El juez Pedraz se fue de fiesta con un alto cargo de México antes de liberar a un dirigente del PRI
Investigaba por blanqueo a Humberto Moreira, expresidente del partido mexicano en el gobierno, cuando participó en una comida con un funcionario de Peña Nieto
El juez Santiago Pedraz participó en una comida con el entonces director de la agencia tributaria mexicana, Guillermo Valls. | THE OBJECTIVE
Ocurrió el 10 de febrero de 2015 en Madrid. El juez Santiago Pedraz participó junto a Baltasar Garzón, Dolores Delgado y altos mandos de la Policía Nacional en una comida privada y de carácter no institucional organizada con motivo de la visita a España del funcionario mexicano Guillermo Valls, quien ejercía como alto cargo del Gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. En aquellas fechas, el magistrado de la Audiencia Nacional llevaba casi un año investigando por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal al político mexicano Humberto Moreira, expresidente del PRI, el partido que gobernaba el país latinoamericano en aquel momento.
Once meses después de aquella comida de ambiente festivo, y contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Pedraz pondría en libertad a Moreira tras ser detenido en Madrid y pasar siete días en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real. Una fotografía y el testimonio de uno de los participantes en aquel encuentro, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, corroboran por primera vez la existencia de aquella comida de tono festivo, que se acabó prolongando durante casi cuatro horas y en la que varios de los invitados terminarían brindando con tequila y cantando narco corridos.
Pedraz, que por aquellas fechas investigaba al expresidente del PRI Humberto Moreira por sus presuntos vínculos con el sanguinario cártel de Los Zetas, aparece en la instantánea junto a Baltasar Garzón, Dolores Delgado y Guillermo Valls, quien se desempeñaba entonces como Administrador General de Servicios al Contribuyente del SAT (el organismo mexicano equivalente a la Agencia Tributaria en España). Junto a ellos hay familiares, amigos, agentes de seguridad de un tercer país y al menos dos comisarios que formaban parte de la cúpula de la Policía Nacional: el máximo jefe en materia de Antiterrorismo, Enrique Barón, y el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo.
La reunión se produjo el mismo día en que Valls recibió una medalla al mérito policial concedida por el entonces director del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), el popular Ignacio Cosidó, como reconocimiento a la colaboración entre México y España en materia policial y antiterrorista. Las autoridades mexicanas habían detenido y aprobado recientemente la extradición de un etarra. Guillermo Valls había sido durante cinco años (2005-2010) el enlace de la Fiscalía mexicana en Europa, un cargo que desempeñaba desde la Embajada de México en Madrid, y fue la persona encargada de recibir la medalla policial porque guardaba muy buenas relaciones en la Audiencia y la Policía Nacional.
Pedraz, Moreira y la sombra de Garzón
La detención y posterior puesta en libertad del político mexicano Humberto Moreira, por el presunto blanqueo de 200.000 euros de origen ilícito en España y su supuesta pertenencia al sanguinario cártel de Los Zetas, tuvo lugar en enero de 2016. Causó mucho revuelo a ambos lados del Atlántico. Una polémica liberación sobre la que siempre planeó la sombra de Baltasar Garzón. El exjuez de la Audiencia Nacional fue uno de los juristas de cabecera del PRI durante el gobierno de Peña Nieto para temas relacionados con España, los Derechos Humanos y la lucha contra el crimen organizado. Además de tener fluidas relaciones con el partido del presidente mexicano, del que Moreira fue máximo responsable de marzo a diciembre de 2011, Garzón es amigo íntimo de Pedraz.
Este último, según admiten fuentes cercanas al juez, ya había participado en el año 2012 en al menos dos conferencias en México organizadas y patrocinadas por gobiernos regionales del PRI. El despacho de Garzón, según revelan fuentes del caso, se llegaría a personar ante la Audiencia Nacional para ejercer la defensa de Humberto Moreira el mismo día en que fue detenido en el aeropuerto de Barajas, el 15 de enero de 2016. Aquella tarde, Pedraz se encontraba fuera de la Audiencia Nacional por lo que el encargado de tomar declaración a Moreira y enviarle a prisión sería el juez José de la Mata, en funciones de guardia.
