proceso para sustituirla. La otra forma es modiicando la Ley de Memoria Democrática
Delgado en la toma de posesión de García Ortiz como fiscal general. | Eduardo Parra (Europa Press)
La elección de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática amenaza con convertirse en un serial. Su nombramiento ha soliviantado a la carrera fiscal, que denuncia trato de favor de su sucesor en la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz. Una victoria de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones del 23-J le apartaría del cargo y abriría la puerta a remover a la exministra. Otra vía sería reformar o derogar la Ley de Memoria Democrática, por la que se crea la plaza. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE advierten de que ambas fórmulas son «muy difíciles» y ven improbable el relevo.
El mandato del fiscal general tiene una duración de cuatro años. Cesa con el Gobierno que lo ha propuesto. García Ortiz fue nombrado en agosto en sustitución de Delgado, por lo que no alcanzará ese tiempo, especialmente si Feijóo se convierte en el próximo presidente del Gobierno. En ese caso, el dirigente popular tendrá que designar a un nuevo fiscal general, quien podría iniciar los trámites para remover (reemplazar) a la exministra como fiscal de Sala de Memoria Democrática.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal incluye el proceso para sustituir a fiscales nombrados (en el caso de Dolores Delgado aún tiene que hacerlo efectivo el Consejo de Ministros). El artículo 41 establece que distintas categorías de fiscales, entre las que se encuentra la equivalente a la que va a ocupar la exministra, son nombrados por un periodo de cinco años, aunque podrán ser removidos (nombre técnico de la sustitución) por el Gobierno «a propuesta del Fiscal General del Estado».
La situación de Delgado
«La Fiscalía tiene una estructura jerárquica, por lo que los nombramientos son perfectamente reversibles. Para eso debe darse una causa especialmente grave», reconoce a este periódico un destacado jurista. «Potencialmente, el nuevo fiscal general puede sustituir a Delgado. Estos cambios no son una práctica habitual, salvo que incumpla funciones de quien te ha nombrado o haya disconformidad», reconoce un fiscal con décadas en la profesión.
Para que eso suceda debe «incurrir en una infracción grave» o que exista una sentencia firme que lo inhabilite. «Se ha hecho alguna vez, pero en muy contadas ocasiones y cuando sucede se recuerda durante mucho tiempo», insiste. Explica que una de las pocas ocasiones en las que se ha activado la remoción fue en el caso de Martín Rodríguez Sol en 2013.
En ese momento, Rodríguez Sol ejercía como fiscal superior de Cataluña. El fiscal general Eduardo Torres-Dulce le abrió un expediente tras afirmar en una entrevista que veía legítimo que se consultara a los catalanes sobre su futuro político, aunque matizó que habría que avisar de que no existía un marco legal que permitiera un referéndum sobre la independencia.
Rodríguez Sol reconoció que era partidario de buscar una alternativa de preguntas que respetaran la legalidad. El fiscal general incoó un expediente de remoción para cesarlo al entender que un fiscal superior no podía opinar de un tema del que podía tener que investigar. El afectado explicó que no era partidario de la independencia y puso su cargo a disposición de Torres-Dulce, que no aceptó su dimisión.
La Ley de Memoria Democrática
«Es complicado que un nuevo gobierno, por muy mal que le parezca el nombramiento, articule esta fórmula», sostiene una destacada fiscal. Descarta que en caso de que el PP gobierne y designe a un nuevo fiscal general, este vaya a activar este procedimiento inusual. Explica que en 2006 el Gobierno reformó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para otorgar más garantías a los miembros de la carrera fiscal, lo que dificulta los relevos.
La otra opción que tendría un presumible gobierno del PP para moverle la silla a Delgado sería reformando o suprimiendo la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre. Feijóo ya ha adelantado que la derogará en caso de que llegue a la Moncloa el próximo 23-J. Se trata de la norma por la que se crea la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a la que llevaba meses aspirando la exministra.
Los expertos consultados por THE OBJECTIVE afirman que se trata de escenario factible, aunque arduo y complicado. Algunos reconocen que los anuncios de Feijóo sobre «derogar el sanchismo» tiene clave electoralista, pero descartan que emprenda modificaciones legales tan complicadas. Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, sostiene que si se modifica la Ley de Memoria Democrática, la plaza de Delgado dejaría de existir.
«Derogar una ley no es tan fácil. Suprimir una norma deja unos vacíos legales en el ordenamiento difíciles de paliar. Como formulación política tiene sentido, pero desde un puto de vista jurídico es una barbaridad», explica Baldomero Oliver, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. Otro importante constitucionalista que prefiere no revelar su identidad no ve inconvenientes: «Una ley orgánica se puede cambiar con otra ley orgánica».
Recursos al Supremo
La vía más efectiva para revertir el nombramiento de Delgado, concuerdan constitucionalistas y fiscales, es a través de un recurso ante el Tribunal Supremo. Pueden presentarlo los candidatos afectados por la decisión de García Ortiz o los miembros del Consejo Fiscal. Algunos vocales consideran que fueron privados de una potestad exclusiva del órgano consultivo, como sería determinar si la exministra incurría en conflicto de intereses al aceptar la plaza.
Este conflicto de intereses estaría motivado por la relación sentimental que mantiene Delgado con el exjuez Baltazar Garzón, que preside una fundación dedicada a combatir la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos, en cuyos actos ha participado más de una ocasión la exministra. De momento no se ha presentado ningún recurso ante el alto tribunal, pero las fuentes consultadas dan por hecho que llegarán. Tienen dos meses para interponerlos.