Los fiscales anticorrupción a cargo del caso, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas, mostraron su oposición a que el despacho de Garzón ejerciese la defensa de Moreira ante la Audiencia Nacional, precisamente por su amistad con el juez Pedraz. «Les parecía poco transparente», indican las mismas fuentes. El caso acabó siendo derivado al abogado Manuel Ollé por recomendación del propio despacho de Garzón. Fuentes de la Fiscalía llegaron a tachar entonces al letrado -conocido por su participación en causas de derechos humanos, memoria democrática y justicia universal- como «la marca blanca de Garzón». Siete días después de la detención de Moreira, el 22 de enero de 2016, el expresidente del PRI compareció de nuevo ante el juez Pedraz y este le puso en libertad de forma inmediata.
El magistrado alegó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público eran insuficientes para sustentar los indicios de delito señalados en una investigación que se inició a raíz del testimonio aportado por testigos protegidos a la Fiscalía de Estados Unidos, que había alertado en 2013 del presunto interés de Moreira y otras personas supuestamente vinculadas a Los Zetas por instalarse en España. Unos días después de poner en libertad al expresidente del PRI, Pedraz le devolvió el pasaporte, archivó provisionalmente la causa y Moreira no volvió a España nunca más, según fuentes del Ministerio Público.
Pedraz y la comida con Valls
Según informan fuentes del caso Moreira, el juez Pedraz nunca puso en conocimiento de la Fiscalía que hubiese participado en 2012 en conferencias organizadas por el PRI en México y tampoco que hubiese estado presente en una comida con un alto cargo de Peña Nieto en Madrid mientras instruía la investigación contra Humberto Moreira. También admiten que el magistrado no estaría legalmente obligado a ello. Fuentes cercanas a Pedraz consultadas por este diario dicen que el magistrado no tiene relación alguna con Guillermo Valls y que, «si participó en alguna comida en la que estuvo presente ese señor», no habría sido consciente de que entonces ocupaba un alto cargo en el Gobierno de México.
Desde el entorno del magistrado añaden que, en todo caso, el magistrado habría acudido por invitación de algún amigo y por tratarse de una comida de ambiente informal, no institucional. Subrayan las mismas fuentes que ni en esa ni en ninguna otra ocasión habría hablado jamás con ningún funcionario de México sobre la investigación contra Moreira, que se encontraba entonces bajo secreto de sumario. Las mismas fuentes cercanas al magistrado admiten que la investigación sobre el presunto blanqueo de dinero del expresidente del PRI en España se inició en marzo de 2014 a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, once meses antes de que se produjese la comida con el alto cargo de Peña Nieto.
Las mismas fuentes aseguran que, en cualquier caso, las relaciones de Baltasar Garzón con México y la amistad de Pedraz con el abogado al que quiso contratar el expresidente del PRI al ser detenido, no supondrían alguna causa de abstención en el caso Moreira para el magistrado. Subrayan que Pedraz nunca ha tenido vínculo alguno con el PRI ni con personas del gobierno de Peña Nieto. Su participación en dos conferencias en México, añaden, fueron organizadas por dos gobiernos regionales de ese país y la comida de febrero de 2015 con Guillermo Valls -de la que dicen que el juez no guarda recuerdo- se trataría solo de un acto de carácter social y privado en el que de ninguna manera se habría hablado de una investigación judicial en curso.
El amigo mexicano de Garzón en el PRI
No existe ninguna evidencia de que Guillermo Valls intercediera en el caso Moreira, a pesar de su meteórico ascenso durante la administración de Peña Nieto. Pero sí de que distintas autoridades mexicanas llamaron fiscales españoles el día que se detuvo a Moreira para solicitar información sobre el caso. Entre otros funcionarios mexicanos, según fuentes del caso, la sucesora de Valls en la Embajada mexicana llamó a una fiscal de Sala de la Audiencia Nacional para pedirle información. Esa representante del Ministerio Público, que ahora encabeza la fiscalía antidroga, habría intercedido para pedir explicaciones en Anticorrupción, según añaden las mismas fuentes.
En mayo de 2016, pocas semanas después de que Pedraz dejase en libertad a Moreira y archivase provisionalmente el caso, el propio presidente mexicano designaría a dedo a Guillermo Valls para un puesto de magistrado en la judicatura mexicana. En la actualidad, Valls ocupa la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), una de las principales instancias judiciales de ese país. Durante cinco años (2005-2010) había sido el enlace de la Fiscalía mexicana en Europa, un cargo que desempeñaba desde la Embajada de México en Madrid.
«Valls se movió muy bien entre pasillos y forjó una excelente relación profesional e incluso de amistad con una parte importante de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, sobre todo con Baltasar Garzón y Fernando Andreu», señalan fuentes mexicanas a este diario. «A diferencia de sus sucesores en la Embajada, como luego demostraría el caso Moreira, como enlace de la Fiscalía mexicana en España hizo un gran trabajo también en círculos policiales y siempre supo qué teléfonos debía levantar para estar informado de aquello que pudiera ser de interés para el Gobierno de México», añaden las mismas fuentes.
En una conversación grabada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo el 11 de febrero de 2015, según avanzó Libertad Digital, el propio Baltasar Garzón reconocía que había sido invitado por le Embajada de México para el acto en el que se hizo entrega de la medalla policial a Guillermo Valls. Sin embargo, horas después recibió una llamada del comisario Enrique Barón y de un empleado de la legación diplomática informándole de que el director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, habría prohibido la entrada de Garzón al acto por cuestiones de protocolo. «Iba a resultar incómodo, había sido inhabilitado como juez, y por eso se le vetó la asistencia», indican a este diario fuentes cercanas a Cosidó.
El veto a Garzón de Cosidó
En el mismo audio, Garzón informa a Villarejo de que le había encargado al comisario Enrique García Castaño investigar la verdadera razón por la que no podía acudir al citado acto. Finalmente, según el mismo audio, Fernando Andreu y otros jueces y fiscales de la Audiencia Nacional declinaron participar en la ceremonia policial como protesta por el veto a Garzón. En vez de asistir al acto de la imposición de la medalla a Guillermo Valls, como acredita la fotografía desvelada por este diario y confirman fuentes presentes en la reunión, se organizaría una comida con el alto cargo mexicano en la que además de Garzón, estuvieron Pedraz, la entonces fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado y los propios comisarios Barón y García Castaño.
En plena vorágine tras la detención de Moreira en España, el diario mexicano El Universal publicó una fotografía de 2012 en la que Garzón aparecía sentado en la mesa de un restaurante junto con el entonces presidente del PRI. Participaba en el foro Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad, organizado por la Cámara de Diputados de México. En aquel viaje, según añadiría la revista Proceso, el abogado y exjuez español llegaría a reunirse días después con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI «para aportar sus opiniones en materia de derechos humanos y lucha contra el crimen organizado que fueron recogidas» en el programa electoral de Peña Nieto en las elecciones de 2012.
Además, entre la detención y la liberación de Humberto Moreira en España, el diario Reforma publicó un artículo en el que se mostraban fotos de la sede de las dos empresas mexicanas desde las que Moreira recibió transferencias en cuentas bancarias españolas por importe de casi 200.000 euros entre 2013 y 2014, mientras cursaba un máster en Barcelona. Las fotografías publicadas en esa noticia acreditaban que el edificio donde ambas sociedades tenían su domicilio fiscal carecía de actividad real.
La información sugería que podría tratarse de empresas fantasma. Presuntos vehículos ficticios para el supuesto delito de blanqueo que investigaba Anticorrupción. Sin embargo, el juez Pedraz se negó a investigar a dichas sociedades y dejó en libertad a Moreira.
Este diario se ha puesto en contacto con Ilocad, el despacho de abogados que dirige Baltasar Garzón, para recabar su versión sobre sus relaciones con el PRI mexicano, su participación en la sombra en el caso Moreira y para conocer detalles adicionales sobre la comida organizada en homenaje a Guilllermo Valls a la que el juez Pedraz habría acudido por invitación de Garzón. Desde Ilocad han contestado este lunes que, por cuestiones de tiempo, aún no se ha tenido la oportunidad de contestar a la batería de preguntas enviada por este diario el pasado viernes y aseguran que darán respuesta en las próximas horas.
